A días de vencerse el plazo para prorrogar la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), la vocera del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, confirmó que en los próximos días el presidente Alberto Fernández, extenderá la normativa a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

El vencimiento de la normativa sería el próximo 23 de noviembre si no llegara a tratarse en la Cámara de Diputades, lo cual pareciera inminente. De esta manera caería el único respaldo jurídico nacional ante los desalojos hacia los Pueblos-Nación indígenas y más de 2.000 (dos mil) comunidades. Por eso la urgencia de la prórroga (muy sobre la hora).

Desde 2006 hasta ahora, los relevamientos propuestos por la ley a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no sólo no se han realizado por completo, sino que cada vez han surgido más comunidades que reivindican su identidad como Pueblos Originarios. Por este motivo, entre otros como la falta de presupuestos asignados y la resistencias del Poder Judicial, esta sería la cuarta vez que se extiende la normativa (2009, 2013 y 2017).

Hasta ahora sólo se han relevado 745 propiedades comunitarias, pero faltan otras 1.000 (mil).

Asimismo, esta normativa no otorga derechos, sino que reconoce los ya existentes de las comunidades pre-existentes a la conformación del Estado argentino, basándose en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.

Los Pueblos Indígenas, organizados y en alerta

A pesar del anuncio de Cerrutti, afuera del Congreso Nacional continúa el acampe iniciado por Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste argentino (OPINOA) que agrupa aproximadamente 100 comunidades indígenas, al que se sumaron representantes de todo el país. Son kollas, mapuches, huarpes, mbya guaranís, tonokote llutki, guaranís, tolombón nación diaguita, diaguitas calchaquí, tehuelches, qom, wichís y pilagás, sosteniéndose en conjunto.

Desde el acampe, sostenido hace ya dos semanas, Walter Barraza, vocero del Consejo de la Nación Tonokoté Llutqui que reúne 35 comunidades en Santiago del Estero, conversó con Enfant Terrible y compartió distintas lecturas sobre el anuncio, sus demandas y el lugar que ocupan en la agenda del Gobierno Nacional.

Según cuenta Walter, el anuncio de Cerrutti implica que “el Gobierno Nacional está mostrando una debilidad política hacia los poderes que vienen por los bienes naturales, la madera, el litio, el avance del alambre, la frontera de la soja y la ganadería” expresa. “Sale con un DNU cuando ya se aprobó en Senadores, lo cual produce mucha inseguridad en nuestros territorios, porque muestra falta de voluntad política del Poder Ejecutivo de votar la ley en Diputados”.

En relación a la demora de los tiempos parlamentarios para tratar la emergencia territorial, según Walter: “Confirma que los Pueblos Indígenas en defensa de los territorios no estamos en la agenda de este Gobierno, que se dice popular. El hecho de que no tiene tiempos legislativos para tratar esta normativa es porque arrancaron tarde, si hubieran empezado con más tiempo sería distinto”.

Para asegurarse que se cumpla con la prórroga, desde OPINOA han decidido quedarse hasta que se haga efectiva: “Ya hemos transmitido al Poder Ejecutivo que queremos que se vote mañana, que den dictamen y pongan fecha antes del 23 para que se vote. Ahora está reunida la Comisión de Presupuesto que encabeza Carlos Heller del oficialismo (Partido Solidario y presidente del Banco Credicoop)”.

“Lo del DNU todavía no aparece en ningún Boletín Oficial y entendemos que es un mensaje para debilitar nuestro reclamo legítimo y pacífico”.

La decisión de acampar también conlleva la demanda para que el Estado nacional también apruebe una Ley de Propiedad Comunitaria, ya que no hay garantías de seguridad frente a las tantas problemáticas que están diezmando a los Pueblos Indígenas de Argentina. En esta línea, Walter comenta que el Estado argentino se encuentra en deuda: “La reforma de la Constitución del año 94', lo que hace es mencionar que somos pre-existentes y por ende somos dueños del territorio que habitamos. Pero el tema es que el Estado tiene 27 años de deuda, porque ya la tendrían que haber votado en el 95'. Nosotros en 2019 hemos presentado nuestro propio anteproyecto en la Cámara de Diputados , firmado por Victoria Donda y Silvia Horne, diputadas por Río Negro”.

“Entendemos que hay unas 700 comunidades y entre 7 y 8 millones de hectáreas listas para recibir el título de propiedad comunitaria. Pero volvemos a lo mismo, no hay voluntad política con los territorios y la defensa de los bienes naturales, que le pertenecen a la humanidad, no solamente a nosotros, ¿no?”.