El pasado miércoles la senadora por la provincia de Salta, Nora del Valle Gimémez (FDT) obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, para un proyecto de ley donde propone prorrogar la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena hasta el 2025.

Los debates acerca de esta prórroga comenzaban a hacer cada vez más ruido, ya que la fecha de vencimiento era el próximo 23 de noviembre de este año. Con esta sería la cuarta vez prorrogada desde que fue sancionada en 2006 (2009, 2013 y 2017).

Reconocimiento territorial indígena

Al declarar la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país, el objetivo de la 26.160 es impedir que sean desalojadas, suspendiendo la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tengan ese objetivo.

Desde 2007 y con la creación del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tiene a su cargo realizar relevamientos sobre estos territorios, en conjunto con las comunidades, para acreditar la posesión de manera actual, tradicional y pública sobre los mismos.

De esta manera, Argentina no sólo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, sino también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que habitan.

¿Qué pasó desde 2006 hasta ahora?

El INAI reveló que hasta ahora sólo hay relevadas 742 de las 950 comunidades identificadas en aquel entonces. Además se han agregado más números, producto del desmembramiento de grupos existentes, que ampliaron a más de 1.700 el número de comunidades a relevar (1.013 de ellas sin relevar).

Por su parte, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen realizó un informe especial en septiembre de este año, donde expresa que "solo se han relevado 42% de las Comunidades que habitan en el país". Es decir que "en quince años desde la sanción de la ley 26160, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le falta completar el 58% de los relevamientos de los territorios" según el mismo informe.

Asimismo, este Equipo hace responsable al estado por las "serias observaciones en cuanto al rendimiento de fondos y al trabajo realizado en campo". La lentitud de los relevamientos, así como la falta de financiamiento, son "pruebas del incumplimiento estatal por falta de voluntad política de reconocer la posesión de los territorios a las Comunidades Indígenas en el país". En este sentido, también denuncian que existe resistencia por parte del Poder Judicial para hacer efectiva la implementación de la normativa.

El ejemplo de Lof Quemquemtreu

El ejemplo más reciente de esta falta de implementación es Cuesta del Ternero, Provincia de Río Negro, donde tanto la Fiscal Jefe de Bariloche Betiana Cendón, el Juez Ricardo Calcagno y la Gobernadora Arabella Carreras, llevan a cabo una violenta persecución para desalojar a la comunidad mapuche del Lof Quemquemtreu.

La falta de reconocimiento del Estado impulsa a las comunidades mapuche de La Patagonia a luchar por el "territorio recuperado", donde toman posesión de los mismos de manera autodeterminada. A estas acciones, los medios hegemónicos funcionales a los intereses económicos -en este caso forestales de Rolando Rocco-, buscan criminalizarlas llamándoles "toma de tierras".

Debido a la creciente criminalización y la negligencia de funcionarios, hombres, mujeres e infancias son perseguidas por policía la montada rionegrina, que dispara balas de goma y plomo en Cuesta del Terno. Mientras tanto, por orden del Juez Calcagno se les niega el ingreso de alimentos y abrigos.