Mientras se habla de la amenaza de veto a la ley aprobada la semana pasada por el Senado de la Nación, que plantea la recomposición de los haberes jubilatorios, la Defensoría del Pueblo de la 3° Edad difundió que más de 5 millones de jubilados y pensionados se encuentran bajo la línea de la pobreza.

Los datos de la Defensoría difundidos por Eugenio Semino se basan en los ingresos mínimos percibidos hoy por la tercera edad, que en agosto de 2024 fue de $225.497,54 y con el bono de $70.000 se elevaría a $295.000, mientras que la canasta básica para un jubilado ronda los $800.000 mensuales.

A esta cifra se suman 500.000 personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, y un millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo $220.000 mensuales, lo que agrava aún más su situación, ya que, incorporando estos datos a las estimaciones, serían cerca de 5 millones y medio de personas que cobran por debajo de la mínima.

Respecto de la ley aprobada, Semino dijo que se habla de “una recomposición que nada recompone”.

En diálogo con Radio Eco Medios, Semino explicó que “durante los 7 meses que el Congreso discutió el proyecto, el haber del jubilado se siguió licuando, porque el haber se reajusta por IPC (Índice de Precio Consumidor). Las seis millones de personas, entre jubilaciones y pensiones mínimas y las no contributivas (personas con discapacidad) cobran el haber con un pago en negro, que las distintas administraciones no integraron a la jubilación y ha sido discrecional, lo que llaman 'bono'. En Agosto se aplicó el 4,6 del IPC, pero el bono sigue siendo los mismo 70mil pesos que hace seis meses atrás”.

Según la Defensoría, la licuación de los haberes perjudica sobre todo a la alimentación y la salud de los adultos mayores, ya que entre el 80% y el 90% de esta población son hipertensos o tienen problemas de colesterol, y la insuficiencia de sus jubilaciones les impide acceder a alimentos adecuados para mantener su salud. A su vez, acceder a medicamentos comprándolos, repercute también en poder pagar servicios básicos como el gas y la electricidad.

¿Qué sucedería en caso de veto?

Desde la media sanción en Diputados, Javier Milei amenazó con vetar la normativa de recomposición si se aprobaba en Senadores, ya que supuestamente implica un gasto que no se puede afrontar. Luego de la votación del jueves pasado, través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el gobierno de la Libertad Avanza insistió con el veto ya que el proyecto “tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno”.

Si bien aún no se hizo efectivo, el veto por parte del presidente implicaría que el proyecto vuelva a la Cámara de origen en el Congreso, es decir Diputados. Allí los legisladores deberían reunir dos tercios del total para que el veto no se haga efectivo, situación que sería posible en este caso, teniendo en cuenta que en ambas cámaras el proyecto fue aprobado con una mayoría importante: 160 afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones en Diputados; 61 a favor, 8 en contra y 4 abstenciones en Senadores.

Sin embargo, esta correlación de votos podría modificarse teniendo en cuenta que los legisladores del PRO acompañaron la sanción en el Senado y luego Mauricio Macri hizo público su apoyo al veto. “Comprometer el superávit fiscal no es una opción. Por lo tanto, consideramos que el presidente debe vetar la ley aprobada”, dijo el ex presidente a través de su cuenta de X.

La contradicción entre la postura de Macri y los votos del PRO en el Senado dejaron a la vista la interna con Patricia Bullrich, quien salió al cruce del primero: “Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar”, dijo al cruce Bullrich.

Foto de portada: archivo Enfant Terrible