Por Julia Pascolini para Enfant Terrible

Hace una semana Match Group, la empresa matriz de Tinder, anunció que para "mejorar la seguridad" de sus usuaries implementará la opción de acceder a los antecedentes penales de las personas con las cuales "matcheen". En los próximos meses la verificación de antecedentes se extendería a otras plataformas de citas pertenecientes a Match Group como OkCupid, PlentyOfFish, Hinge y Azar.

Para llevar adelante este plan de seguridad, Tinder inició una inversión millonaria en Garbo, una empresa de verificación online de Antecedentes Penales en Estados Unidos. El planteo de la app desarrollada por Tinder y Garbo, que permitirá descargar perfiles de matches por 2,50 dólares es que "actualmente conectamos con más extraños que nunca y sin embargo sabemos muy poco sobre quienes son". Así las dos empresas privadas se arrogan la preservación de la integridad física y psicológica de sus usuaries.

A pesar de que muchos estados de EEUU prohíben a empleadores exigir antecedentes penales a trabajadores de todos los rubros, Tinder se suma a la reivindicación de perspectivas punitivas y salidas punibles ante cualquier eventual conflicto, sospecha o prejuicio.

Esto, que lejos de ser una contradicción es una característica de la sociedad contemporánea, implica debates interminables en los ámbitos judiciales pero también sociales y culturales acerca del acceso a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, ex privadas, procesadas y condenadas. 

¿Qué hay detrás de exponer los antecedentes penales?

El pedido de antecedentes penales implica un acto de criminalización de las personas que estuvieron privadas de su libertad o de aquellas involucradas en situaciones delictivas. El prontuario brindado como un servicio por una empresa privada redobla la condena, porque quien habiendo cumplido una condena o encontrándose pronto a hacerlo se ve envuelto en una situación que lo expone a una segunda: la condena social.

En el caso, por ejemplo, de querer ingresar al Estado como trabajador esta estigmatización se convierte en requisito sine qua non. En nombre de la seguridad, los empleadores, empresarios, el Estado y la sociedad, valoran las habilidades o herramientas con las cuales cuenta esa persona a partir de su historial delictivo. Esto resulta, indefectiblemente, en la incapacidad por parte de las personas privadas de la libertad para ingresar al mercado laboral formal e inclusive para moverse libremente en ciertos círculos sociales. Aquí entra la siguiente incógnita:

¿Por qué Tinder quiere pedir antecedentes? ¿Es solo en nombre de la seguridad?

El punitivismo se disfraza de muchas formas. También de violencia de género, aunque incomode. Las prácticas punitivas son parte de un sistema social que condena y esencializa a las personas según sus prácticas. Asumir que Tinder puede, de pronto, tener acceso a los antecedentes penales de sus usuaries implica por un lado, la publicación sin filtro de información privada e individual. La persona privada de la libertad no tiene por qué exponer, luego de su liberación, su pasado vinculado al delito.

Por otro lado, la privación del acceso a vínculos sexoafectivos para cierto sector de la sociedad. Esto guarda una estrecha vinculación con otra cuestión nodal para la criminalización punitiva: la censura del amor a los pobres, así como la censura del deseo. ¿Por qué? Porque las personas que ingresan al sistema punitivo son las de menores recursos y porque para algunos sectores de la sociedad, una persona en situación de pobreza que accede al deseo puede convertirse en una amenaza.

El acceso al amor es un derecho para unos pocos. Para aquellos que lo merecen por sus condiciones sociales e históricas. Sin embargo, aplicaciones como Tinder abrían la posibilidad de concretar encuentros y citas a cualquier persona, hasta ahora. Más allá todas las críticas válidas que pueden hacerse a aplicaciones como ésta, se trataba de un espacio que democratizaba la práctica del deseo y que hoy la restringe completamente.

Existe un reclamo legítimo vehiculizado por la fundadora de Garbo, Kathryn Kosmides y que motiva la iniciativa: "hay abusadores en Tinder que usan las apps de citas". Esta afirmación es cierta, sin embargo también es cierto que las usan quienes habiendo cometido abusos nunca fueron denunciados, ya sea porque la piba no pudo, no quiso o no se animó. Quizás incluso habiendo denuncia, el dispositivo cercano del violento lo salvó de ingresar al sistema punitivo, lo que lo dejaría fuera del radar castigador de las apps del amor virtual.

Amar, también debería ser un derecho para todes, sin importar los antecedentes penales. Desear lo contrario es un acto de estigmatización, criminalización y esencialización de la persona que cometió delitos.

En materia de seguridad, en Argentina se llevan adelante constantemente medidas preventivas. Muchas, la mayoría vinculadas al delito, al robo. Sin embargo, la noción de seguridad excede, o debería exceder lo delictivo. Lo seguro, en cambio, debería ser que el Estado garantice desde la escuela el derecho al juego, a la educación a la ESI. Un Estado que no deje fuera a nadie del sistema judicial o económico. El saber es poder, por eso es más fácil reprimir y castigar que apostar a la educación y el deseo para todes.