La Justicia porteña falló a favor de lxs trabajadorxs de las empresas de envíos Rappi, Glovo y Pedidos Ya, ordenando su prohibición al gobierno oficialista de Horacio Rodríguez Larreta hasta la adecuación a las regulaciones vigentes.

El fallo del juez Andrés Gallardo prohíbe la actividad de las plataformas de envío y reparto de alimentos hasta que las empresas no garanticen condiciones de seguridad de lxs trabajadorxs estipuladas por el Código de Transporte.

Entre ellas, se encuentran las prácticas de llevar la caja de delivery en la espalda -cuando debería estar fijado al método de transporte, sea moto o bicicleta-, el hecho de que lxs transportistas no poseen seguro y la falta de uso de casco.

En ese sentido, para el juez Gallardo son las empresas quienes deben asegurar la tenencia de cascos, luces y bandas refractarias, la correcta fijación de la caja portaobjetos, como así también la circulación con seguro de vida y accidentes.

Lo resuelto por el juez del juzgado Nº2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario debe ser ejecutado a través del Ministerio de Transporte o el Ministerio de Trabajo, a cargo del Gobierno de la Ciudad. A su vez, el juez solicita la intervención del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para la ejecución de un plan de contingencia económica y social para compensar la reducción del ingreso mientras dure la prohibición del servicio.

La decisión judicial se basa en un relevamiento llevado a cabo por la Policía de la Ciudad sobre un total de 691 motos y bicicletas que prestaban servicios para Rappi, Glovo y Pedidos Ya. Del total de bicicletas (417), el 67% circulaba sin casco, el 77% lo hacía con caja de delivery sobre la espalda y el 70% no contaba con seguro. Por otro lado, si bien lxs repartidorxs en moto llevaban en su mayoría cascos, prácticamente la mitad cargaba la caja sobre los hombros y no poseía seguro de vida y de accidentes.

Ante la precarización: organización

La Asociación de Personal de Plataformas (APP), el nuevo sindicato formado para la defensa de los derechos laborales de lxs trabajadorxs de este nuevo formato de empresas, plantean que es importante que el fallo se descargue sobre las empresas y no sobre lxs trabajadorxs, sobre quienes justamente recaen las multas.

El fallo, a su vez, no contempla algo esencial: la obligación de las empresas de registrar a lxs trabajadorxs, para que así sean las empresas quienes se hagan cargo de los costos del seguro y de todas las regulaciones sobre seguridad vial y transporte de alimentos. Ese importante detalle es lo que habilita a las empresas a que, en el caso de lxs trabajadorxs en bicicletas, obliguen a contratar un seguro de responsabilidad civil y no un seguro de riesgos contra terceros y ART.

Considerando que hace dos semanas la Justicia había ordenado a Rappi reincorporar un grupo de trabajadorxs "bloqueadxs" luego de denunciar la precariedad de la situación laboral y que dicha resolución no fue acatada todavía por Rappi, desde el gremio APP sostienen que no hay mucho optimismo respecto al cumplimiento del fallo.

¿Trabajadores 4.0 o precarización 4.0?

Hoy por hoy, nos encontramos ante un nuevo formato de desarrollo para las empresas, que implica una cierta incapacidad operativa ante los marcos legales y judiciales que tenemos actualmente. Un caso paradigmático sigue siendo Uber, que a pesar de tener varios fallos en su contra, sigue operando de todas maneras.

No sólo lxs trabajadorxs pasan a ser objetos del punitivismo, al ser la diana a donde apuntan todas las multas, sino que quedan relegadxs a un sistema legislativo y judicial sobrepasado por la virtualidad de un sector empresarial que no para de crecer: el gremio APP habla de más de 100 mil trabajadorxs a nivel nacional, con más de 20 mil solamente en CABA. Sumado a lo anterior, queda supeditado a la voluntad del Gobierno de la Ciudad comandado por el funcionario del PRO Horacio Rodríguez Larreta.

Hoy estamos frente a un nuevo paradigma de las relaciones laborales, donde la virtualidad podría llegar a funcionar como una instancia que operaría por encima de las capacidades del Estado, aunque fertilizada por la precarización como política estatal.

Hoy se está hablando de la 4ª revolución industrial, con lxs trabajadorxs 4.0 como actor principal y con la computarización como modo de producción paradigmático. El dinamismo tecnológico es central, pero esto parece estar traduciéndose en ciertos ámbitos como un dinamismo precarizante.

En estos casos, no podríamos hablar de trabajadorxs 4.0 -más allá de que posean las características para serlo-, sino de relaciones de producción que en esta nueva revolución industrial encuentra modos específicos de precarización. Por más centralidad que tenga el término 'trabajadorxs', de algún modo esto invisibiliza otras cosas: se termina operando más sobre las características de dichos trabajadorxs que sobre las particularidades de esta nueva conformación en las relaciones de producción. Tal vez sea pertinente, antes de ensalzar estxs trabajadorxs 4.0, comenzar a pensar cómo se puede manifestar la precarización 4.0.