Por Marcelo Musante* para Enfant Terrible

Hay preguntas que sobrevuelan sin respuestas. Preguntas casi ingenuas. Preguntas dolorosas.¿Cuántas veces fueron asesinadas tantas personas juntas en un momento determinado en Argentina? ¿Por qué una masacre de este tipo no es de conocimiento masivo? ¿Por qué debieron pasar tantos años para su juzgamiento? ¿Por qué el Estado Mayor del Ejército como responsable de la Gendarmería de Línea que reprimió nunca pidió disculpas?

Pero también, en el marco de un proceso judicial que ya lleva la mitad de su tiempo transcurrido nos es válido preguntar ¿qué esperar en un juicio donde el Estado está respondiendo por sus acciones y omisiones? 

Son conocidas las situaciones de exclusión, negación e invisibilización a las que son sometidas las comunidades indígenas de Chaco y Argentina en general, lo que resulte de este juicio debería implicar un debate sobre este presente, que justamente, se explica desde ese pasado.

El Juicio por la Verdad 

El 19 de abril se inició en Resistencia el Juicio por la Verdad por la masacre de Napalpí. Ya en esa primera audiencia apareció el porqué de su importancia. Se pudieron ver las entrevistas a dos de sus sobrevivientes: Pedro Valquinta, moqoit, y Rosa Grilo, qom. Los moqoit y los qom fueron los dos pueblos indígenas víctimas de la masacre. 

Los pudimos escuchar con sus palabras en sus propias lenguas y transitando el relato despacio. Contando de los disparos y de sus corridas a esconderse en el monte. También del recuerdo de un avión y de la policía montada. Pedro falleció hace unos años, Rosa aún vive. Sus testimonios se pudieron ver en la primera audiencia. Sobrevivientes y familiares declarando ante una jueza federal de la Nación y cuyas historias quedarán grabadas. Grabadas para siempre. Para que nadie pueda decir que no sabía lo que pasó.

Después llegó el testimonio del fallecido Juan Chico, historiador qom, grabado en una entrevista que aborda la masacre desde muchos lugares. Así era Juan de complejo y lúcido. Quizás la persona más importante para que este juicio pueda estar ocurriendo.

Juan ya no está con nosotros. O en realidad sí. Ahí está hablando de ese refugio de la historia, explica él, que es la memoria de ancianos y ancianas. De la importancia de esa historia oral para romper con el terror y el silencio

Y este Juicio por la Verdad encuentra su mayor sentido en escuchar las voces indígenas. El carácter oral y público de las audiencias en Chaco y Buenos Aires brindan la posibilidad de escuchar directamente los testimonios de sobrevivientes y familiares. Así como tenemos las imágenes de las víctimas de la última dictadura militar declarando en el Juicio a las Juntas acá nos quedarán las de Melitona Enrique, Rosa Chará y Felipa Laleqorí, entre otras, hablando de la masacre. 

La Masacre

Al amanecer del sábado 19 de julio de 1924, centenares de personas qom y moqoit se encuentran reunidas en una zona de la reducción de Napalpí para reclamar por las condiciones de vida a las que eran sometidas.

Desde hacía unos días los líderes indígenas de la protesta se encontraban en diálogo con las autoridades estatales para resolver el conflicto

No sabían que el Regimiento de Gendarmería de Línea y la Policía Montada estaban esperando en los alrededores listos para iniciar la represión. Tampoco que un avión, el Chaco II, había despegado del aeroclub de Resistencia con rumbo a la reducción.

Mucho menos podían leer los diarios de la zona y de Buenos Aires que titulaban sobre supuestos riesgos de malón y publicaban cartas de lectores, entre ellas de la Sociedad Rural del Chaco, en el que solicitaban abiertamente la represión.

El lugar elegido por las familias indígenas para la protesta era un gran descampado en medio del monte. La represión, cuentan todas las personas sobrevivientes, fue voraz.

La matanza continuó los días siguientes con las fuerzas policiales persiguiendo a la gente por los montes cercanos. Los relatos de las personas sobrevivientes son el espanto y la crueldad. Asesinatos de niños/as y ancianos/as, y cuerpos quemados en fosas comunes

Luego la historia fue clausurada. Durante mucho tiempo, la Masacre de Napalpí fue encerrada al olvido. Un parte policial de ese mismo año clausuró la investigación afirmando que “sólo habían muerto 4 indígenas en el enfrentamiento”. De nada sirvió el debate abierto en la cámara de diputados y el pedido de una comisión investigadora. Los diarios, con excepción del Heraldo del Norte, no volvieron a publicar nada hasta muchas décadas después.

¿Por qué pasó?

La diversidad de testimonios que forman parte de este proceso judicial permitirá analizar en su complejidad el motivo de la masacre: en que no fue una acción represiva intempestiva, sino que fue una respuesta planificada a través del uso de la fuerza policial y militar para someter a los grupos indígenas que ocupaban el espacio público de la reducción. El motivo de la represión debe asociarse al carácter étnico de las víctimas. Las personas reprimidas fueron indígenas. Por eso ocurrió y por eso pudo ser ocultada y negada tanto tiempo.

También el componente disciplinador que implicó para el resto de las comunidades indígenas de la región: Fue una demostración de cuál sería la respuesta del Estado ante las demandas indígenas. La instalación del terror no sólo en las personas sobrevivientes sino también en las generaciones venideras.

Los testimonios sobre otras matanzas masivas de personas ocurridas en el siglo XX como en el caso de La Bomba en Formosa en 1947 contra el pueblo pilagá y en 1933 en El Zapallar, Chaco, sobre familias moqoit, deben permitir comprender la masacre de Napalpí en el marco de un proceso de genocidio del Estado argentino sobre los pueblos indígenas que se inscribe desde las campañas militares del siglo XIX cuando comenzó el avance sobre los cuerpos y los territorios. 

Las Responsabilidades

El tiempo pasado desde que ocurrió hace que ya no haya victimarios vivos, por ese motivo no puede hacerse un juicio penal tradicional. Sin embargo, será una posibilidad para conocer las responsabilidades individuales e institucionales sobre la masacre: desde el Presidente Marcelo T de Alvear hasta los medios de comunicación, desde el gobernador territoriano Fernando Centeno hasta empresas privadas y fuerzas de seguridad que participaron. 

El proceso de investigación se inició en 2014, a través del fiscal Diego Vigay, como parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia y culminó en un pedido de Juicio por la Verdad que fue aceptado en 2021 por la jueza federal Zunilda Niremperger, que consideró las normas de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. En ese proceso se suman una gran variedad de materiales relevados por diversos investigadores e investigadores en archivos estatales, fotográficos, periodísticos, entre otros, que también dan cuenta de la masacre. Estos trabajos de investigación podrán ser también una oportunidad para ver cómo los testimonios orales se complementan con los documentos históricos. Cómo los relatos se van tejiendo y tensando con los archivos. Y cómo se van alumbrando silencios de la historia oficial.

Las deudas del presente

La sentencia final, que será el 19 de mayo, no debe ser un momento de clausura ni cierre. Si el juicio es importante en términos de Memoria, Verdad y Justicia debe ser también un momento para reflexionar sobre la relación Estado-Pueblos indígenas y las enormes deudas del presente. Debe ser vinculante para redefinir relaciones sociales de exclusión y respuestas estatales concretas en las comunidades y en los territorios. En las vidas cotidianas. Los estados provincial y nacional que se presentan como querellantes deberán preguntarse qué hacer y fundamentalmente deberán incluir el con quién.

Si bien el Juicio por la Verdad no tiene la facultad del resarcimiento material, el reconocimiento de lo ocurrió en aquel momento debe permitir avanzar sobre las deudas del presente. Muchas de las condiciones materiales de existencia encuentran similitudes entre 1924 y 2022. La precariedad en la titularización de las tierras, la negación a la propiedad comunitaria, las violencias cotidianas y la necesidad urgente de incorporar referentes indígenas en cargos decisorios. Las políticas educativas, sanitarias, económicas, ambientales, de desarrollo, comunicacionales, etc. deben incluir la participación indígena efectiva. Si no, seguirán siendo políticas paternalistas con relaciones de poder asimétricas. Las prácticas racistas no se terminarán en este Juicio por la Verdad. Por el contrario, debe servir para que quedan reflejadas.

Las lógicas negacionistas sobre el genocidio indígena en Argentina siguen siendo muy fuertes. Cotidianamente vemos discursos de ese tipo en medios de comunicación producidos por comunicadores, políticos y empresarios. Discursos que se construyen y reconstruyen en un sentido común con ideas del siglo XIX que continúan operando.

Para romper esas resistencias es indispensable el ejercicio de la memoria y disputar esos sentidos establecidos. Ahí radica la importancia de volver a Napalpí, volver 98 años atrás. Para encontrar la lógica de cómo opera la estigmatización sobre las comunidades indígenas y cómo eso habilita la violencia estatal represiva

Ver los testimonios de Melitona Enrique, Rosa Grilo, Pedro Valquinta, Rosa Chará y Felipa Laleqorí, entre tantos otros, que nos van contando sus recuerdos del horror y transitar sus tristezas y resistencias, nos deben permitir comprender que las responsabilidades estatales y civiles no tienen fecha de vencimiento, que las deudas siguen siendo muchas y que si la pretensión del Estado es avanzar en políticas de reparación y reconocimiento y no en un intento de reconciliación simbólica se debe avanzar hacia una interculturalidad profunda y participativa.

Sentencia histórica (actualización):

En la cuarta y última sesión del histórico juicio oral por la verdad de la Masacre de Napalpí, la jueza Zunilda Niremperger dictaminó que fue un “hecho probado que existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.
La sentencia se leyó en castellano y se tradujo simultáneamente en Qom y Moqoit para las delegaciones de los pueblos originarios presentes, que escucharon el histórico fallo 96 años después de la masacre que acabó con la vida de 400 personas, el 19 de julio de 1924.

La sentencia incluye una serie de medidas reparatorias entre las que destacan continuar con el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en la zona para delimitar ubicación de fosas comunes,  constituir un sitio de memoria y establecer “al 19 de julio como el Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí”.

Según señaló Télam, los testimonios reunidos a lo largo del juicio dejaron en evidencia que la Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una trama histórica de explotación y represión sistemáticas a las comunidades originarias por parte del Estado y del poder económico.