El 29 de octubre de 2018 se promulga la Ley N° 27453, denominada “Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana”, concretándose un hecho histórico. La misma fue impulsada por las bancas del Congreso de Elisa Carrió, Nicolás Massot y Mario Negri, aunque desde sus inicios estuvo motorizada por movimientos populares. Previo a su salida se venía construyendo esta política fundamental para garantizar el derecho básico de la vivienda para la mayoría de la población marginalizada.

En agosto del año 2016 se comenzó a realizar alrededor del país el Registro Nacional de Barrios
Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Unos meses después -en mayo del año 2017-, se logra el Decreto 358/17 que reconoce formalmente al RENABAP. Este es un ejemplo evidente de cómo esta política ha surgido desde abajo. Este Decreto, además de institucionalizar al registro, estableció otros elementos destacados entre los cuales se destaca la creación del certificado de vivienda familiar
(CVF).

Esto permitió formalizar la tenencia de la tierra por el lapso de cuatro años para todas las personas de los barrios populares relevados. Según escribió Fernanda Miño, secretaria nacional de la Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU) y presidenta del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), en un
artículo reciente publicado en el diario Clarin, la ley fue concebida: “… de abajo para arriba, producto de décadas de lucha de familias que, como la mía, nacieron al costado del camino, carentes de servicios básicos como el agua potable, la red eléctrica y el sistema cloacal.

Aquella ley fue también producto de la osadía e inteligencia de un puñado de dirigentes que supieron tejer acuerdos en la diversidad.”. En el informe Hacia una política de integración urbana de barrios populares realizado por la Mesa Nacional de Barrios Populares, se puede apreciar el alcance de esta política
El RENABAP requirió la participación de 13.000 personas relevando los barrios populares a lo largo y ancho del país. Y esto fue posible gracias a la coordinación de organizaciones populares y ONG’s como Barrios de Pie, CCC, CTEP, Caritas y Techo. Algunos de los datos más importantes del trabajo realizado: la existencia de 4.416 barrios populares donde habitan 925.600 familias y 4.080.000 personas.

El relevamiento dio cuenta de algunas informaciones centrales para el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, sobre la feminización de la pobreza: en los barrios populares “el 65% de responsables de hogar son mujeres y el 85% de los hogares monoparentales están a cargo de las compañeras.”.

Una lucha actual: la prórroga y reforma

Como mencionamos, la Ley N° 27453 garantizó derechos fundamentales durante el período de cuatro años. De allí que por estos días se esté discutiendo su prorroga y reforma. El 12 de octubre salió la media sanción de la nueva norma propuesta, que resultó con 227 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones. De esta forma, pasó al Senado para su aprobación y promulgación definitiva. En el debate se pudo escuchar intervenciones como la del diputado Federico Fagioli, miembro del MTE e integrante del Frente Patria
Grande, quien expresó: “…pareciera que las políticas surgen de tres o cuatro iluminados, y esta política surgió del pueblo, de los vecinos, de los compañeros militantes que le pusieron el cuerpo”.

Algunos de los puntos importantes de la nueva Ley refieren a la prórroga de la suspensión de desalojos por el plazo de diez años. También extiende la declaración de emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los territorios relevados por dos años. Por otra parte, contempla la actualización del registro, que pasaría de 4416 a 5687 barrios populares.

Una provincia: Córdoba

El desarrollo de este tipo de política requiere pensar en las particularidades, por ejemplo, su anclaje territorial – provincial. Por eso, hablamos con dos compañeras cordobesas que son protagonistas de la implementación efectiva de la Ley. Sandra Gonzalez es integrante del Encuentro de Organizaciones, delegada de la mesa de barrios populares y vecina de Parque Las Rosas. Destacó el trabajo del relevamiento realizado y expresó: “en Córdoba, el mayor impacto tuvo que ver con el artículo que prohíbe los desalojos en los barrios RENABAP”. También, subrayó que el El CVF fue importante para mucha gente. Sobre todo, cuando salió el Programa Mi Pieza. El mismo otorgó asistencia económica de entre $100.000 y $240.000 para refacciones, mejoras y/o ampliaciones de viviendas que se encuentren en barrios populares registrados por el
RENABAP.

Noelia Feldmann, responsable de zona centro de la Secretaria de Integración Socio-Urbana, también nos compartió su emoción al ver las caras de las personas recibiendo sus CVF en la provincia. Remarcó que: “Este certificado dignifica y fue muy importante para empezar a hacer mejoras de las casas”. Esta medida sin dudas resulta un avance en torno a la perspectiva de lograr que las personas que viven en barrios populares puedan ser consideradas sujetos plenos de derecho. Noelia F. contó que en Córdoba, en 2020 se empezaron a ver obras relacionadas con la Ley. Destacó el importante trabajo llevado adelante para implementas, lo que implica una articulación entre el gobierno provincial y las organizaciones populares.

En este punto, resalta la lucha por que efectivamente el 25% de la obra sea realizado por las cooperativas de la economía popular. De esta forma, también se estaría dando un salto cualitativo en garantizar no solo el techo sino también el trabajo. Sandra G. comentó al respecto: “Han cambiado los pisos de discusión. En algunos barrios estamos discutiendo como son las obras, como mejorarlas y también quienes deben hacer las obras. Es importante que las cooperativas podamos tener el 25% que corresponde”.

Ambas entrevistadas coinciden en que no han existido adecuaciones significativas en la implementación provincial de la norma. Las repercusiones han sido relevantes y
variadas tanto en el plano nacional como en el local. Por mencionar un caso cordobes, El Chaparral (barrio registrado en el RENABAP, ubicado en zona sur, entre barrio Güemes y Plaza de las Américas) tenía proyectada una relocalización forzada que gracias a la Ley no se llegó a concretar. Actualmente, el barrio sigue frente al Hospital Misericordia.

La Ley y un desafío: tierra, techo y trabajo

Las organizaciones populares agrupadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) tiene una reivindicación central: techo, tierra y trabajo. Estas “3T” son la bandera central de sus planteos político-gremiales. Es por esto que la Ley N° 27453 y la de Barrios Populares que se están discutiendo son fundamentales para este sector, ya que resultan un hito histórico en la lucha por una de sus demandas centrales. Se busca que definitivamente las políticas apoyadas sobre el RENABAP se transformen en políticas de Estado, lo que significaría que no corran riesgos estas conquistas frente a cambios de gestión gubernamental. Llegado este punto, el problema del financiamiento es clave.

En este momento se contabilizan obras de integración socio urbana en más de 700 barrios populares de todo el país sin contar el Programa Mi Pieza. Se trata de mejoras de infraestructura básicas, como redes y conexiones seguras de agua potable, electricidad y cloaca; accesos vehiculares y peatonales seguros; espacio público y equipamiento. Sumando las obras enmarcadas en el programa mencionado, la inversión social llega al 95% del total de barrios populares relevados. Todo esto necesita financiamiento.

Al aprobarse la Ley en 2018, el gobierno nacional conducido por Mauricio Macri desfinanció completamente el trabajo de la SISU. Luego, con el cambio de gestión en diciembre del año 2019, se empezó a volcar dinero, aunque aún no está garantizada una proyección sustentable. Esto se debe a que el FISU está fondeado por el 9% del impuesto PAIS y el 15% del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, lo que quiere decir que en ambos casos se trata de un financiamiento finito (el aporte fue recaudado por única vez y el impuesto PAIS tiene en la actualidad una vigencia de 5 años).

Sandra G ha dicho al respecto: “El desafío futuro es la SISU financiada y esto es una lucha año a año”. Desde la SISU y las organizaciones populares se plantea la necesidad de garantizar un fondeo plurianual que otorgue previsibilidad y continuidad a las obras que se están realizando y las que se están proyectando. Otro aspecto de importancia respecto al alcance y perspectivas de las medidas está relacionado con la necesidad de crear lotes sociales con servicios destinados a las familias más pobres del país.

Noelia F destacó que de la nueva Ley se esperan centralmente cinco cosas: el reconocimiento de la actualización de los barrios populares relevados por el RENABAP, la prórroga de los desalojos por 10 años, la extensión de la emergencia en los barrios populares (que permite agilizar ciertos trámites), la continuidad del acceso a servicios públicos gracias a un marco legal que favorezca el tema y la utilización de un
criterio de género para establecer la prioridad en la regularización de la titularidad de la
tierra.

Una perspectiva de género es doblemente relevante considerando los datos arrojados en el informe antes mencionado. En síntesis, que se logre rápidamente la nueva Ley de Barrios Populares es fundamental
para continuar con la planificación con participación popular que garantice derechos básicos a millones de personas. Como nos expresaron Noelia y Sandra “La tierra es de quien la habita” y bienvenido que eso se transforme definitivamente en una política de Estado.