Mercenarios hubo siempre. En todas las guerras, en todos los tiempos. Sin embargo, desde el inicio de la invasión del ejército ruso a Ucrania, las denuncias que apuntan a la existencia de grupos paramilitares de ambos bandos beligerantes ocupan cada vez mayor atención en medios y organismos internacionales. El pasado 6 de abril The New York Times publicó un video presuntamente grabado por tropas irregulares ucranianas donde se los ve ejecutando sumariamente a prisioneros de guerra.

Asimismo, al inicio de la "operación militar especial" impulsada por Rusia sobre territorio ucraniano, el canciller Sergei Lavrov y el propio Vladimir Putin destacaron que uno de los objetivos es "desnazificar" el territorio, en alusión a los grupos paramilitares de extrema derecha que operan en el Donbass desde 2014 como el tristemente célebre Batallón Azov.

Si bien la existencia de tropas irregulares en países en conflicto no es algo novedoso, sí lo son las empresas de exmilitares al servicio de potencias que, para evitar pagar el costo político de las "operaciones" realizadas recurren a holdings privados que "venden" sus servicios de "seguridad" a cambio de contratos millonarios. Dos ejemplos de estos grupos son Blackwater Worldwide y el Grupo Wagner, estadounidense el primero y ruso el segundo.

La guerra privada, un negocio lucrativo

Esta concepción privada de la guerra habilita grandes lagunas en materia de derecho internacional, debido a la dificultad para investigar eventuales crímenes de guerra, brindar asistencia a prisioneros o prevenir y denunciar casos de torturas y ejecuciones sumarias. Según la Convención de Ginebra los integrantes de empresas militares privadas que intervengan activamente en combate "se consideran combatientes "ilegales" y pueden ser procesados por tal acción bajo la ley interna del Estado que los haya detenido". Naturalmente las detenciones de mercenarios escasas veces suceden y nunca o casi nunca son procesados por sus crímenes.

La guerra civil de Liberia, el conflicto armado en Sudáfrica, la custodia del proceso extractivista en las minas de diamantes de Sierra Leona, la guerra de la ex Yugoslavia, el conflicto separatista checheno son algunos de los ejemplos más paradigmáticos en que las contrataciones de mercenarios ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos sin que nadie se responsabilice por ello.

Entre otros problemas, la pérdida del monopolio de la violencia por parte del estado y su desplazamiento hacia el mercado es que no se puede regular ni castigar a los responsables de cometer crímenes contra la humanidad

Más acá en el tiempo encontramos otros escenarios similares cuyos alcances son atendibles. En 2013 por ejemplo, el exministro de Interior de la República Centroafricana, Jean Serge Bokassa denunció que tras la contratación de servicios de seguridad del Grupo Wagner por parte del nuevo gobierno, el país se encuentra bajo una ocupación militar rusa encubierta. Según Bokassa:

"Los mercenarios ocupan todos los lugares estratégicos de poder. Incluso el encargado de la seguridad del palacio de gobierno es ruso. Desde entonces arrecian las denuncias por terrorismo de Estado"

Esta corporación militar privada fue fundada por el ex militar Dimitri Utkin, de reconocidas filiaciones ideológicas con la extrema derecha. A pesar de que el Kremlin niega toda vinculación con Utkin y su grupo de mercenarios, éste fue condecorado en cuatro ocasiones por el presidente Putin y asistió al menos una vez a una recepción en la casa de gobierno en diciembre de 2016.

Por su parte, el grupo Blackwater Worldwide -que cambió su nombre a Academi en 2009- enfrentó una denuncia por la masacre de 14 civiles desarmados, entre los que había dos niños, en Bagdad a finales de abril de 2015. Ningún mercenario purgó su culpa porque fueron indultados directamente por el ex presidente estadounidense Donald Trump. Tras la amnistía, la presidenta del Grupo de Trabajo para los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jelena Aparac declaró:

 "Estas exculpaciones abren la puerta a futuros abusos cuando los países contraten compañías militares y de seguridad privadas para ejercer funciones inherentes al Estado”

Tras escándalo se conoció que esta empresa, que emplea a unos 40.000 mercenarios todos los años, tiene contratos firmados con organismos estatales de EEUU como la CIA y el FBI por valor de 250 millones de dólares anuales. Es decir, este tipo de emprendimientos no solamente lucran con la muerte de países en guerra, sino que son financiados indirectamente con el dinero de los contribuyentes. Una estafa piramidal, o más bien, concéntrica, ya que desarrollan las mismas tareas que un ejército regular sin estar sujetos a derecho.