El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia dio luz verde a la impunidad y anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la ex dictadora Jeanine Áñez en el marco del caso “Golpe de Estado II”.

La decisión, que abrió la puerta a la excarcelación inmediata de la presidenta de facto tras más de tres años de detención, se produjo al acoger una revisión extraordinaria solicitada por la defensa.

La orden de anulación fue anunciada por el magistrado Carlos Ortega, presidente de la Sala Penal del TSJ. No obstante, el argumento central fue esgrimido por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien invocó el “principio de retroactividad de la ley II”. Saucedo justificó que la anulación se debió a que el tipo penal por el cual Áñez fue condenada, “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, había sido modificado con posterioridad a la comisión de los hechos.

Áñez, exsenadora, asumió el gobierno de facto el 12 de noviembre de 2019, apenas días después del golpe de Estado que forzó la renuncia y salida del país de Evo Morales. Su mandato se extendió hasta noviembre de 2020. El caso “Golpe de Estado II” se centró específicamente en los actos previos a su autoproclamación como jefa de Estado de facto, acusándola de usurpación de funciones y de vulnerar el orden constitucional en medio de la crisis política.

Liberalismo came back en Bolivia

Esta disposición del TSJ no solo libera a Áñez, quien ya volvió a incursionar en la política boliviana al hacerse presente en la jura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz, sino que también reabre con fuerza el debate sobre la responsabilidad penal de los principales actores implicados en el quiebre institucional de 2019.

Agrupaciones de víctimas del golpe de Estado levantaron sus voces denunciando lo que consideran un acto de impunidad. Exigen que la búsqueda de justicia se mantenga firme, particularmente en relación con las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, hechos ocurridos durante el golpe de Estado.

El GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), en su informe sobre los hechos de violencia entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, concluyó que en total, 36 personas murieron y más de 800 resultaron heridas durante el periodo de resistencia frente al golpismo. Entre las víctimas fatales se encuentra Sebastián Moro, periodista argentino asesinado por las hordas fascistas orquestadas por la derecha boliviana.

Bolivia vive un cambio de época, donde la hegemonía del Movimiento al Socialismo continúa en caída libre y las fuerzas de la centro derecha y derecha se reordenan y avanzan con el aval del poder judicial, clave para garantizar la proscripción de Evo Morales y la libertad de los represores del 2019.

Foto de portada: CEDOC.