Hay casos que logran sensibilizar más que otros. Que logran instalar debates, discusiones, y hasta certezas. Hay casos en los que se logra romper con ese efecto anestésico de malestar social que nunca descansa. Casos que llegan a quebrar ese acostumbramiento que se genera al mirar cifras y cifras, y cifras. Sin dudas, el femicidio de Úrsula a principios de febrero, fue uno de esos. Quizás porque visibilizó, más que en otras situaciones, la manera totalmente errada en la que actúa el Estado.

Uno podría decir que en estos casos el Estado está ausente, pero en realidad cuando el ausentarse, es una manera de también estar. Úrsula Bahillo había realizado 18 denuncias por violencia de género a su ex novio, Matías Martínez. 18 formas en la que el Estado ignoró una situación de vulnerabilidad, en la que la víctima fue consciente, en todo momento, del peligro que corría. Sin embargo, el Estado no es un ente en sí mismo, al Estado lo conforman sus funcionarixs, y que en muchos casos sí se esfuerzan por actuar a tiempo, por intervenir, por abordar las problemáticas, etc. Porque en este aspecto, lo que se intentó instalar es la idea de que la responsabilidad recae únicamente sobre las integrantes del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, o sobre las trabajadoras que están frente a la línea 144. Pero por otro lado, el Estado también está integrado por funcionarios judiciales, por las fuerzas de seguridad, que deciden ignorar o subestimar denuncias. Recordemos que el femicida de Úrsula era miembro de lapolicía bonaerense, y no sólo que no se tomó ninguna medida, sino que ante la organización del pedido de justicia, se optó por la represión.

Días posteriores, hubo otro caso fatal: el femicidio de Guadalupe Curual, en plena vía pública de Villa La Angostura. Nuevamente, el agresor, Bautista Quintriqueo— quien murió hoy tras varios intentos de suicidio—contaba con al menos tres denuncias. Otra joven que sabía el peligro que corría, que denunció, y que nada se hizo ante la situación, más que asignarle una perimetral a Quintriqueo. Pero lo que se pone en juego aquí, no es reforzar el sistema punitivo que ya cuenta con sanciones altas en los casos de violencia de género— la condena por femicidio es perpetua, por ejemplo.— sino de pensar una justicia que actúe en tiempo y forma para evitar y reparar casos de violencia, no para llegar tarde y no hacer otra cosa que condenar y mandar a la cárcel a los agresores. Este es el punto clave para transformar la justicia.

En este sentido, los ejes que se proponen para tener en cuenta cuando se habla de reforma judicial feminista están orientados a poner atención "en la escucha y los abordajes situados en la prevención, reparación y acompañamiento; no en meros mecanismos punitivistas cuando los daños ya están hechos y nuestras vidas y las de nuestres compañeres ya fueron vulneradas". Otro punto insoslayable sería que las denuncias estén centralizadas y en coordinación entre los organismos públicos y las instituciones judiciales, que permita una forma de intervención que no sea revictimizante. Se plantea también la necesidad de que el presupuesto destinado a las políticas públicas en esta área tenga prioridad. Por otro lado, un punto fundamental es la aplicación de la existente Ley Micaela para lograr la incorporación de la perspectiva de género en los tres poderes del Estado: Judicial, Ejecutivo y Legislativo, y en las fuerzas de seguridad.

Ayer mismo, el Presidente de la Nación, se refirió a la problemática en la apertura de las Sesiones Ordinarias, y dijo: “Convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y una política de la sociedad. Lo hicimos con ‘Memoria, verdad y justicia’. Ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias” . Además, Alberto Fernández hizo referencia al compromiso con las demandas de género que asumieron cuando ganó el mando del país, no solamente respecto a la histórica aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino también al Cupo Laboral Trans, a la creación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, y al presupuesto nacional con perspectiva de género. Habrá que ver si también toma esta demanda, que por otro lado, confluye con la idea de la "necesidad" de una reforma judicial que sostiene el Presidente, pero en la que no avanza efectivamente.

Por otro lado, la organización MuMaLa- Mujeres de la Matria Latinoamericana , quienes presentaron ayer el Registro de femicidios, femicidios vinculados, trans/travesticidios, lesbicidios y otras muertes violentas en lo que va del 2021, proponen un Proyecto de Ley para la Declaración de la Emergencia Ni Una Menos. El proyecto contiene 14 puntos para abordar la violencia de género. En primer lugar, el aumento presupuestario para el abordaje de las violencias al Instituto Nacional de las Mujeres. Se propone también, destinar 10 % del Presupuesto de cada Ministerio a políticas hacia la igualdad de oportunidades y derechos entre varones, mujeres e identidades disidentes. (Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos). Otro punto central es el monitoreo del plan de desarme de los integrantes de fuerzas de seguridad con antecedentes en violencia de género. Por otro lado, se propone la creación de equipos interdisciplinarios de acompañamiento a víctimas de violencias en el territorio nacional y la implementación del Patrocinio Jurídico Gratuito. Además, se plantea la asignación para Víctimas de Violencia (AVV), becas y rentas para alquiler. Incluyen también la aplicación efectiva de la ESI (Educación Sexual Integral) y de la Ley Micaela, entre otros puntos.