Mañana se conocerá la sentencia del caso de Brenda Micaela Barattini quien podría ser condenada a una pena máxima de hasta 15 años por defenderse de la violencia machista de Sergio A. Fernández. "Micky" ha pasado dos años en prisión preventiva acusada de lesiones, un delito que la mayoría de los casos esperan el proceso judicial en libertad. Sin embargo cuando una mujer, lesbiana, travesti o trans se defiende ante la violencia de género, su castigo es inmediato, incuestionable y aleccionador.

Micky Barattini hirió a Sergio A. Fernández en el pene en noviembre de 2017, luego de que él difundiera vídeos sexuales de ella. Desde entonces permanece en prisión preventiva en el penal de Bouwer, a pesar de estar acusada de lesiones, un delito menor. A lo largo del proceso ella declaró haber estado viviendo una situación de violencia en la que veía en riesgo su vida, en un sentido amplio, tal como lo escribió en una de sus cartas: "(…)me sentía OPRIMIDA, DEVASTADA, vi perjudicada mi carrera, MI VIDA, MI MENTE, MIS AFECTOS…Llegué a un punto que NO DI MAS…y dije BASTA!" .

Este 11 de septiembre comenzó el juicio contra Micky Barattini y mañana miércoles se conocerá la sentencia definitiva de este caso que ha tenido una abundante y exagerada cobertura mediática. La fiscal del juicio, Laura Batistelli, cambió la caratula a "tentativa de homicidio agravada por el vínculo y alevosía". Esta modificación se trata de una interpretación arbitraria de los hechos ya que ha quedado demostrado que las lesiones no fueron "gravísimas" -como figuraban antes en el expediente-, sino que fueron "lesiones graves" -por lo que finalmente se la condena a preventiva-. La fiscal Batistelli busca, a partir de ahí poder elevar la pena con apoyo de los querellantes.

La defensa de Micaela busca que la pena sea considerada como un delito que produjo lesiones graves, y que los hechos demuestran que ella no tuvo intención de cometer un homicidio sino de herir a Fernandez. Se cuestionó el sesgo machista que está teniendo el caso, ya que si hubiese atentado a otra parte del cuerpo no tendría tal relevancia. No descartan que fue una lesión grave, sino se busca probar que no hubo intenciones de matarlo. Exponiendo, además, que no hay casos en que una persona se haya muerto por cortar o herir el pene.

Como no es de sorpresa, la complicidad de las instituciones judiciales con el sistema machista y patriarcal, buscan el disciplinamiento de las mujeres ante las situaciones de violencia: mejor ser víctimas que sujetxs con capacidad de respuesta. De manera cínica buscan ampararse en leyes que abordan la violencia de género para que el juicio salga a favor del varón. Como si fuese un simple movimiento que consista en invertir los lugares de lxs sujetxs e ignorar que la violencia de género es específica porque objetivamente el patriarcado existe y en la cima de su jerarquía están los varones cis heterosexuales.

Tampoco queda fuera la construcción amarillista y punitiva con que los medios de comunicación han cubierto al caso. En lugar de brindar información certera y esclarecedora, construyen discursos e imágenes violentas sobre Micaela como una mutiladora, alimentando así el ensañamiento público ante actos de violencia que son mucho más complejos y merecen ser abordados como tal. Posibilitan el odio y la simplificación de estos casos contra mujeres que salen de los papeles asignados para ser sólo víctimas, mientras en lo que va del año hubo más de 250 femicidios y transfemicidios.

La preocupación está puesta en que este juicio pueda sentar precedentes graves ante casos complejos como estos. Así como también el ensañamiento con el que la justicia está interviniendo hacia ella. La defensa de Micaela, como los grupos de personas organizadas para pedir su libertad, presionan para que el caso sea abordado desde una perspectiva de género integral, que pueda comprender por qué ella reaccionó de esa manera ante Fernandez, dado que estaban en un contexto de violencia.

En este sentido, una de las psiquiatras que interviene en el caso, Soledad Vargas, reclama la falta de perspectiva de género para abordar la situación. Vargas afirmó en una entrevista para La Marea- Noticias que “la acusaron antes de tiempo. Es un delito de género, pero la Justicia no lo estaría leyendo como tal. Si ella se sintió vulnerada o abusada psicológicamente, eso está enmarcado en un contexto de hombre-mujer, que también es género. Hay algo que tiene que ver con la asimetría en el modo de leer estas reacciones tanto de la sociedad como de la Justicia, incluso ante un contexto social que se está movilizando, que puede tener intención de aleccionar a otras mujeres con un mensaje del tipo: las mujeres no pueden hacer eso, porque miren sino cómo les va”.

Situar al caso implica que se pueda ver de manera más abarcativa las complejidades de las estructuras patriarcales y machistas que somete a las personas como a la manera de relacionarse y reaccionar. Algunos sectores del feminismo y de otros movimientos sociales han aportado mucho a pensar una sociedad alejada del punitivismo, que pueda dar otro tipo de respuesta y reparaciones a los problemas que atraviesan las sociedades. El caso de Micky no puede quedar por fuera de estas críticas a las soluciones punitivas, y menos en un contexto en el que la (in)justicia no sólo que no resuelve nada, sino que empeora y refuerza estos mecanismos.