Por Eréndira Aquino para Enfant Terrible

“El silencio se está convirtiendo en una epidemia que va recorriendo diferentes localidades del país. A las únicas personas valientes que se están dando cuenta de lo que está pasando se les está asesinando”, explica Leopoldo Maldonado, director de la asociación civil Artículo 19, acerca de la situación que vive la prensa en México.

En las seis primeras semanas del año cinco periodistas fueron asesinados en distintos estados del país: José Luis Gamboa, en Veracruz; Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Baja California; Roberto Toledo en Michoacán y Héber López en Oaxaca.

Desde el año 2000, la organización Artículo 19 -dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información- ha documentado 140 homicidios contra periodistas en México con posible relación con su labor.

Maldonado señala que la violencia contra la prensa “no es nueva", sino que se trata de "un proceso histórico que se ha agudizado, sobre todo, tras el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, y se ha profundizado por muchos factores que tienen que ver con la omisión o la inacción del Estado”.

De acuerdo con datos de la organización, el 98% de los crímenes contra la prensa en México permanecen impunes, y son perpetrados, en su mayoría, por funcionarios públicos estatales y municipales, aunque también por fuerzas del ámbito federal

Zonas de silencio

El 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca, Heber López se dirigía al estudio desde donde transmitía un programa de noticias. Nunca llegó. Fue atacado a balazos frente a su hijo menor de edad. El autor de los disparos huyó a bordo de un automóvil conducido por otro hombre. Ambos fueron detenidos pocas calles más adelante. Tras el asesinato se conoció que uno de los atacantes es hermano de una exfuncionaria del municipio de Salina Cruz, a quien Heber López había denunciado por corrupción en diversas notas.

En la misma zona, quince días antes del asesinato de Heber, otro reportero fue atacado con arma de fuego mientras viajaba a bordo de un vehículo. Gracias a que cuenta con la protección de escoltas, el periodista indígena zapoteco José Ignacio Santiago se salvó de la muerte. Sus agresores lograron huir.

El 25 de febrero, Jorge Camero, que trabajaba para el medio ‘El Informativo’, fue asesinado a tiros dentro de un gimnasio. No hay detenidos por el homicidio.

El 31 de enero fue asesinado Roberto Toledo, trabajador del medio Monitor Michoacán. Lo mataron en un despacho de abogados en el que era colaborador técnico. El director de Monitor, Armando Linares, dijo que antes del asesinato recibieron amenazas por publicar trabajos sobre políticos corruptos, aunque el alcalde de Zitácuaro -municipio en el que ocurrieron los hechos-, descartó que el asesinato de Toledo tuviera que ver con su labor.

El 24 de enero Lourdes Maldonado fue asesinada frente a su casa en la ciudad de Tijuana, Baja California. En 2019 acudió ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir seguridad. Aseguró que temía por su vida. Ante cientos de cámaras de televisión contó que había recibido el fruto del laudo laboral que desde hacía seis años mantenía con la televisora de Jaime Bonilla, quien fuera gobernador de Baja California, estado en el que la atacaron. Aunque pidió protección en su casa, no la recibió.

Hasta ahora, hay tres personas detenidas por su asesinato, ninguna de ellas el autor intelectual. Con este avance de la investigación, el presidente López Obrador ha negado que el homicidio tenga como motivación la labor periodística de Lourdes.

En la misma ciudad de Tijuana, una semana antes, fue asesinado Margarito Martínez Esquivel, fotorreportero de Semanario Zeta. Hay una persona detenida por el caso y según la Secretaría de Seguridad Pública, el móvil podría estar relacionado con "grupos criminales".

El 7 de enero en Veracruz ocurrió el primer asesinato de un periodista en el año: José Luis Gamboa Arenas, director del diario digital Inforegio, quien fue atacado con arma blanca. Sobre este caso, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, dijo que no había registro de amenazas previas ni antecedentes de agresiones. El comunicador no estaba incorporado a ningún programa preventivo o medidas de protección.

Sin embargo, Veracruz ha sido identificado por Artículo 19 como el municipio más letal contra la prensa en México, que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras califican como el país más peligroso para realizar labores periodísticas contando 30 asesinatos de periodistas en los últimos 22 años.

“Vemos que hay regiones en las que se incrementa la violencia, pero van variando conforme hay disputas de grupos criminales y reacomodos políticos”, indica Leopoldo Maldonado.

Las zonas que concentran la mayor cantidad de agresiones contra la prensa en México -incluyendo aquellas físicas o verbales que no terminaron en homicidio-, según Artículo 19 son: Veracruz, Ciudad de México, Quintana Roo, Puebla, Tamaulipas y Guerrero.

Esto ha provocado “zonas de silencio”, como es el caso de Iguala, en Guerrero, donde casi la totalidad de periodistas han tenido que desplazarse ante amenazas del crimen organizado. En Chihuahua, después del asesinato de la periodista Miroslava Breach, en marzo de 2017, se dejó de hablar sobre las relaciones existentes entre narcos y autoridades en la Sierra Tarahumara.

Aunque el fenómeno no es nuevo, Maldonado alerta que hay una tendencia que sí es nueva:

“el gobierno federal y varios gobiernos locales han mostrado un ánimo muy violento contra la prensa desde el discurso público, lo cual por supuesto no abona a la situación de riesgo que estamos viviendo en el país”

Reflejo de ello es que, también por primera vez desde que Artículo 19 lleva registro, en lo que va de 2022 los 32 estados del país tienen por lo menos una denuncia de agresión contra trabajadores de la prensa.

Trabajar entre la violencia, la precariedad y el miedo

Antonio Villaseñor fue la última persona que vio a Heber López con vida. Horas antes de su asesinato el 10 de febrero comieron juntos en Salina Cruz, Oaxaca. Esa tarde el periodista dijo a su primo, también comunicador, que no se sentía amenazado.

Las últimas notas publicadas por Heber denunciaron conflictos de interés de la ex regidora Arminda Espinosa Cartas, quien supuestamente favoreció a empresas para la construcción de una megaobra en la zona del Istmo. Uno de los hermanos de la ex funcionaria está detenido por el homicidio de Heber.

Villaseñor, quien dirige el medio Istmo Informativo, cuenta que la violencia ha escalado en la región en los últimos meses desde que el nuevo alcalde de Salina Cruz, Daniel Méndez, comenzó a llamar a los periodistas “enemigos del pueblo”.

“Eso nos impide informar, y muchos estamos exigiendo justicia, pero estamos temerosos porque después hay riesgo de represalias. Por mientras, nos hemos organizado para salir a reportar en grupo, o nos avisamos nuestra ubicación para estar pendiente de que ningún compañero desaparezca o sea asesinado”

Pese a estas medidas, reconoce que no hay forma de actuar “si nos amenaza o nos ataca una persona armada. A lo más avisar a las autoridades, pero a veces son ellas mismas las que nos agreden… Y no estamos pidiendo un trato especial, no queremos escoltas de policías cuidándonos, simplemente que podamos realizar nuestra labor”.

Soledad Vázquez, periodista de Oaxaca explica que la falta de garantías de seguridad se ha incrementado desde que cerraron los periódicos impresos que se publicaban en la región del Istmo y los periodistas de la zona comenzaron a trabajar de manera independiente.

Es por ello que se encuentran reorganizando una asamblea de periodistas en la que los colegas de la zona puedan agruparse para exigir condiciones de seguridad para desempeñar su labor, así como verdad y justicia para sus compañeros asesinados.

“Tenemos que organizarnos. No podemos estar desvalagados porque eso nos hace vulnerables. Cualquier acto tenemos que estar juntos, unidos, protegernos y levantar la voz”

La falta de garantías de seguridad para realizar la labor periodística que se vive en Oaxaca es común a diversos estados del país donde los comunicadores trabajan de forma independiente, sin seguridad social, sin salario fijo, sin garantías de no sufrir agresiones y sin siquiera ser reconocidos oficialmente como periodistas. Muchos de ellos, como Heber, aprendieron el oficio sobre la marcha, reportando, escribiendo y editando sus propios textos.

Aún con esas carencias, y conociendo de antemano el riesgo de denunciar a través de sus publicaciones, Antonio Villaseñor dice que a pesar de todo, solamente con un micrófono y una libreta como únicas armas, salen todos los días a realizar su labor.

Actualmente, la única alternativa que tienen los periodistas y defensores de derechos humanos que son amenazados o agredidos por su trabajo es recurrir al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, instancia cuyo objetivo es garantizar la vida, seguridad e integridad personal de quienes se encuentran en riesgo. Nueve personas han sido asesinadas, aún formando parte de este padrón para solicitar medidas especiales de protección que ha admitido más de mil solicitudes de seguridad desde su creación, hace diez años.

Aún con todas las deficiencias con las que opera, Leopoldo Maldonado reconoce que la situación empeoraría de no existir el mecanismo.

Lo más preocupante, dice, es que la situación está lejos de revertirse. Y es que en las últimas semanas el ambiente de confrontación entre autoridades y medios de comunicación ha llegado hasta el Palacio Nacional, donde cada mañana el presidente López Obrador ofrece una conferencia de prensa.

Desde que comenzó su gobierno, López Obrador ha criticado al periodista “estrella de televisión” Carlos Loret de Mola, por diversas publicaciones realizadas en el medio que dirige, Latinus, que ha revelado videos de familiares y cercanos al presidente recibiendo presuntos sobornos.

Pero hace semanas el conflicto escaló, al publicarse un reportaje sobre la vida del hijo mayor del mandatario, José Ramón López Beltrán en Houston, Estados Unidos, donde rentaba una casa de lujo.

El presidente arremetió contra Loret de Mola desde la “conferencia mañanera”, e incluso publicó sus supuestos ingresos, lo que viola el artículo 16 de la Constitución mexicana y la Ley de Protección de Datos Personales. El mandatario afirmó que continuaría difundiendo esos datos y ampliando la información al respecto, pues “es de interés público”, y agregó que continuará actuando contra quienes golpean su “proyecto de transformación”.

Para Leopoldo, mientras se continúe polarizando la situación de violencia que vive la prensa, y se aliente la idea de que se puede agredir impunemente a comunicadores para acallar críticas o temas delicados, “va a ser muy difícil avanzar en una agenda de protección y acceso a la justicia”.

“Es por eso que hacemos un llamado a la empatía de la sociedad. No porque los periodistas sean víctimas especiales, sino por la enorme labor que hacen de informar en un país como el nuestro, donde hay una enorme intolerancia a la crítica por parte de la clase política, y hay una violencia desatada contra la prensa por parte de grupos criminales”.