Bajen las máquinas del cerro: seis meses de acampe contra la megaminería

Desde el 2 de abril, el pueblo de Choya sostiene un corte selectivo a camiones que se dirigen al proyecto Mara-Agua Rica. Desde los 3500 metros de altura, el pueblo choyano requiere de la solidaridad y apoyo tras las sucesivas represiones y judicializaciones ocurridas desde esa fecha hasta la actualidad, tras seis meses de acampe.

Por Redacción Enfant Terrible |

🕒 7 minutos de lectura

Por Débora Cerutti para Enfant Terrible

Ximena Sinchicay tiene los ojos muy negros y el pelo muy largo. Ella es choyana de nacimiento y de crianza. Se fue y volvió. Y hoy habla como una vecina más de su pueblo: “Somos gente que tiene mucho que perder. Las cuencas del río de Choya le dan vida al pueblo y dependemos de eso, para nuestras cosechas, nuestros animales y el consumo personal de todas las familias”, nos dice.

Todo en su ser brilla cuando comienzan a salir palabras de su boca. Nos asegura que le cuesta hablar, que se pone nerviosa, pero que quiere contar lo que nos va a contar, porque es grave. Porque al pie del cerro vive su familia. Porque su pueblo corre peligro de desaparecer. Porque están autoconvadxs. Porque hay un antes y un después en su vida y en la de su comunidad: Choya no es lo mismo tras la represión del 3 de mayo de 2022, cuando el pueblo, su pueblo, decidió mantenerse firme frente al avance de patotas y policías.

Una decisión llena de dignidad y fortaleza ante lo que está en juego: el agua.

Un pedido concreto a las autoridades provinciales: que respeten el derecho a la autodeterminación de los pueblos cordilleranos, que quieren vivir sin megaminería.

Foto: Ximena Sinchicay

Represión cada 15 días

“El día que llegaron los enviados del gobernador también llegó Carolina Cabrera, la representante de control ambiental de MARA, quien nos informó que la consulta popular sobre la intervención de las nacientes del río se realizó en el distrito Minas Capillitas, a 44 km aprox. de nuestro distrito. Qué paradoja, lo que no supo decir es cuándo se realizó la misma. Nosotros nos preguntamos. ¿Por qué la consulta popular que debía realizarse en Choya se llevó a cabo en Capillitas? ¿Será que la empresa MARA aún no sabe que somos dos distritos diferentes?”

Este fragmento forma parte de la “Carta abierta de los vecinos de Choya autoconvocados”. Las preguntas que formula, hasta hoy no han tenido respuesta de parte de las autoridades provinciales, mientras el proyecto Mara- Agua Rica sigue avanzando en su etapa de exploración. El mismo se encuentra a cargo de la empresa Yamana Gold y está en las nacientes de los ríos del distrito Choya-Andalgalá-Potrero.

Desde diciembre de 2020, se constituyó el marco operativo para dicho proyecto que utilizaría la infraestructura de la UTE Minera Alumbrera – YMAD, que llevó adelante durante más de 20 años el proyecto La Alumbrera. Mara- Agua Rica no cuenta con la licencia social de los pueblos que lo rodean, que desde hace más de diez años vienen denunciando las consecuencias de la minería a cielo abierto en las Caminatas por la Vida, manifestación que se hace todos los sábados por la plaza de Andalgalá.

En el mes de marzo de 2022, un vecino vio máquinas trabajando en el cerro, mientras otras personas percibían alteraciones en el agua del pueblo, tras la manifestación pública de la empresa de que pondrían una escombrera en la cuenca alta del río Choya.

Es por ello que el 2 de abril de este año, un grupo de vecinxs del pueblo de Choya, departamento de Andalgalá (Catamarca), decidieron cortar el paso a los camiones que proveen de combustible al proyecto ilegal Mara – Agua Rica. En ese primer corte, lograron frenar dos máquinas.

Foto: Ximena Sinchicay
Foto: Ximena Sinchicay
Foto: Ximena Sinchicay

La represión no se hizo esperar. El 3 de mayo y a más de 3500 metros de altura, dispararon contra el pueblo de Choya tras una orden del fiscal Camps. Vecinxs fueron golpeadxs y desalojadxs sin mediar palabra. Más tarde, abajo, en el pueblo, mientras las protestas de la población pedían explicaciones por la represión ocurrida en el cerro, volvieron a ser reprimidxs. Balas, palos, personas heridas, una detenida.

 Esa fue la primera de una secuencia que continuaría al día siguiente, con imputaciones, citaciones a declarar y judicializaciones: desde ese entonces, ya son más de 20 las personas imputadas.

El acoso policial y el hostigamiento a quienes defienden el agua se realiza no solo mediante las fuerzas represivas del estado, sino también por medio de patotas privadas que se hacen presentes en el acampe y en los lugares por donde circulan quienes se manifiestan. Mientras, los camiones siguen abriendo huellas mineras.

Cada 15 días, durante 6 meses, se produce el cambio de personal con camiones que bajan y suben al cerro renovando la provisión de combustible. Aquí se producen los mayores momentos de tensión cuando la policía se hace presente para asegurar el paso de los camiones.

 “Aprendan a decir buen día” les dice una voz en uno de los videos que han podido compartir las personas que sostienen el acampe, en el momento en que pasa una máquina de gran porte con la policía escudándola. Luego, esta voz se acerca con paso firme a filmar a dos personas que la están filmando: “Debiera darles verguenza el trabajo que hacen”. La asimetría de poder es grande.

Ellos con balas, lxs vecinxs con carteles. Ellxs con todo el personal policial y privado minero vulnerando derechos y la propiedad privada donde se encuentra el acampe, lxs vecinxs con celulares que intentan registrar parte de las violencias que están atravesando.

Ximena viene llevando un rol clave en el conflicto, registrando lo que ocurre allí arriba, en el cerro. Por comunicar lo que está pasando, también está denunciada: “Lo que nos hacen es criminal, ultraje físico y psicológicos. Subimos casi una semana antes por el hecho de que en general los cambios son los jueves cada 15 días. La policía empieza antes a cortar y ya no podemos subir”.

El acoso es continuo, nos dice Ximena, que además reflexiona respecto a esta modalidad de desgaste y generación de miedo en los cuerpos de quienes se manifiestan para que abandonen la lucha: “Si no tenés conocimiento te entregan un papel sin sello, tenés que volver a ir, te entregan otro papel. Juegan con nosotros. Nos reprimen cada 15 días. Tenemos un cambio más y otra represión más. Para el pueblo choyano hoy en día no hay democracia”, dice.

Contar las balas

“En esta bolsita que está acá están los cartuchos que les tiraron a la gente de Choya el 3 de mayo”.

Enzo Brizuela es parte de la Asamblea El Algarrobo y también ha sido judicializado. Al igual que a Ximena, no han podido callarlo. Enzo agarra una bolsita desde el escenario del aula magna en el marco del primer Congreso de Humanidades y Ciencias Sociales por los 50 años de vida de la Universidad Nacional de Catamarca, en septiembre de este año.

Después de hacer un raconto de la larga historia de la resistencia a los proyectos extractivistas que hay en Andalgalá, empieza a sacar cartuchos de balas y a mostrarlos. Nos dice que son los cartuchos que les tiraron a la gente de Choya el 3 de mayo de este año. Y los cuenta: “Cada convenio que la Universidad firma con las empresas extranjeras, para los pueblos en conflictos, hay balas. Cada vez que el gobierno nacional habla de llevar a cabo el proyecto Agua Rica, para Andalgalá, hay balas. Cada vez que el gobernador habla de que la minería es una entrada y que la quiere llevar a cabo, para Andalgalá hay balas. Si nos quejamos, hay balas.”

Balas como forma de diálogo, para un pueblo que no habla con armas.

El Ají, también viene siendo parte de la lucha desde largo tiempo en Andalgalá.  Al igual que Ximena, ha llevado adelante gran parte de la tarea de comunicación, de mostrar lo que sucede en su territorio en esta lucha contra la megaminería.

Al igual que Enzo, el año pasado, fue detenido en el marco de los incendios a las oficinas de Agua Rica. Recuerda todavía el dolor que sintió cuando fueron a buscarlo a su casa para detenerlo, cuando las botas de las fuerzas represivas le aplastaron su cabeza.  Un despliegue inmenso de muchos cuerpos policiales: “para que la gente sienta miedo. Para intentar mostrar que eso les va a pasar a todo quien se oponga a un modelo extractivista. Al que visibilice”, nos dice. El Ají estuvo 14 días preso. Luego de salir, atravesó largos períodos de persecución y estigmatización en su propio pueblo y una vigilancia permanente.

Desprestigio, difamación, campañas informativas contra asambleístas, construcciones discursivas-argumentativas agresivas son parte de las estrategias que vienen llevando adelante para acallar la lucha de los pueblos cordilleranos que se oponen al extractivismo. Pero las convicciones se mantienen firmes. Hoy exigen que el proyecto Mara-Agua Rica se detenga. Que bajen las máquinas del cerro, porque no hay licencia social en los territorios.

Para colaborar con el acampe:

Alias mercado pago: choyaresiste.05

Alias banco nación: pasto.hora.fuga

CBU: 0110115330011504951351

Titular: Luis Mercado

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