Fue la primera sentencia de la historia en que un tribunal reconoció que se trataba de un travesticidio. Se trataba de Diana. El fiscal Ariel Yapur dijo por entonces que sentía una «inmensa responsabilidad institucional». Se trataba de Sacayán.

La tarde del 18 de junio de 2018, el tribunal oral N°4 de CABA dictó cadena perpetua contra Gabriel Marino (25) por asesinato por "placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad o expresión de género".

Reconocer el travesticidio de Diana como tal, implicó un salto de dimensiones para la jurisprudencia nacional y latinoamericana. A pesar de que el cómplice de Marino continúa fugado, la condena ejemplar abrió una puerta para discutir las condiciones de vida, salud, trabajo, afecto y muerte trágicamente temprana, de la población trans en Argentina.

Según el informe del Observatorio de Femicidios - Casa del Encuentro, entre 2020 y lo que va de 2021 hay registrados 14 travesticidios. De todos esos casos -que no son todos-, apenas hay una persona procesada. Si admitimos que con frecuencia las denuncias por violencia de género interpuestas por mujeres cisgénero en situación de violencia son desestimadas por la policía y la justicia, en el caso de las personas trans-travesti, el ninguneo institucional alcanza todavía dimensiones de tragedia.

Diana era parte de la nación ancestral Calchaquí. Militante comunista sin partido, travesti de bandera multicolor. Recibió su DNI de manos de la actual vicepresidenta Cristina Fernández al sancionarse la Ley de Identidad de Género.