Tercera audiencia en la“Causa Barreiro”: Córdoba juzga a represores en la víspera del 24 de Marzo

Ayer tuvo lugar la tercera audiencia del decimotercer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla Córdoba, donde se juzga a los represores Ernesto Barreiro, Carlos Alberto Díaz y Carlos Villanueva. Se los acusa de homicidio agravado y privación ilegitima de la libertad. Sobre este juicio y los que se vienen, hablamos con Martina, trabajadora del Área de Investigación del “Campo de la Ribera” e integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.
Foto Enfant Terrible

Ayer tuvo lugar la tercera audiencia del decimotercer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla Córdoba, donde se juzga a tres ex militares -Ernesto “Nabo” Barreiro (también ex carapintada), Carlos Alberto Díaz y  Carlos Villanueva- por homicidio agravado y privación ilegitima de la libertad.

Las víctimas son Rubén Amadeo “Pocho” Palazzesi, militante del Peronismo de Base y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), su compañero de trabajo José Jaime Blas García Vieyra y el delegado sindical del SMATA y cuñado de Rubén, Níveo Teobaldo Domingo Cavigliaso.

Los hechos juzgados en la denominada “causa Barreiro” corresponden al año 1979, cuando los militares se apropiaron de La Quinta en Guiñazú de la familia Viotti, también víctima del terrorismo de Estado, que luego convirtieron en centro clandestino de detención donde aplicaron torturas psíquicas y físicas.

Para Martina, trabajadora del Área de Investigación del “Campo de la Ribera” e integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, la importancia de la causa radica en que los hechos juzgados sucedieron “en el interior” de Córdoba y están vinculados a lo que desde la Mesa llaman “sitios emergentes”, como son el Refugio Libertad (ex Grupo de Artillería 141) y la Casa de la Memoria “Imprenta Roberto Mathews”.

Estos sitios “también existieron, tuvieron un rol y no estuvieron tan visibilizados como si fueron La Perla, Campo La Ribera y el D2, que fueron centros de exterminio”.

El testigo de la familia Viotti planteó que la quinta de Guiñazú fue el último centro clandestino de Córdoba ya que funcionó hasta el año 79', siendo otro lugar que ni siquiera fue señalizado y tampoco está en el registro donde se asienta que estuvieron todos los centros clandestinos.

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El último juicio llevado a cabo en Córdoba había sido la causa Diedrichs/Herrera. Ahora, la causa Barreiro continuará como “el primero de una nueva etapa de juicios de lesa humanidad, y ya los últimos. Va a haber una mega causa, entonces va a ser un tiempo largo, pero ya los últimos”, explicó Martina.

-¿Podes contar un poco sobre la mega causa que se viene?

Para el año que viene se espera una nueva “mega causa”, tal como fue la “mega causa La Perla-La Ribera-D2”, donde quedaron muchos casos por fuera y también surgieron casos de personas que fueron tanto víctimas como testigos. Esto se acumula y luego se pide la elevación a juicio oral, empieza con la “causa Gómez” por delitos sexuales, con las características de la primera, por la cantidad de imputados y la cantidad de víctimas. Después hay un juicio que es la “causa Gutiérrez”, que es de Río Cuarto y alrededores, que todavía se está instruyendo y posiblemente sea una cosa grande el año que viene.

En relación a los delitos contra la integridad sexual, la primera vez que se juzgaron fue en 2021, contra Jorge “Tigre” Acosta y Alberto “Gato” González, quienes cometieron esos crímenes en la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). Antes, estos delitos ingresaba dentro de todas las torturas como “vejámenes”, cuya diferenciación se logró gracias a la lucha de las mujeres.

-¿En qué contexto nos encontramos en relación a los juicios? ¿Qué conciencia hay sobre los juicios por parte de las personas en general?

-Son muchas variables para analizar en relación al momento en que estamos. Por un lado, creo que logramos mucho como sociedad de la mano de los organismos, Argentina es un ejemplo en juzgar los crímenes. Primero con los escraches y después con las condenas. Por otro lado, está la demora en la justicia, entonces hace que los represores se mueran impunes y en muchos casos a muchos no les llegó la justicia, los familiares, las víctimas y los testigos se mueren. Los organismos también se ponen viejos, con la pandemia se murieron muchos, las Abuelas se ponen viejas.

Después, otra variable es la situación política, la situación social, las elecciones, que haya hambre. Cuando hay crisis es muy difícil mirar estos juicios, porque la gente está pensando en otra cosa. Es interesante siempre, sobre todo en las escuelas y en los espacios de memoria, con los recorridos, ver para entender que la miseria y la pobreza de hoy, los planes económicos, tienen que ver con eso que pasó en la dictadura.

Hubo un momento de auge en toda la Argentina, muchas megas causas a la vez, eso fue decayendo y corriéndose de agenda. Ahora hay un juicio y no hay un mega evento afuera como había antes, pero es una tarea que tenemos, de convocar, contar e invitar, también el rol de los medios difundiéndolo. Esto queda y el día de mañana se enseña para que se sepa que se juzgaron los crímenes de los militares.

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-Hay un relación entre las demoras que vos mencionas, el hecho de que se mueran los genocidas y el rol del Poder Judicial como parte también de la estructura de la dictadura. Un ejemplo de esa demora es caso del empresario Carlos Blaquier que hace poco se murió impune.

-Totalmente. La Justicia, es de los tres poderes el bastión que no se puede tocar. De hecho, estuvo el “juicio a Los Magistrados” que marcó un antecedente y tuvo condenas bastante bajas, no fue contundente, de hecho hubo absoluciones. Tiene que ver con que sea lento, que no les llegue; llegó a distintos rangos del Ejército, pero a la Justicia y la pata civil muy poco. El caso de Carlos Blaquier es un ejemplo concreto.

Tal como menciona Martina, la complicidad del Poder Judicial con la dictadura no es algo que se recuerde tanto, como sí se recuerda la represión. Incluso en la misma Causa Barreiro hay un ejemplo de este circuito. En la primera audiencia las testigas Cristina Irma Guillen de Palazzesi (78) exesposa de Rubén, y Stella Mari Palazzesi (83), esposa de Teo Cavigliaso y hermana de Rubén, denunciaron el desempeño de los funcionarios judiciales federales Miguel Ángel Puga (condenado durante el juicio a los Magistrados), Eduardo Molina y Becerra Ferrer como “jueces de la dictadura”.

Los jueces condenaron a Cristina a 15 años de prisión por “subversiva” a través de un consejo de guerra, procedimiento militar aplicado a los civiles. A Stella por su parte le dieron 8 años de prisión, acusándola de haber falsificado sellos de goma. Tanto Cristina como Stella dijeron que los funcionarios no intercedieron por ellas y que además tenían conocimiento sobre el secuestro y los tormentos que pesaban sobre Palazzesi, García Vieyra y Cavigliaso.

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