La decisión fue tomada este miércoles por los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego. Mediante el veredicto que dio la Justicia, se establece que el Estado "instrumente y entregue el título de propiedad comunitaria conforme el plano de mensura de la ocupación; se registre gratuitamente el plano de mensura y se adopten medidas inmediatas para que se respete y proteja la ocupación tradicional de la comunidad".

Según argumentó el abogado que representa a la comunidad originaria, Matías Schraer, el recurso presentado por el Estado se dio fuera de término. En ese sentido, las familias Millalonco Ranquehue habitaron esas tierras antes de 1937, momento en que el Ejercito se instaló ahí.

En 2020, un grupo de militares ingresó al territorio destrozando una huerta comunitaria, parte de un proyecto intercultural llevado adelante por la comunidad. Luego de este episodio, integrantes de la comunidad Millalonco Ranquehue acudieron a la Justici. En ese marco, 2 de febrero la jueza Silvina Domínguez falló a su favor y estableció un plazo de 60 días de sentencia firme para que el Estado "transfiera el dominio de las tierras cuya mensura fue aprobada por Resolución 1174 de ese organismo a los efectos de su adjudicación, en propiedad a la Comunidad accionante".

En esa circunstancia, el Ejercito presentó recursos de amparo para revertir la medida, pero este miercoles fueron rechazadas por la Cámara de Apelaciones de General Roca. Sin embargo, se espera que apelen a la Corte Suprema de Justicia.

El reconocimiento de las tierras para la comunidad Millalonco Ranquehue despertó preocupación en los sectores empresariales y conservadores dado que sentaría un precedente para otras comunidades que reclamen por sus territorios ocupados y trabajados ancestralmente. Diego Breide, miembro de la Mesa de Consenso acusó a la jueza Domínguez de haber "mostrado simpatía" y que "está clara su ideología". Algunos diputados de Juntos por el Cambio manifestaron su repudio ante la medida. Entre ellos, Alberto Asseff, presidente de UNIR, expresó su "profundo desagrado y preocupación" respecto al fallo.

Cabe destacar que Diego Breide, histórico aliado de los empresarios sureños, es uno de los principales detractores de la comunidad mapuche y en cada oportunidad que se le presenta lxs defenestra. Además, formó parte de la defensa de Leandro Rodríguez Lastra, el médico denunciado por negarle un aborto a una adolescente víctima de violación en 2017. "Es una causa que cualquier abogado que defienda la vida o que se conmueve con las situaciones del aborto está buscando defender", expresó en aquel momento para el diario Bariloche Opina.