Organizaciones sociales y comunidades mapuches repudiaron la represión ocurrida el pasado sábado 15 de septiembre, en la Lof Quemquemtrew, territorio mapuche recuperado, ubicado en Cuesta El Ternero cercana a El Bolsón.
Según el relato de un comunero que sufrió la represión, la Policía de Río Negro ingresó al rededor de las 10:00 de la mañana con pistolas 9mm y escopetas, abriendo fuego contra mapuches que se encontraban ejerciendo control territorial.
También un niño de ocho años, Antu Morales, denunció a través de un audio que "llegaron los policías apuntando, me apuntaron, nos tiraron al piso".
El conflicto se desata ya que Rolando Rocco reclama el territorio como propiedad privada (a pesar de ser tierras fiscales), justificándose en su actividad forestal y monocultivo de pinos.
El pasado martes 21, se había hecho presente el fiscal Francisco Arrien de El Bolsón quien, a pedido de la comunidad, aceptó esperar hasta el lunes 27 para que realizaran un trawun -reunión de acuerdos y toma de decisiones- para comunicar una resolución.
A pesar de los compromisos y solicitadas, la fiscal Jefe de Bariloche Betiana Cendón junto al juez Ricardo Calcagno, libraron una orden de identificación de personas que devino en un desalojo donde participaron más de 50 efectivos pertenecientes al COER (Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate). Ambos magistrados han sido ampliamente denunciados por anti mapuches.
De este modo se llevó adelante un desalojo forzoso (lo cual está prohibido por ley cuando se trata de comunidades indígenas) quedando cuatro personas detenidas y llevadas a Bariloche. Desde la comunidad y vecines, denuncian la acción de "desaparición" que tiene la policía en estos procedimientos, ya que pasan horas sin saber adonde trasladan a las personas detenidas.
Los detenidos fueron finalmente liberados, pero se les abrieron causas judiciales, tal como ha sucedido en otras represiones contra el Pueblo Mapuche. Un ejemplo es la sucedida en enero de 2017 en la Pu Lof Resistencia Cushamen, meses antes de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.
Como siempre sucede, los medios hegemónicos provinciales y nacionales se encargan de estigmatizar y criminalizar a las comunidades, tratándolas de "usurpadoras" o "terroristas" y posicionándose a favor de la actividad empresarial. Lo mismo realiza la propia gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien tiene designado al represor Federico Massoni, como ministro de Seguridad.
Asimismo, organizaciones y comunidades denuncian que el consejo escolar del Ministerio de Educación de Río Negro decidió la suspensión de clases en la Escuela Nº 211 'Maria Lucinda Quintupiray' y las fuerzas policiales utilizan las instalaciones como centro de operaciones.
No se trata de hechos aislados, ya que la judicialización y la represión también se repiten en Villa Mascardi, donde la comunidad lof Lafken Winkul Mapu, se encuentra resistiendo la recuperación del territorio desde 2017. Mismo conflicto donde -ese año- el joven mapuche Rafael Nahuel fue asesinado de un disparo, en un operativo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
Mientras tanto, en la Patagonia crecen cada vez más las organizaciones antimapuches. A fines del año pasado se presentó el Proyecto Propiedad Privada (PPP), una coalición coordinada entre la Fundación Naturaleza para el Futuro (FUNAFU), el estudio jurídico más fuerte del país y fundaciones norteamericanas. El objetivo de la organización es defender la propiedad privada en las provincias patagónicas de Río Negro, Chubut y Neuquén.
De manera más reciente, a fines de agosto de este año se realizó el Foro Consenso Bariloche, inaugurado por la mismísima gobernadora Carreras, con fuerte presencia de abogados de Buenos Aires y personajes como Diego Canestraci, ex intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH) durante la pasada gestión de Macri e impulsor de la querella contra la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Quien tampoco ha dejado de ausentarse en la Patagonia es la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Su presencia en el "Congreso por la Paz, la Justicia y el fin de la violencia extrema en la Patagonia" generó el repudio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche (APDH) y conllevó un escrache donde participó el propio Sergio Maldonado, hermano de Santiago, que se encontraba en la localidad rionegrina.
Al parecer La Patagonia se está convirtiendo en una especie de "semillero" para las organizaciones anti Pueblos Indígenas, con total apoyo del estado provincial en el caso de Río Negro. De este modo se vulneran los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, avalados por tratados internacionales, en defensa de intereses empresariales y ganancias privadas.
Foto de portada: Diario Jornada
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