Bajo el lema “Honorarios justos = atención de calidad”, y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, se incluyen como principales planteos la actualización de los aranceles profesionales, al considerar que los valores actuales dificultan el sostenimiento de las prestaciones.

La resolución 2026-1107, fue una decisión del ministro de Salud Lugones y Esteban Leguizamo, quienes están a cargo del manejo de la caja más abultada del país, con más de 5 millones de jubilados afiliados y alrededor de 20 millones de “beneficiarios”. Con una deuda que supera los US$ 1.000 millones, atraso de hasta tres meses en los pagos y un sueldo que se licuó en un 55%, dejó a las y los médicos de cabecera atados de pies y manos, ante un servicio que no pueden dejar de realizar porque hay vidas en riesgo.

Los reclamos son básicos: recuperar lo adeudado, estabilización del monto de pago en relación al aumento de precios y recuperación de las prestaciones por consulta y no por el actual sistema de capitas.

Numerosos profesionales dejaron de trabajar bajo el sistema de cápitas y que actualmente existen demoras de varios meses para acceder a determinadas consultas. Según describió el abogado previsional Christian D'Alessandro, hay casos en los que los turnos disponibles recién aparecen para agosto, septiembre e incluso octubre.

Si bien en algunos sectores se está regularizando los pagos adeudados, el abogado D´Alessandro aclara que la deuda persiste, incluida la complejidad de los afiliados para recibir atención a tiempo, según comenta los turnos se están asignando a septiembre, algunos llegando a programarse para noviembre.