El pasado 16 de mayo, el Juzgado Federal N°2 de Mendoza a cargo de Pablo Oscar Quirós resolvió ordenar a PAMI Córdoba que entregue de manera inmediata la medicación con cobertura al 100% a todos los adultos mayores afiliados de la provincia de Córdoba y otras provincias argentinas.

En principio, la denuncia había sido radicada en Tribunales Federales de Córdoba por parte de Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, con el patrocinio de los abogados cordobeses Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente y las firmas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Córdoba, el Foro Solidario y la Unión Obrera Gráfica Cordobesa.

Debido a las demoras de más dos meses en el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, en marzo finalmente dictaminaron que la solicitud fuera vinculada a un nuevo expediente (FMZ 27196/202) en Mendoza, que además vinculó amparos colectivos idénticos, integrando la causa amparos de Mendoza, Tucumán, Salta y Córdoba, entre otros.

De esta manera, la Justicia Federal hizo extensiva la medida cautelar y ordenó que se anule la decisión de todas las resoluciones, disposiciones complementarias, modificatorias y reglamentarias que en el futuro pongan en riesgo la cobertura médica de los jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas afiliados a PAMI.

Además, el fallo obliga a la institución a “hacer pública en los medios de comunicación provinciales digitales de circulación masiva de Córdoba, para que tomen efectivo conocimiento los afiliados”.

En el escrito, el juez reconoce la situación de “hipervulnerabilidad” a la que se expone a los jubilados y pensionados debido al recorte medicamentoso: «Su posible interrupción aun cuando fuera temporal puede acarrear consecuencias irreparables para la salud de los miembros del grupo vulnerable, poniendo en grave riesgo su integridad física e incluso su vida y tornando ineficaz la ejecución de una eventual sentencia de fondo favorable».

La suspensión a medicamentos esenciales por parte de la institución que dirige Guillermo Leguizamo, había sido anunciada a principios de diciembre de 2024, en un momento en el cual más de un jubilado repetía que, para sobrevivir, debía elegir entre comer, o comprar medicamentos.

En diálogo con Enfant Terrible, la abogada Mabel Sessa, copresidenta de la APDH Córdoba e integrante de la guardia jurídica de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, destacó que el fallo “es un logro” y remarcó que “el acompañamiento, las pruebas y el apoyo lo conseguimos de todos los que conformamos el amparo. Los jubilados que hacen la Ronda los miércoles siempre nos acompañan y en definitiva lo hacemos por ellos principalmente”.

Si bien PAMI apeló la decisión judicial, el fallo es sin efecto suspensivo. Ante el posible desacato de la medida por parte de PAMI, Sessa comentó que con el equipo evalúan “pedir una consecuencia penal más fuerte para el incumplimiento de los deberes de los funcionarios frente a un amparo judicial”, como sucede en Tucumán donde rige una multa de $100.000 diarios contra el Leguizamo, si no cumple el fallo.

“Se ha generalizado que no se cumplan las medidas judiciales, que desde el Estado se haga lo que quiera y mientras tanto van quedando jubilados en el camino”, cuestionó la abogada.

Foto de portada: Julio Pereyra