En apenas 70 días de la nueva gestión de Javier Milei-Victoria Villarruel, la Coordinadora contra la Represión Estatal e Institucional (Correpi) registró 56 muertes a manos de las fuerzas estatales en un nuevo “Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado”, presentado el pasado 14 de marzo en el Anfiteatro de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE).

Según el mismo "Archivo de casos 2023", fueron registradas en total 9.175 personas asesinadas por las fuerzas desde el regreso de la democracia en 1983. Desde entonces, luego de haber pasado la administración de Alberto Fernández (Frente de Todos), la gestión con más muertes desde el fin de la última dictadura cívico-militar continúa siendo la de Mauricio Macri (Cambiemos).

Durante el macrismo (10/12/2015-09/12/2019), el "Archivo de casos" registró un total de 1926 personas asesinadas en manos de las fuerzas, mientras que durante la gestión del Frente de Todos (10/12/2019-09/12/2023) hubo 1924, la mayoría bajo la modalidad "muerte en cárcel, comisaría o bajo custodia" que pasó a reemplazar a la de "gatillo fácil". En el último año de la gestión Fernández, al menos 383 personas resultaron asesinadas.

“La presidencia de Mauricio Macri se consolidó como el gobierno más represor desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, aunque la proyección de los pocos datos ya recabados a partir de la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel amenaza bajarlo al segundo escalón del podio”, expusieron en el informe.

Esto que plantean refiere al "protagonismo de Patricia Bullrich y Luis Petri" durante el macrismo, "una como ministra de Seguridad, el otro desde el Congreso Nacional", quienes hoy están a cargo de las carteras de Defensa y Seguridad respectivamente, en el marco de la "la alianza del PRO con La Libertad Avanza".

La doctrina Chocobar recargada

El mismo día de la presentación del archivo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó en la ciudad de Rosario la resolución 125/2024, que consiste en un nuevo reglamento referido al uso de armas letales y no letales por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Por esta nueva medida, los efectivos podrán disparar en defensa propia o de terceros, para detener a quien oponga resistencia, para impedir la fuga y dentro de los lugares de detención en defensa propia o de terceros.

Ante el necesario empleo de armas, los efectivos “deberán identificarse como tales e intimar de viva voz a cesar la actividad ilícita” exceptuando el cumplimiento de este requisito cuando “resultare evidentemente inadecuada o inútil”, dejando la potestad a consideración del efectivo.

Entre otras excepciones está aquella situación en que “incremente el riesgo de muerte o de lesiones graves a otra persona” por parte de un agresor; cuando “se pusiera indebidamente en peligro la integridad física o la vida de los propios funcionarios”; cuando “expusiere la ubicación de un integrante o más efectivos”.