El miércoles 4 de febrero, durante la movilización en defensa del agua, detuvieron a 9 manifestantes. Ya son 32 los detenidos/as, desde que las y los mendocinos comenzaron a marchar -en diciembre, tras la aprobación del proyecto minero San Jorge-, en la localidad de Uspallata, KM0.

Testimonios en primera persona y registros audiovisuales muestran que se están usando las inmediaciones públicas como centros de detención. En enero, se usó la legislatura, el miércoles, la Dirección de Turismo.

Según informan los manifestantes, el amedrentamiento es porque la minera San Jorge, la misma a la que le licitaron la Declaración de Impacto Ambiental, no tiene amparo legal para la exploración de cobre, violando lo estipulado en la Ley 7.222.

“Otra vez la policía uniformada estaba sin identificación, otra vez se excedieron en el uso de la fuerza... Incluso la fiscal se asombró de que los trajeran detenidos cuando no había ni una orden ni una imputación formal”, describe en la crónica para Anred, Eugenia Segura.

Los 9 procesados, liberados el sábado 7, fueron: Leandro Cid, Luis Mauricio Abatte, Federico Julián Echevarria, Pablo Rámirez Perez, Nahuel Rodríguez, Leandro Ezequiel Ruiz, Hueique Lautaro Rodríguez, Nahuel Braian Basualdo y Mario Lara.

El miércoles 11, será clave qué futuro le depara a la ciudadanía mendocina, cuando se vote, en el Congreso, a favor o en contra de la reforma de la Ley de Glaciares, el cambio del uso del suelo y la compra-venta de tierras a extranjeros.