El proyecto de baja en la edad de imputabilidad podría tratarse en la cámara baja en el próximo mes. La campaña del oficialismo para impulsar un nuevo régimen penal juvenil llevaría a prisión a niñxs de 15 años. El año electoral trae consigo el desbarranco político, económico y social de proyecto cambiemita, y el oficialismo tira de demagogia punitiva para homogeneizar a su electorado.
Con el apoyo explícito de Mauricio Macri el oficialismo está impulsando el nuevo Régimen Penal Juvenil que prevé entre otras cosas, bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años. Al inicio del período legislativo, el oficialismo ingresó el proyecto a la cámara baja, que se discutiría en la comisión parlamentaria de Legislación Penal, Familia y Presupuesto.
Numerosas organizaciones sociales y organismos en defensa de los derechos de los niños vienen denunciando que esta campaña del gobierno no responde a la problemática real de la juventud que delinque, cuyo porcentaje de criminalidad es además muy bajo.
Según datos del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, "apenas el 3,2 % de las acusaciones fueron contra jovenes que no alcanzaron la mayoría de edad" del total de procesos penales llevados a cabo en 2018 en esa ciudad.
Al desbarranco político del oficialismo se suma la catástrofe económica cuyos indicadores marcan el sinuoso camino al default, los índices de hiperinflación trasladado a los precios ha licuado los salarios y arrojado a 2,7 millones de argentinos a la pobreza sumando un total de -según cifras del INDEC-, 14 millones de personas bajo la línea de miseria. Con este panorama el gobierno necesita homogeneizar un electorado disperso y ordenar filas de cara a octubre.
En este marco es evidente que la demagogia punitiva, la autonomía de las fuerzas armadas, la represión a la protesta y la criminalización de la pobreza y la infancia, juegan un rol claramente electoral, que abonan las ínfulas represoras del núcleo duro macrista de cara a octubre, en un clima de militarización creciente y persecución a todo el arco opositor.
Es para estudiantes que no cuentan con obra social o cobertura en salud mental a través de sus prepagas. Los cupos son limitados y se priorizará a personas de la población LGBTTIQNB+
Según la periodista Luciana Bertoia, la ministra de Seguridad busca sacar a los represores del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza con el objetivo de trasladarlos a la Unidad 34 de Campo de Mayo, señalada por organismos de Derechos Humanos como una "cárcel VIP".
Conversamos con Adriana Revol, referenta del Movimiento Anticarcelario de Córdoba, quién pone en duda que la adhesión provincial a la resolución promovida por la ministra Bullrich, solucione la crisis de un sistema carcelario cotidianamente denunciado por violaciones a los DDHH de las personas privadas de la libertad
