La madrugada del 24 de marzo, el comandante Juan Bautista Sasaiñ y el general Luciano "Cachorro" Menéndez, tomaron el control de la Región III del país, correspondiente a la provincia de Córdoba y celebraron el triunfo con un baño de sangre: la masacre de la UP1.

Aunque las requisas nocturnas y los secuestros realizados bajo la luz tenue de los faros de autos sin patente ya eran cotidianas en Córdoba -y en todo el país- desde hacía al menos dos años atrás, a partir de marzo del '76 los represores contaban con un amparo legal, una justificación política y aún divina del genocidio que ya habían comenzado a implementar.

Con la "Ley de Fugas", la actuación de los escuadrones de la muerte clandestinos sería menos necesaria, -aunque continuaría muy activa-, ya que con el testimonio de cualquier integrante de las Fuerzas Armadas o de seguridad, bastaría para justificar judicialmente una matanza, para darle sustento legal. Así lo hicieron apenas pasado un mes del golpe. Entre abril de 1976 y julio de 1978 fueron asesinados con el argumento de "intento de fuga", 29 presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de Barrio San Martín.

Alguno de los más de 800 presos que pasaron por ese centro de detención logró escapar con vida para contar el horror. Según se pudo saber años después, en la madrugada del 30 de abril del 76, el general Juan Bautista Sasaiñ se dirigió al pabellón de "subversivos" y dijo: "Les vengo a comunicar que todos ustedes están condenados a muerte. Pero no se pongan contentos, pues morirán uno a uno muy lentamente, de manera que se arrepientan de haber nacido". Luego ordenó comenzar los fusilamientos.

En el libro "Por la memoria, por la justicia, por un sueño" publicado por familiares y sobrevivientes de la UP1, se describe cómo se puso a andar aquella maquinaria de muerte.

"Los primeros fueron Eduardo Daniel Bartoli, Jorge García, Raúl Guevara, Daniel Juez y Diana Fieldman. Luego, en junio, fueron retirados de la cárcel por personal militar, Claudio Zorrilla, Miguel Ángel Barrera, Esther María Barberis y Mirta Abdón. Fueron llevados hasta los terrenos posteriores a la Ciudad Universitaria.

Atadas las manos con alambre y obligados a correr, mientras los asesinos los iluminaban con luces de bengala al tiempo que descargaban sobre ellos sus ametralladoras. El dantesco escenario fue descripto por los testigos, obreros nocturnos de Corcemar, “de cuerpos chocándose entre sí, ya que tenían vendados los ojos. Gritaban horrorizados”.

La lista completa de fusilados:

Eduardo Daniel Bartoli, Miguel Ángel Mozé, José Alberto Svagusa, Luis Ricardo Verón, Eduardo Alberto Hernández, Diana Beatriz Fidelman, Ricardo Alberto Yung, Carlos Alberto Sgandurra, José Ángel Pucheta, Claudio Aníbal Zorrilla, Miguel Ángel Barrera, Mirta Abdon, Esther María Barberis, Marta Rossetti de Arqueola, José Cristián Funes, Raúl Augusto Bauducco, José René Moukarzel, Miguel Hugo Vaca Navaja, Higinio Arnaldo Toranzo, Gustavo Adolfo De Breuil, Ricardo Daniel Tramontini, Liliana Páez, Florencio Esteban Díaz, Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Óscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos y Marta González de Baronetto.

Los fusilados que viven

Además de La Perla, La Ribera y el D2, en Córdoba hubo decenas y decenas de centros clandestinos. Algunos han sido recientemente recuperados, como la Imprenta del Pueblo Roberto Matthews, otros esperan, esparcidos por el territorio, a que la sombra del olvido les permita seguir agazapados, mudos al reclamo de memoria, verdad, justicia y reparación.

Los represores no se arrepintieron nunca del horror que sembraron, el terreno más fértil para su justificación histórica es el de la amnesia colectiva, el del olvido o la tergiversación, tan tristemente de moda en estos tiempos.