El Comité de los Derechos del Niño determinó que el Estado paraguayo es responsable por la muerte de las niñas de nacionalidad argentina, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas de 11 años, asesinadas durante una operación militar en el año 2020. Sin embargo, el Comité no se pronunció respecto a una tercera adolescente desaparecida luego de los hechos, "Lichita" Villalba.

“Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado” expresó el Comité. Y luego añadió: "Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes”.

Según la información recibida por el Comité, las dos jóvenes fueron asesinadas en Yby Yaú, Departamento de Concepción, a principios de septiembre de 2020. Los dos cuerpos fueron enterrados apresuradamente y las autoridades afirmaron, en un inicio, que tenían 15 y 18 años. Sin embargo, luego se comprobó que su edad era de 11 años.

La ONU le exige a Paraguay concluir la investigación sobre los hechos con ayuda de expertos internacionales; fortalecer el marco jurídico y llevar ante la Justicia a los responsables de estos crímenes.

El gobierno de Paraguay, por su parte, negó las acusaciones y afirmó que las fuerzas de seguridad actuaron en "legítima defensa".

La familia Villalba

Las niñas pertenecen a la familia Villalba, integrada por históricas militantes políticas paraguayas que hace años denuncian persecución, prisión política y violación sistemática a sus derechos. La Gremial de Abogados, defensora de la familia, caracterizó el dictamen final del Comité como "un golpe al Estado infanticida paraguayo".

Luego del hecho en 2020, el Estado argentino, gracias a la presión de la Gremial y las organizaciones integrantes de la Campaña "Eran niñas, aparición con vida de Lichita", otorgó refugio político a integrantes de la familia. Pero la nueva administración nacional les quitó tal estatuto el año pasado.

"La cancelación de los refugios fue en violación flagrante de la normativa internacional", acusaron desde la Gremial en un reciente comunicado publicado en sus redes.