Luego de un minucioso trabajo colaborativo entre militantes de Derechos Humanos, periodistas, fotógrafos y peritos científicos, el Mapa de la Policía (integrado en esta investigación por la Revista Crisis, ARGRA y CELS) identificó al Cabo Primero Guerrero, que pertenece a la unidad móvil #6, de la Sección de Empleo Inmediato (S.E.I.), como autor material del disparo realizado con una escopeta lanza gas, el pasado miércoles en la cruenta represión policial, durante la movilización en defensa de las y los jubilados.

La investigación realizada desde la red de cuidados contra la violencia institucional, detalla la cadena de mando responsable del crimen de Estado. Guerrero, quién disparó a contramano de lo indicado por el reglamento, responde al Jefe del Destacamento Móvil 6, el Comandante Mayor Héctor Ferreira, quién a su vez reporta al Jefe del Comando Región I de la Provincia de Buenos Aires, el Comandante General Marcelo Fabián Porra Melconian. Según la denuncia, “todo el operativo contó con la aprobación y supervisión del Director Nacional de la Gendarmería, Comandante General Claudio Miguel Brilloni, quién estuvo presente en la represión”.

“Es evidente que el tiro de Guerrero que impactó en la cabeza de Pablo no fue un hecho aislado. Los disparos realizados de modo horizontal transgrediendo todos los manuales y protocolos son reiterados y sistemáticos”, expresaron desde el Mapa.

En la reconstrucción del hecho, el equipo investigador sincronizó videos e imágenes de drones de los canales TN y A24, y fotografías de Página 12 y del fotógrafo Kaloian Santos. Gracias a este material se pudo contar con más tomas del cordón represivo formado por efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, alineados en torno a dos carros hidrantes al momento de los hechos.

Al sincronizar los videos y la información de las imágenes, los denunciantes advierten la coincidencia del disparo, el movimiento del chorro del hidrante y un disparo posterior que rebota en el piso. Según señalaron en sus redes, la imagen clave llegó desde un dron de TN, donde se captura a la distancia la escena del disparo, mostrando al tirador en el preciso instante que lanza el proyectil. “La posición coincide con la señalada por nuestros peritos”, acusan.

Bullrich promete cárcel y represión

A su vez, la organización señala que Patricia Bullrich es la responsable política del operativo y de su posterior encubrimiento. El mismo día de la agresión al fotógrafo, la ministra mintió al decir que “el joven estaba detenido” y al expresar que “las armas se usaron según los manuales”.

En el día de ayer, emitió nuevas declaraciones justificando su accionar. “Cuando uno toma una decisión, y ese día las fuerzas federales y las de la Ciudad trabajamos codo a codo, luego hay que bancar. No vale correrse”, expresó en La Nación+. Y agregó: “Todos los gendarmes tiran como tienen que tirar”.

En la publicación del ataque a Grillo, las y los investigadores reiteraron la importancia de los aportes fílmicos y audiovisuales compartidos por la comunidad en internet. En ese sentido, expresaron: “Una vez más queda demostrada la potencia de lo colectivo en la construcción de la verdad histórica. Las mentiras del poder se desmoronan cuando la ciudadanía se activa”.

Para este miércoles, se espera una nueva concentración en defensa de las y los jubilados frente al Congreso de la Nación, donde el pedido de renuncia de la ministra Bullrich y la consigna de “justicia por Pablo Grillo” serán las protagonistas. La misma tendrá su réplica en Córdoba y en otras ciudades del país.

La ministra, responsable de los asesinatos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ivo Torres y Fernando Gómez, entre otros, prometió endurecer el protocolo que ya tuvo su primer herido de gravedad en C.A.B.A. el pasado miércoles. Por lo que se deduce que volverá a reprimir frente al Congreso pasado mañana.

Por si fuera poco, la funcionaria presentó el proyecto de una nueva normativa, denominada “Ley Anti Barras”, donde se considera a las supuestas barra bravas como asociaciones ilícitas. Lo que habilitaría a las fuerzas represivas detener y posteriormente privar de su libertad a quienes el Gobierno considere como “barras”. Es decir, jubilados con remeras de fútbol e hinchas no necesariamente alineados a las barras bravas de sus clubes, las cuáles ni siquiera se encontraban presentes el día de la represión.

En un intento de disciplinar a través del castigo y la persecución, la ley también apunta contra los dirigentes de los clubes, a quiénes se sancionaría con penas de hasta seis años de presión en caso de que faciliten entradas o mantengan vínculos con personas que la gestión nacional entienda como violentos.

Foto de portada: Kaloian Santos para El Destape