A casi cuatro meses de la represión frente al Congreso, Gendarmería cerró el sumario 01/25, al que accedió la Justicia tras un allanamiento. Concluyó que el cabo Héctor Guerrero no tuvo responsabilidad disciplinaria y atribuyó el disparo que dejó a Grillo en estado crítico a la “imprudencia” de la víctima por estar “en la línea de fuego”.

La investigación interna fue una puesta en escena: se abrió el 17 de marzo y se cerró en 48 horas. El comandante Adrián Barressi solo tomó testimonio a personal propio y concluyó que el operativo fue “profesional” y “ajustado a reglamento”. Incluso tras nuevas pruebas en abril, Gendarmería ratificó su versión y cerró el expediente sin cambios ni sanciones.

La versión oficial afirma que la granada de gas que hirió a Grillo rebotó dos veces antes de impactar su cabeza. Las pruebas en la causa penal son contundentes: pericias médicas confirmaron lesiones “de graves a gravísimas”, con riesgo real para la vida de Grillo.

Sin embargo, videos aportados por la Gendarmería muestran a Guerrero disparando en línea recta y a corta distancia, violando las normas internas sobre armas no letales. A pesar de esto, Guerrero sigue en funciones y nunca fue citado a declarar en la Justicia.

La querella, integrada por el CELS y la LADH, denunció que el sumario no fue una investigación sino un blindaje institucional. “El objetivo no fue investigar seriamente si hubo abusos o identificar responsabilidades, en particular la de Guerrero, sino construir un relato cerrado, endogámico y corporativo pensado para garantizar la impunidad”, advirtieron.

El 6 de junio, la querella volvió a solicitar que Guerrero sea citado a indagatoria por tentativa de homicidio agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La jueza María Servini todavía no resolvió. Mientras tanto, Grillo sigue en terapia intensiva. Guerrero, en cambio, sigue libre y operativo.