Tras un acalorado debate parlamentario, el Congreso del Estado Español sancionó una nueva Ley de Memoria Democrática que busca profundizar la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La iniciativa fue aprobada con 173 votos a favor de los diputados del PSOE, Unidas Podemos, Más País, los nacionalistas vascos del PNV y EH - Bildu. Hubo 159 votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos y 14 abstenciones impulsadas por Esquerra Republicana de Catalunya.

Esta nueva ley prevé la creación de un Banco Nacional de ADN para cotejar muestras entre familiares y restos hallados en las miles de fosas comunes que hay en todo el territorio español, con el fin de exhumar y restituir los restos de las víctimas del franquismo a sus familias. Otra novedad es que se impulsará un Censo de Víctimas que abarca también a quienes fueron asesinados después de terminada la guerra en 1939 y hasta la llegada de la democracia en 1978.

Además, el texto plantea por primera vez una condena taxativa al régimen franquista y al golpe de estado que dio origen a la guerra civil. Alienta la extinción de las fundaciones que exaltan el régimen fascista, deroga los títulos nobiliarios concedidos por Franco a su generalato (el ducado de Mola y de Primo de Rivera por ejemplo), garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el 36 y el 78 entre otras muchas novedades con respecto a la Ley de 2007.

ERC por su parte criticó que la nueva ley no incluya la derogación de las Leyes de Amnistía, dictadas en 1977 por el franquismo para blindarse contra futuras causas judiciales por delitos de lesa humanidad. "Con esta ley la herida sigue sangrando. Estamos muy lejos de una reparación justa a las víctimas" declaró la portavoz del grupo catalán.

Por su parte la derecha y la extrema derecha rechazaron en bloque la Ley. El presidente del bloque del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a derogar cuando llegue a La Moncloa. “En estas condiciones, ni es memoria ni es democrático. Se trata de un episodio indigno de nuestra democracia”.

Mucho más beligerante se mostró el portavoz de la extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, quien argumentó que "Ningún partido que se vincula con Bildu puede tener credibilidad en materia de memoria democrática" y planteó que la única "reconciliación" fue planteada por el mismo régimen franquista en 1939. Se espera quede las organizaciones de extrema derecha impulsen un acto reivindicando el golpe de estado del 36 el próximo 18 de julio, cuando se cumplen 86 años del levantamiento.