El fotógrafo fusilado el pasado 12 de marzo continúa internado en el Hospital Ramos Mejía a la espera de una mejora para su alta. Por ahora no será intervenido, y los médicos intentan controlar el cuadro de hidrocefalia mediante punciones.

Mientras tanto, la causa judicial que investiga la represión frente al Congreso empieza a moverse. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, solicitó nuevas medidas de prueba para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Se volvió a requerir el legajo del cabo primero Héctor Guerrero, identificado como quien disparó la granada de gas lacrimógeno que impactó en la frente de Pablo. Además, se pidió que el Ministerio de Seguridad de la Nación entregue las actuaciones administrativas iniciadas contra Guerrero, según lo declarado por la ministra Patricia Bullrich. El plazo para entregar toda esta documentación vence este miércoles 22 de mayo.

La jueza también ordenó identificar a otro efectivo señalado en la represión: un agente con casco rotulado como “Picha”, mencionado por la Comisión Provincial por la Memoria como figura clave en el operativo.

Es la segunda vez que la jueza Servini accede a investigar formalmente el accionar de Guerrero, a partir de los pedidos realizados por la querella que integran la familia de Pablo, el CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

El caso avanza, pero la herida sigue abierta. La búsqueda de justicia continúa, con la misma fuerza que Pablo sigue peleando por su vida.