Los avances tecnológicos en materia de salud a lo largo de la historia fueron contra gradiente de los derechos humanos. Desde los ensayos quirúrgicos de los ginecólogos en mujeres, negras y esclavas en el siglo XIX; pasando por los experimentos médicos en los campos de concentración nazi o japoneses durante la Segunda Guerra Mundial; hasta los tratamientos de la inducción mental del Proyecto MK Ultra, en 1953. Todo por el “progreso”.
La ciencia y el capitalismo entendieron los dos factores claves para que dicho “progreso” funcione. El primero fue que las sociedades se ordenan en función de las necesidades de supervivencia y del excedente que es el deseo de algo más. El segundo fue que de lo único que no se puede escapar es de la enfermedad y de la vejez. Lo demás oscila entre la ilusión social de regresar a un “pasado perdido”, y la repetición sintomática propiamente dicha.
Lo particular es que quien repite es el sujeto, no el conjunto social. Por eso la historia no se repite a sí misma, sólo es alusiva. Sin embargo, la realidad existe y se manifiesta en los efectos concretos de las cosas, como la economía, la cultura y la ideología política.
“Hay que retroceder cien años”, profetizaba el presidente por cadena nacional, en diciembre de 2024; “idiota, débil mental e imbécil” fueron las categorías clínicas recomendadas para validar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D), en febrero de 2025.
“Se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a otorgar, en las condiciones que fije la reglamentación, una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión e imposibilitada para trabajar”, describe el boletín oficial.
La modificación del acceso a la atención en salud para las personas con discapacidad quedó fijada de la siguiente manera: “tiene que verse, parecer y actuar como un discapacitado”.
Asimismo, la justificación de las categorías mencionadas fueron porque “históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual”. Las mismas continúan en el boletín, luego que desde la Agencia Nacional de Discapacidad se “disculparan”, no así en los manuales diagnósticos.
Es menester dejar asentado que toda discusión y crítica sobre las categorías clínicas dependen más de quien pone la etiqueta que del manual en sí. Por lo mismo, si el tiempo es una magnitud del espacio, el capitalismo es la creación de la exclusión y de la diferencia.
Desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, la crítica a los baremos que disponían quienes si y quienes no ingresan dentro de la “norma”, fueron modificando las lecturas que se tenían sobre los usuarios con discapacidad.
La discapacidad pasó de enmarcarse dentro de un modelo biomédico a un modelo social, desde 1980. Es decir, se pasó de entender a la discapacidad ya no como un problema individual, sino como parte de un entramado social excluyente y capacitista.
“Mike Oliver en 1998, comprende el concepto de discapacidad como una forma de exclusión y opresión generada por la sociedad capitalista. Entonces, si el Estado es quien nos debe garantizar nuestros derechos, ¿por qué termina por invisibilizar y postergar la agenda en asuntos de discapacidad?”, interroga la psicomotricista, Sofía Enrico.
Sofía, quien estuvo en conversación con Enfant, entiende muy bien la encrucijada en la que se encuentra como trabajadora del sistema de salud público, ya que se especializa en acompañar de manera integral a personas con discapacidad.
Por lo general, se obvia que el personal de salud también es usuario del servicio, viéndose afectado en, cómo los determinantes sociales de la salud performan y moldean, qué, cómo y hasta dónde puede acceder un sujeto según su nivel socio-económico.
Entonces, ¿cómo brindar un acompañamiento integral, cuando el trabajador también está desprotegido o expuesto a los riesgos de la explotación laboral, salarios que no alcanzan la canasta básica y con un sistema de salud público desfinanciado?
“Las falencias de administrar los recursos para garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad, es una violencia explícita para la sociedad que es sentido e impacta en las corporalidades de quien lo necesita y para el entorno cercano en situación de discapacidad”, comenta Enrico.
Estos determinantes no definen las condiciones de vida per se, las pone en contexto. Las limitaciones de quien vive con una discapacidad se deben más a las barreras que se les presenta, que por sus características orgánicas. Por lo tanto, si una persona con discapacidad deseara desarrollar su vida con “normalidad”, se encontraría de entrada que la misma sociedad se desentiende de los cuidados que requiere. Más cuando la estructura política y económica depende de un Gobierno Nacional que ve a la salud como un gasto deficitario.
“En este sentido, se ha propuesto que la discapacidad no es un resultado, sino parte del proceso de exclusión, enfatizando el alcance de las representaciones simbólicas de la discapacidad como origen de las desigualdades”, describe el kinesiólogo e investigador, Mauro Tamayo.
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, en septiembre de 2024, a través del decreto 843/2024, estableció el recorte de las pensiones a todo usuario que tenga trabajo. En febrero de este año, el director de la ANDI, Diego Spagnoulo, dictaminó un baremo donde la tasa de incompatibilidad subió en un 66%.
A su vez, desde la Agencia enviaron 400 mil cartas, notificando que quienes no asistan a la auditoria con los documentos correspondientes, dejarían de percibir el C.U.D. Todo con el objetivo de recortar en un 40% a los beneficiarios del subsidio. Lo que no hizo más que acrecentar la desigualdad, la discriminación y las barreras de acceso al sistema de salud.
Ante este panorama, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, presentó un proyecto de ley en el Congreso para declarar la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
“Supongamos que una persona de 18 años, termina el secundario, posee C.U.D, comienza la búsqueda laboral donde es rechazado una y otra vez. ¿Es un problema individual o colectivo? Me detengo sobre la autodeterminación como la capacidad de tomar decisiones en relación a quiénes somos y qué deseamos ser, sin caer en la trampa de ser seres autónomos”, comenta Sofía.
La emergencia declarada no fue sólo para las personas con discapacidad, aunque sea el sector más afectado, sino que el desmantelamiento del sistema de salud en general se encuentra en estado de emergencia. Ejemplo de ello fue desvincular vía decreto la triangulación de aportes, donde al trabajador registrado se le descontaba entre un 5 a un 10% de su sueldo bruto, en pos de acceder al servicio público o privado de salud.
No sólo que esto no trajo ningún beneficio a los trabajadores, sino que el veto favoreció a las prepagas que aumentaron las cuotas en un 290% en el lapso de un año y medio. Mientras que los sueldos están congelados desde 2023.
“No es un problema de los profesionales o prestadores, es un problema de derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, si no se resuelve, afectará significativamente a todo el sector”, alertan desde la Asociación de Trabajadores de Inclusión.
La discusión hace rato dejó de ser si tomar o no los medios de producción y reformar el sistema capitalista. Lo que está en juego en estos momentos es que, si el capital acapara todos los niveles de los determinantes sociales, al menos que la salud sea considerada un servicio al cual los trabajadores puedan acceder y no un negocio donde el costo sea la salud en sí misma.
De lo contrario, esto no sólo continuará agravando los riesgos y barreras para acceder al sistema de salud para los usuarios con discapacidad, sino que además, deja entrever que para el Gobierno Nacional la salud representa un costo y para las prepagas una mercancía.
Foto de portada por Julio Pereyra
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