Entre el 2016 y 2017, según el Barómetro de Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) sólo el 35% de niñxs en Argentina tenía garantizada la alimentación. Con un salario mínimo de $10 mil y una canasta básica que en Ciudad de Buenos Aires ronda los $20 mil, las cosas no parecen más alentadoras. A esto hay que sumar la relación que tiene el hambre, la desnutrición y la violencia.

"Con hambre no se puede pensar"

En un estudio de la Universidad de Texas, en la ciudad de Dallas, se comprobó que más del 35% de encuestadxs que padecieron hambre sistemático durante su infancia estuvieron involucrados en problemas de violencia interpersonal. Por otro lado, sólo el 15% de encuestadxs que no pasaron hambre reportó haberse involucrado en casos de violencia.

Por otro lado, Gesch et al (2002) comprobaron que la influencia de suplementos de vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales podía llegar a reducir, en promedio, el 35% de las ofensas cometidas por presos. Esto se condice con un estudio del 2009, llevado a cabo nuevamente sobre presos de entre 18 y 25 años, donde se volvió a plantear una vinculación entre el efecto de los suplementos nutricionales sobre la agresión y la adecuación a las normas.

Localmente, en Argentina, según el informe “Infancias con derechos postergados” del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la situación de inseguridad alimentaria afectaba en 2015 al 19,5% de la infancia y adolescencia urbana y al 7,7% en niveles graves.

En el 2015, 1 de cada 5 chicxs sufrió hambre sistemático por inseguridad alimentaria. Entre el 2016 y 2017, según el Barómetro de Infancia de la UCA, hoy el 70% no tiene garantizada la comida.

Pasamos de 1 de cada 5 chicxs en el 2015 con inseguridad alimentaria... a 2 de cada 3 chicxs con inseguridad alimentaria en el 2017.

El hambre es política de Estado

La realidad socioeconómica de Argentina puede resultar vertiginosa para más de unx. Es innegable cuando la inflación es más alta que el cierre de las paritarias, cuando una canasta básica en la ciudad capital del país es el doble que el sueldo mínimo actualmente.

El problema es que no se puede solucionar el hambre cuando el mismo Estado está de garante de la condición de pobreza. Cuando el dólar sube a $30 y la inflación gira en torno al 30%, pagar $90 millones a CONIN -la cooperadora de Abel Albino- es lógicamente correcto, pero políticamente disonante.

Cuando una mala administración política -que de tanto en tanto levantan muertos congelados que hacen hablar en televisión- intenta resolver el problema del hambre generando más hambre, estamos frente a una lavada de cara importante.

Ojo al piojo, no me refiero a que sea una lucha a renunciar. Todo lo contrario: me refiero a que, en este (ausente) plan de gobierno, luchar contra el hambre sistemático y la desnutrición me recuerda a ese meme donde un nadador se tiraba agua en la cara con una botella... estando dentro de una pileta.

Sólo apunto a que, desde una perspectiva basada en evidencia, se podría llegar a la conclusión de que uno de los mejores modos de reducir la inseguridad es través de la mitigación del hambre sistemático... pero hay algo que muchxs saben, otrxs se indignan y otrxs imploran: este plan de gobierno cierra con balas, no con ollas populares.

Hace un tiempo, un recurso discursivo se expandía por todos lados: la figuración de un 'cambio' posible. El problema del cambio es que es muy similar al de la muerte: cuando tocan la puerta, nunca sabes qué te vas a encontrar del otro lado. Hoy el hambre abre la puerta sin hacerse esperar.