Discapacidad en alerta: recortes de políticas públicas y vulneración de derechos

Personas con discapacidad, familiares y acompañantes denuncian el desmantelamiento del sector a un ritmo catastrófico en los primeros diez meses de gobierno de Javier Milei.

Por Bahía Luz De Palma y María Lozada Fernández para Enfant Terrible

Este miércoles 20 de noviembre, personas con discapacidad, familiares, profesionales de la salud y transportistas, convocan a una nueva marcha en la sede de la Administración Provincial de Seguros de Salud (APROSS), desde las 9 y 30, para denunciar el ajuste por parte del gobierno de Javier Milei y la desmejora de los aranceles de las y los prestadores.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad nuclea la organización a nivel federal y un conjunto de consignas que demandan el reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad, el respeto por el desarrollo y la inclusión social.

Durante los últimos meses, el Gobierno nacional anunció una serie de recortes que restringen los accesos a terapias, transporte, medicamentos y apoyos, poniendo en alarma al amplio sector que trabaja con personas con discapacidad. 

Julia Dominguez, psicopedagoga e integrante de la Asamblea Trabajadores de la Inclusión de Córdoba (ATI), consultada por la situación laboral de las y los prestadores, puntualizó que los aumentos en septiembre fueron del 1%. La actualización de honorarios significó en el caso de las integradoras tres mil pesos, contra una inflación que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) superó el 100% en los últimos diez meses.

“Un año más con aumentos como los de los últimos seis meses y desaparece el sector de discapacidad. Las colegas no pueden sostener este trabajo”, denunció Julia. 

Además, explicó que en este contexto de vulnerabilidad social, “es necesario empezar a considerar todas las situaciones discapacitantes por razones económicas”.

Otro de los reclamos es por el incumplimiento de la ley 26.816 de Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, que establece que las instituciones del Estado deben cumplir con cupo laboral del 4%. Desde la asociación civil APADIM, institución que cuenta con una escuela como así también un centro de orientación laboral para jóvenes, denuncian que la norma solamente “promueve” pero no efectiviza su aplicación.

Foto: LNM

Desfinanciamiento progresivo

En julio, a través del Decreto 585/2024, se dispuso el traslado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio de Salud, lo que implica un cambio de paradigma.

Este decreto impone un modelo médico enfocado en la “rehabilitación” de las personas y deja atrás el enfoque social, que visualiza la discapacidad como resultado de barreras sociales y ambientales, contemplado en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad desde 2007. 

El desplazamiento significa, según Juan Manuel Guardatti, activista disca y estudiante, un cambio “en el paradigma desde donde se aplica una política pública”, limitando su alcance al no promover Derechos Humanos como el acceso a la educación, el empleo y la participación social.

En la misma línea, en septiembre, la gestión libertaria modificó mediante el Decreto 843/2024, los requisitos para acceder y mantener la Pensión no Contributiva por Invalidez. Estableciendo que “solo las personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica podrán acceder a la pensión”.

Para el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las nuevas imposiciones son un retroceso, ya que se vuelve al criterio de “invalidez laboral” dejando de lado la posibilidad de un desarrollo profesional con un apoyo económico para acceder a las terapias.

El decreto no contempla la dificultad de las personas con discapacidad para acceder a un trabajo que le permita condiciones dignas de vida. En este sentido, Juan expresó que muchas empresas “no se animan” a contratar formalmente a “personas discas” porque “supondría un aumento del costo en la seguridad social”. 

“Por eso existe la pensión por invalidez, ya que se sabe que las personas con discapacidad son más propensas a perder los puestos de trabajo”, destacó. 

Foto: LNM

Sobre el mundo laboral 

El Informe Alternativo sobre la situación de las personas con discapacidad en Argentina publicado en el año 2023 revela que existen 190 jurisdicciones ministeriales y organismos descentralizados que deberían aplicar el cupo laboral para personas con discapacidad. 

Los datos recabados indican que sólo 25 instituciones cumplen con el cupo y ninguna de las 43 universidades nacionales respeta la normativa. 

El Centro de Orientación Laboral (COL) de la asociación civil APADIM Córdoba es una de las pocas experiencias que apunta a la formación para jóvenes desde una perspectiva de Derechos Humanos y el Modelo Social de Discapacidad con una trayectoria de 10 años.

Vanesa Graff, directora del COL y licenciada en Terapia Ocupacional, dijo a este medio que “el cupo es algo que, como dice la ley, promueve, pero no está controlado”, y además indicó que no hay sanciones ante el incumplimiento. 

Consultada por la aplicación del cupo a nivel provincial, Constanza Luna, trabajadora social e integrante del equipo aseguró que de las 35 personas que participan en el programa “una sola persona trabaja en el Estado y el resto en empresas privadas”. 

Respecto a la dificultad para acceder a un trabajo digno y los recortes en las Pensiones por Invalidez agregó que “las personas quedan en una total vulnerabilidad”. Y que, ante esta situación, la institucionalización termina siendo una de las pocas alternativas de contención para las personas con discapacidad.

La propuesta de los organismos responsables

En relación a la propuesta oficial de aumento para los aranceles prestacionales para transportistas por parte de la APROSS, Aida Insaurralde, presidenta de Asociación Civil de Traslado de Discapacidad (ACTDIS), indicó que “el ente paga a sus prestadores a 60 días, y los aumentos fueron del 1% en octubre, luego un 0,8% y para diciembre 0,5% sobre el valor del km de Nación” que asciende a $529.49.

En nuestra Provincia, APROSS tiene “un valor del km $434.67 con una retención del 4% quedando el valor real del km a $417.28”.

En la destrucción de políticas públicas y la desfinanciación de la salud juega un factor común: el impulso de la venta de servicios por parte de empresas privadas. 

Para Julia, profesional de la salud, en el último tiempo “creció el negocio” de las Empresas de Medicina Prepaga. Sobre el servicio que ofrecen, detalló que la cuota mensual sólo cubre al usuario la mitad de la consulta y agregó que el monto que se le paga al profesional “no llega al mínimo ético”. 

En los últimos diez meses sucedió un desmantelamiento acelerado de políticas, aunque los recortes en el sector no son visualizados como novedosos, ya que sus protagonistas aseguran que el colectivo es históricamente relegado. 

Si bien desde 2007 Argentina adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este convenio es sistemáticamente ignorado por los sucesivos gobiernos. 

En diciembre del año pasado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló, nuevamente, una serie de preocupaciones y recomendaciones hacia el Estado para fortalecer la implementación de las políticas públicas y garantizar derechos. 

Entre ellas, se encuentra el cuestionamiento a la persistencia del modelo médico en la legislación y las complicaciones burocráticas, respecto al acceso de las prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral y el sistema de certificación de la discapacidad.

Así mismo, y como sucede con otras políticas públicas, el Comité expone que muchas prestaciones sociales fueron eliminadas debido a las medidas adoptadas por el Estado para reducir el déficit del presupuesto, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 

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