Por Milagros Rizzo para Enfant Terrible

Las redes sociales han transformado profundamente la circulación y el consumo de información. Hoy, tanto ciudadanos como figuras públicas pueden difundir mensajes sin depender de los medios tradicionales, lo que, siguiendo el espíritu del derecho a la comunicación, permite la expresión de más voces. Sin embargo, esto también genera desafíos sobre la calidad de los contenidos, la viralidad de mensajes agresivos o engañosos, y los límites de la libertad de expresión.

Para abordar estas cuestiones, entrevistamos a Diego De Charras, docente e investigador en derecho a la información y políticas de comunicación, y actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sus reflexiones problematizan los derechos, responsabilidades y límites de comunicar, así como el rol del Estado, en un contexto marcado por la desinformación, la falta de ética en la comunicación y la influencia de los algoritmos en la difusión de mensajes.

Milagros Rizzo (M.R): Con las redes sociales, la comunicación dejó de estar exclusivamente ligada al ámbito de periodistas o medios; hoy, tanto ciudadanos como figuras políticas, por ejemplo Lilia Lemoine, pueden difundir sus discursos de forma directa y masiva. ¿Consideras que este cambio debería motivarnos a repensar el derecho a la comunicación?

Diego De Charras (D.D.C): El cambio tecnológico siempre trajo aparejadas modificaciones en las dinámicas de funcionamiento de la producción informativa y del rol periodístico. Ahora bien, el derecho a la comunicación es una expresión basada en principios de derechos humanos, de algún modo independiente de la tecnología aplicada. En ese sentido, en tanto formulación de derechos, no necesita ser revisada.

El derecho a la comunicación es una formulación que involucra a los derechos vinculados a la expresión de las personas; a lo que solemos conocer como derecho a la libertad de expresión; al principio de que el Estado no abuse de su poder cercenando la voz de la ciudadanía o absteniéndose de impedir, cercenar, molestar o entorpecer la producción informativa, la expresión de las personas. Pero también lo que busca pensar el derecho a la comunicación es de qué modo el Estado tiene un rol de propulsar y defender el derecho a la expresión de las personas desde muchas dimensiones, entre ellas, la cultural, la económica, la social y la política.

Esa formulación de derechos no se altera, en términos de principio, por el cambio tecnológico o por la incorporación de nuevas formas de expresión con nuevos actores; en este caso, digamos, las redes sociales, por ejemplo, nuevos actores que eliminan instancias de mediación.

El periodismo funcionó históricamente como una instancia de mediación. Ahora tenemos otro problema: por un lado, tenemos una eliminación de mediaciones -como decías vos-, un ejemplo cualquiera de un personaje político que interviene en el debate público sin la mediación periodística; pero, al mismo tiempo, como contracara de ese fenómeno, tenemos un alejamiento del horizonte de verdad.

Por supuesto, todos sabemos que la verdad absoluta no existe, pero hay un horizonte de verdad, hay una búsqueda en llegar a la verdad de los hechos y, en ese sentido, el periodismo jugaba un rol: medía varias fuentes, chequeaba sus fuentes y le daba a la ciudadanía, a la gente, al espectador, distintas visiones para que el espectador constituyera su propio acercamiento a la verdad.

La eliminación de esas mediaciones, de alguna manera, inundó el debate público de supuestas informaciones, de pseudoinformaciones. Hoy se habla mucho de fake news, de mentiras, de manipulaciones, de tergiversaciones deliberadas, de pseudoinformaciones producidas con inteligencia artificial. Entonces, la eliminación de esa instancia de chequeo para un acercamiento a la verdad tiene características, por decirlo de algún modo, ambivalentes o ambiguas: por un lado, positivas, en cuanto se eliminan las mediaciones -y eso tiene algunos rasgos que son positivos-; y, por otro, negativas, en cuanto a que la verdad cada día está más puesta en duda.

(M.R): Las fake news suelen viralizarse con mayor rapidez; lo que primero aparece es lo que más llama la atención, mientras que la información verificada y confiable, muchas veces queda ignorada. ¿Consideras que sería posible desarrollar alguna estrategia para que esos contenidos de calidad logren mayor visibilidad?

(D.D.C): Sí, yo creo que, así como se puede identificar un cierto grado de desinterés en algunos sectores importantes de la población, están a la búsqueda de información chequeada y de calidad. Te lo digo más como consumidor que como profesor universitario.

Algunos sitios como CENITAL, por ejemplo, o DIARIO.AR, más allá de que las condiciones económicas son difíciles para todos los medios, están en un momento en el cual van ofreciendo mejores contenidos y van teniendo muy buena respuesta de sus afiliados. Es decir, hay un sector importante de la sociedad que está buscando información de calidad, está buscando información que, más allá de que pueda tener una perspectiva editorial, no sea manipulada, no tenga vocación deliberada de manipulación, y cada vez es mayor la gente que está a la búsqueda de eso. Entonces, en ese sentido, soy optimista: creo que la producción informativa de calidad va a volver a estar en el centro de la escena en algún momento. Hay como chispazos de eso.

El otro día, por ejemplo -hay un solo ejemplo-, un periodista de Al Jazeera entrevistó a la ex canciller Diana Mondino, donde ella, en un momento, se sintió en una interpelación y, al no tener respuesta, terminó diciendo que el presidente o era un poco estúpido o era corrupto. Muchísima gente recuperó no sólo la respuesta -que fue una respuesta inesperada-, sino la buena labor del periodista. Entonces, lo que digo es que, cuando aparecen las buenas entrevistas, suelen tener altísimo consumo. La idea de que la gente prefiere cosas de baja calidad, yo no creo que sea cierta.

Creo que, por supuesto, hay grandes porciones de la población que resuelven consumir productos de divertimento, entretenimiento, de baja calidad, básicamente porque buscan otro tipo de relación con la información. Pero creo que es cada vez mayor la gente que quiere información de calidad para formarse en su propia idea, y creo que hay que estar atentos para reconocer en qué formatos eso se puede dar, que ya no pueden ser los formatos de las notas larguísimas de los diarios, tal cual los conocimos en el siglo XX. Me parece que, por ahí, no es el formato diplomático, para dar un ejemplo, sino que son formatos nuevos, pero no por eso de menor calidad.

(M.R): ¿Consideras que debería existir un principio ético mínimo aplicable a todos quienes publican contenidos, aunque no sean periodistas?

(D.D.C): No, yo creo que el principio ético debe seguir rigiendo. Así como lo regía históricamente para el trabajo o la labor periodística, tiene que regir para el resto de las personas que intervienen en el debate público. Hoy por hoy, las redes sociales -una característica a la cual se le suele prestar poca atención, principalmente en la venta, que es el anonimato- producen informaciones o pseudoinformaciones desde un lugar de enunciación, desde el no responsabilizado, en tanto el perfil creciente es anónimo. No es siempre así, pero en una buena cantidad de casos pasa eso.

Entonces, de algún modo, desaparece la idea de la responsabilidad; desaparece la idea de la ética respecto a los hechos y las opiniones. O sea, un rasgo central de la ética de la información tiene que ver con la diferenciación entre información y opinión.

Y hoy por hoy, a lo que estamos asistiendo es que, cuando yo digo pseudoinformaciones, es porque son datos que se presentan como informaciones cuando en realidad no lo son; ya sea porque son opiniones o ya sea porque son calculaciones de la información. Entonces, no son información: se presentan como tal y no aparecen. En la medida en que no aparece un enunciador responsable, eso realmente es problemático.

(M.R): En un contexto caracterizado por la sobreinformación y la desinformación, que a menudo resulta engañosa, negativa o agresiva, también se observa cierto desinterés por mantenerse informado o por las formas de informarse. ¿Qué consideras que resulta peligroso en la relación entre la sobreinformación y ese desinterés por estar informado?

(D.D.C): Estamos viviendo un momento de una transformación bastante vertiginosa que no sabemos si forma parte de una transición y esto se va a estabilizar en algún momento o si vamos a seguir viviendo esta lógica. En este momento, lo que aparece efectivamente es como una especie de sobreinformación, de sobredosis de información, lo que empieza a hacer que, efectivamente, deja de haber interés por la información fidedigna y empieza a haber cierta predilección por la información -lo que se llama el sesgo de confirmación- es decir, una información que me relativiza lo que ya pienso,  lo que ya siento. Es un tipo de información que es más fácil de ser consumida: no requiere una mirada crítica, no requiere un chequeo, no requiere un pensamiento crítico.

Ellos saben quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Yo creo que buena parte de las pirámides estratégicas en las cuales hoy estamos, van a estabilizarse hacia algún lugar. Tal vez sea solo una expresión de deseos y no será nada comprobable lo mío, pero quiero suponer que el tipo de interés por la información en el cual estamos empieza a ser problemático para todo el mundo y que, en algún momento, quiero suponer que va a haber, por supuesto, no una vuelta ni al periodismo tradicional ni a la producción y consumo de información tradicional como la conocimos en el siglo XX, pero sí cierta búsqueda de enunciadores responsables.

Tal vez también siendo portales, medios comunitarios, periodistas destacados. Pero yo creo que, en algún momento, la búsqueda de la información chequeada y de la información verdadera va a volver a estar en el centro del debate público.

(M.R): A veces, la libertad de expresión se utiliza para justificar mensajes discriminatorios o violentos. ¿Crees que debería existir algún tipo de regulación que establezca límites a esos discursos?

(D.D.C): No creo en la regulación estatal de los discursos. Sí creo en la regulación estatal de la propiedad de los medios, que es el uso de frecuencia. Sí creo, claramente, en la regulación del Estado en esa dimensión, pero no en la dimensión de la expresión de las personas. Sobre la expresión de las personas, creo que el Estado no debe involucrarse.

Creo que tenemos una convención de derechos humanos, una Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional por interior del ámbito del artículo 75, inciso 21, de nuestra Carta Magna, y que esa convención, así como establece la imposibilidad de la censura previa y establece un marco de libertad de expresión, también limita, en su inciso 5, los discursos apologéticos del odio racial o nacional que incitan a la violencia. Es decir, eso tiene una limitación, pero no es una limitación que está tabulada por el Estado, más allá de lo que señalo: que no haya incitación a la violencia. La crítica, el rechazo o el repudio debe ser social, no debe ser impuesto desde el Estado por una vía pública.

Históricamente, hay cierto goce social -por decirlo de algún modo- en el morbo, y eso produce cierto llamado de atención. Pero creo que sobre eso también hay límites históricos; no hay que poner límites nuevos sobre eso. Yo creo que, sobre todas las cosas, lo que necesitamos es conjugar el repudio y el rechazo de quienes tienen responsabilidad política sobre la sociedad argentina. Me parece que los discursos violentos, los discursos de odio, producen un daño en la sociedad toda; no a un sector en particular, sino a la sociedad toda.

Creo que nos debe la clase política argentina una reflexión sobre eso y un posicionamiento unificado. Creo que no puede ser el Estado o el partido de gobierno quien intervenga sobre discursos públicos; sino que creo que la reflexión activa debe ser de todos, no solo del sistema político, también, por ejemplo, del sistema periodístico, del sistema mediático. No solo los medios, también los dueños de los medios; no solo los políticos, sino también muchos otros actores, y entre ellos estamos los universitarios, los científicos, que deben reflexionar en cuáles deberían ser los límites del discurso.

(M.R): ¿Cuál es el rol que desempeña el algoritmo en la propagación de discursos de odio y desinformación?

(D.D.C): Normalmente, lo que hacen el algoritmo o las burbujas algorítmicas es dar una especie de repetición de contenidos familiares, de la misma popularidad. Entonces, también lo que produce eso es un problema, porque, si consumo, por la razón que sea, información violenta, luego lo que me sugiere el algoritmo es más información violenta, y eso es un problema.

Sobre las plataformas, sobre los algoritmos, sobre las lógicas del consumo, pero también de oferta del contenido que tienen las plataformas, los Estados todavía no han intervenido, y esos sí son los límites sobre los cuales los propios Estados, al menos, deberían aplicar las reglas nacionales, que hoy ni siquiera se aplican.