A casi medio siglo del golpe de Estado que inició la dictadura más cruenta de nuestra historia, Argentina atraviesa una paradoja dolorosa. Tenemos un presidente que desprecia al Estado pero reivindica su accionar represivo en los años setenta, negando sistemáticamente la cifra de los 30.000 desaparecidos. Sin embargo, frente a este intento de reinstaurar la teoría de los dos demonios, la verdad histórica emerge con una fuerza que solo los cómplices del horror pueden ignorar.

En Córdoba, tras décadas de búsqueda incansable, el hallazgo de restos y pertenencias de militantes y trabajadores —así como la revelación parcial de sus identidades— ofrece una respuesta material e indiscutible al negacionismo.

Los frutos de cinco décadas de lucha

La semana pasada fue histórica para la historia provincial y nacional. Día a día, familias de distintas provincias del país fueron notificadas del hallazgo de sus familiares, víctimas del terrorismo de Estado. Hasta el momento son seis las personas identificadas, pero se espera tener certezas sobre otras identidades en las siguientes jornadas. A continuación, un resumen sobre la vida de quienes hoy dejan su rótulo de desaparecidos e iluminan con sus rostros y cantares el oscuro presente nacional.

El primero de los identificados fue Mario Alberto Nívoli, oriundo de Ucacha (pueblo ubicado en el centro sur de la provincia de Córdoba). y técnico electricista de profesión. Nívoli estudiaba Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Fue secuestrado a los 28 años el 14 de febrero de 1977 en su domicilio de barrio General Paz, frente a su esposa y sus dos hijos pequeños.

La identificación de «Tito» Nívoli tras 49 años de búsqueda impactó profundamente en su familia. Su hija, María Soledad Nívoli, relató a FM Vox Ucacha que el hallazgo renueva el sentido de la lucha como querellantes en las causas de derechos humanos. Los responsables de su desaparición ya habían recibido condena en el año 2016 durante la Megacausa La Perla.

En el mismo día se confirmó la identidad de Ramiro Bustillo Rubio, un estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba nacido en Mendoza. Trabajaba como obrero, militaba en el Partido Comunista y fue secuestrado en la vía pública el 18 de octubre de 1977. Al momento de su captura tenía 27 años y esperaba su segundo hijo junto a su compañera.

Según informó la agrupación H.I.J.O.S. Córdoba, Bustillo Rubio permaneció cautivo en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2) antes de ser trasladado a La Perla. Su entorno familiar manifestó a través de redes sociales que este hallazgo permite recuperar la identidad y terminar con décadas de incertidumbre.

Al día siguiente, se conoció el caso de Oscar Omar Reyes, también localizado en las fosas de Loma del Torito mediante análisis de ADN. Reyes era un ingeniero mecánico de 45 años, padre de cinco hijos y trabajador de la empresa FIAT, donde también desarrollaba su militancia en el Partido Comunista. Fue secuestrado el mismo día que Bustillo Rubio, el 18 de octubre de 1977, mientras se dirigía a una reunión política.

La familia de Reyes agradeció públicamente al EAAF por la labor profesional que permite brindar respuestas necesarias a casi cinco décadas del golpe de Estado.

Un caso particular en esta serie de identificaciones involucra a las hermanas Adriana y Cecilia Carranza. Los análisis forenses sobre una pieza dental hallada determinaron una coincidencia genética con ambas, quienes eran mellizas. Debido a la similitud casi total de su ADN, la ciencia aún no ha podido precisar a cuál de las dos pertenecen los restos encontrados.

Las hermanas Carranza tenían 18 años y se habían trasladado desde San Francisco a Córdoba para cursar sus estudios universitarios. Ambas militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en una pensión de barrio General Paz.

Otro de los jóvenes identificados es Raúl Oscar Ceballos Canton, conocido como «Tucho». Con 23 años, Ceballos era estudiante de ingeniería, empleado en la planta Materfer de FIAT y militante de Montoneros. Su secuestro ocurrió el 26 de agosto de 1976 en su casa de barrio Altamira, información ratificada por su hija Elizabeth Ceballos a medios locales.

La nómina de identificaciones incluye a Eduardo Jorge «Tero» Valverde, un abogado mendocino que defendía a presos políticos en Córdoba. Valverde fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 cuando se presentó voluntariamente en una dependencia militar para responder a una citación. Tenía 36 años y había sido dirigente estudiantil en la Federación Universitaria.

Su hijo, Hipólito Valverde, recordó en diálogo con Revista El Sur que su padre murió bajo tortura según los testimonios recogidos en los juicios de lesa humanidad. El hallazgo de sus restos físicos en Loma del Torito representa para la familia el cierre de un ciclo de búsqueda iniciado por su madre hace medio siglo.

Finalmente, el proceso investigativo en el predio permitió un hallazgo simbólico determinante para el caso de Jorge Omar Cazorla. En el sedimento cercano a una de las trincheras se encontró una medalla grabada con el nombre «Graciela». El objeto fue reconocido por Graciela Geuna, sobreviviente de La Perla y esposa de Cazorla al momento de su desaparición.

Geuna relató a Página 12 que ella misma le entregó esa medalla a su marido como un amuleto de protección antes de ser separados. Jorge Cazorla era un estudiante de abogacía de 22 años, oriundo de San Luis y militante de la JUP, secuestrado en junio de 1976. Si bien sus restos óseos no han sido individualizados todavía, la presencia del objeto confirma fehacientemente su paso por ese sitio de entierro.

Estos procesos de identificación forman parte de la Causa Enterramientos Clandestinos que tramita en la justicia federal cordobesa. El trabajo conjunto entre familiares, organismos de derechos humanos y especialistas forenses continúa con el objetivo de dar nombre a los restos que aún permanecen sin identificar en la zona.

Foto de portada: El Resaltador.