Tras consolidarse la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú salieron a las calles a masacrar a la población que mantiene protestas en todo el territorio, exigiendo elecciones inmediatas (pospuestas por Boluarte para abril de 2024), la disolución del Congreso y una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Hasta hoy el Ministerio de Salud de Perú ha contabilizado 26 asesinatos por parte de las fuerzas represivas. Son los movimientos sociales, agrarios, indígenas y sindicales quienes impulsan manifestaciones con cortes de ruta y mantienen el cese de actividades por tiempo indefinido, con focos más fuertes en las regiones Ica y Arequipa al sur del país, donde reciben los mayores escarmientos.

Quién denunció una masacre hacia un sector en específico es Victor Raúl Chanduvi Chávez, presidente de la Central Nacional de Mineros del Perú, quienes se han sumado a las medidas de fuerza y mantienen el paro de manera indefinida. En un video donde Chanduvi Chávez se pronuncia con enfado y lágrimas en los ojos, denuncia:

“El Ejército y la Policía Nacional han comenzado a asesinar a mis hermanos por reclamar un derecho de unas nuevas elecciones, que cierren ese Congreso nido de ratas y se haga una nueva Carta Magna. Ese el único delito que está cometiendo nuestro pueblo”

El dirigente también expresó que Boluarte “vendió su alma al diablo porque ha negociado con la derecha y envía polícia y ejército a matar a mis hermanos que están reclamando pacíficamente en Chala (Arequipa). No somos delincuentes, no somos terroristas, somos hombres de trabajo, hijos de puta”.

La minería extractivista es un sector clave para la economía peruana, concentrando uno de los mayores ingresos y porcentajes, alrededor del 15% del PBI nacional y el 60% de las exportaciones, explotando al menos 12 variedades de minerales. Los principales socios desiguales de Perú son las potencias mundiales China, Japón, Suiza, Estados Unidos y Canadá.

Tal como sucede con los distintos países de la región latinoamericana y sus localidades, en tiempos de crisis institucional y democrática, los intereses extranjeros para la explotación de los bienes comunes se ponen en evidencia a través del uso de las fuerzas represivas.