El pasado 24 de Marzo, en pleno Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, la jefa comunal de la localidad Los Aromos, Nélida "Nelly" Morales (PRO), se sumó en su cuenta de Facebook a las declaraciones negacionistas de otra funcionaria de su gestión, Marité Colautti, en relación a la última dictadura militar.

“Semana de la memoria:
No son 30.000
Son 6.415
No fue GENOCIDIO,
fue una GUERRA.
No eran jóvenes idealistas,
eran TERRORISTAS”.

Marité Colautti, encargada de salud animal en la gestión de Nélida Morales, jefa comunal de Villa Los Aromos

Este lunes, tres vecinos de la localidad realizaron una denuncia en la Justicia Federal de Córdoba contra ambas funcionarias, por presunto delito de apología del delito.

Según Hoy Día Córdoba, Enrique Fernández, uno de los denunciantes y residente de la localidad del Valle de Paravachasca planteó esta mañana que «no se puede permitir que funcionarias públicas ejerzan un cargo democrático con estos pensamientos cuando toda la sociedad ya ha condenado estos hechos y sus defendidos han sido condenados por delitos de lesa humanidad».

Hoy #24DeMarzo la jefa comunal de Villa Los Aromos, Nélida "Nelly" Morales difundió mensajes a favor de la dictadura militar y el Terrorismo de Estado. Organismos de derechos humanos exigen su renuncia pic.twitter.com/6lAbae8lAp

— Enfant Terrible (@EnfanTerribleOk) March 24, 2022

Movilización, repudio y memoria

A partir de las declaraciones de Morales y Colautti, este domingo se realizó una movilización encabezada por el Nodo Paravachasca de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos a la que se sumó el Colectivo Paravachasca por la Memoria y el Refugio Libertad, vecinxs del Valle de Paravachasca, organizaciones sociales y políticas, ex presos políticos y familiares de desaparecidxs del resto de la provincia.

En la jornada, los organismos declararon que: “Frente a las declaraciones negacionistas de la jefa comunal de los Aromos Nelly Morales nos vemos en la necesidad de manifestar nuestro más contundente repudio y exigir su renuncia a la jefatura comunal”. Y agregaron: “Es necesario que se respete la ley 25.633 que declara el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia en todo el territorio argentino. A esta altura de la historia, donde el Nunca Más ya es parte de una construcción social contundente no podemos seguir permitiendo la negación y el aval al terrorismo de estado, menos aún de funcionarios públicos que son como dicta nuestra constitución elegidos democráticamente y deben hacer uso responsable de sus mandatos”.

El caso de Ana Carpena: “fueron 21.642”

El discurso negacionista también lo sostuvo Ana Carpena, Directora del Departamento de Lenguas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), quien también compartió una serie de posts e incluso lo había realizado durante otros años.

Con la frase "no fueron 30.000, pero si fueron ..." y algún número aleatorio que se agrega, Carpena pretendió deslegitimar la cantidad de víctimas de los militares. Como siempre, estos argumentos no son acompañados por la cantidad de víctimas del bando militar, ya que simplemente no puede compararse la maquinaria represiva de un ejército nacional, alineado con la policía, la Iglesia Católica y el financiamiento de empresas multinacionales, con la prematura guerrilla que fue exterminada en poco tiempo.

Sin embargo, el blanco de los militares no fue sólo organizaciones guerrilleras, sino también estudiantes secundarios y universitarios, docentes, gremialistas, curas, diversidades sexuales, artistas, periodistas, funcionarios públicos, o cualquier otra persona que el régimen considerara "subversivo" según sus propios criterios.

Frente a los dichos de Carpena que alimentan la ignorancia, desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba han expresado que apelaran el Artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas para exigir su renuncia, el cual expresa: “Los Estados parte se comprometen a (…) tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención”.

Judicializar y condenar el negacionismo

Durante la lectura del documento de la movilización que se realizó en Córdoba Capital el pasado 24 de Marzo, algunos párrafos fueron dedicados al negacionismo aún vigente y que ha tomado fuerza durante el el mandato del expresidente Mauricio Macri, quien llegó a poner en dudas el número de desapariciones forzadas que realizó la dictadura durante el plan sistemático de exterminio.

Uno de los párrafos hizo alusión a la necesidad de “discutir una ley que sancione el negacionismo del terrorismo de estado”. En parte, el documento oraba de esta manera:

“El negacionismo no es ingenuo, responde a intereses políticos de derecha, busca descalificar a quienes exigimos justicia para las víctimas del estado terrorista. Negar el plan sistemático de desaparición de personas debe ser juzgado como delito. Es tiempo de discutir una ley que sancione el negacionismo del terrorismo de estado, poniendo fin a discursos que empañan la calidad democrática”.

De este modo se abre el debate acerca de la posibilidad de judicializar como política de estado las declaraciones que tiendan a negar o poner en duda la realidad histórica, tal como ya sucede en países europeos como Alemania, Austria e Israel en relación al Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, también conocido bajo el eufemismo «La Solución Final».

De igual manera que los militares llamaron «Proceso de Reorganización Nacional» al exterminio y desaparición forzada de 30.400 personas, el nazismo llevó a cabo un plan sistemático de exterminio que acabó con la vida de 11 millones de personas.

Tal como pasa en Argentina y otros países latinoamericanos víctimas del Plan Cóndor, a pesar de las evidencias documentales, las estructuras dedicadas a los campos de concentración y exterminio, todavía existen sectores que se aferran a negar la historia.

Fuentes: Hoy Día Córdoba