El juicio por la Masacre de Napalpí´comenzará hoy en el juzgado federal de Resistencia, a cargo de la magistrada Zunilda Nieremperger. Se trata de un proceso histórico que reconoce por primera vez la matanza de miembros de comunidades originarias como un crimen de lesa humanidad.
El juicio no tiene imputados ya que todos los responsables se encuentran fallecidos. Sin embargo declararán sobrevivientes y descendientes de las víctimas, y contará con el aporte de pruebas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación surgidas de una investigación especial.
El año pasado el gobierno de la provincia del Chaco junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla asistieron a la señalización del sitio de Memoria donde sucedió la matanza, acompañados por autoridades del pueblo Qom y Mocoví.
La matanza sucedida en la reducción para indígenas de Napalpí (hoy Colonia Aborigen Chaco) fue un ataque organizado por terratenientes algodoneros en connivencia con el gobernador del Chaco Fernando Centeno, que contaba con el aval del gobierno nacional de Marcelo T. de Alvear (UCR) en 1924.
El plan era disciplinar a las poblaciones originarias que eran empleadas como mano de obra esclava en los ingenios algodoneros y que se habían declarado en huelga exigiendo el fin de las condiciones de esclavitud en que eran "empleados".
Unos 130 hombres armados, entre los que se encontraban civiles, gendarmes, policías y terratenientes atacaron la reducción de Napalpí dejando un saldo de muertos cercano a los 1000, aunque no se sabe con exactitud la cifra porque la matanza nunca fue investigada.
Seis policías fueron imputados por la muerte del joven de 35 años en La Falda, en julio de 2022. Fue detenido mientras sufría una crisis psicótica y llevado a la comisaría departamental, donde murió por "asfixia mecánica"
Este jueves, a las 15 horas en el Museo de Antropología iniciará un taller abierto para conocer cómo se registran los malos tratos en los contextos de encierro y luego un conversatorio sobre la creación de un mecanismo local para la prevención de la tortura estatal.
Durante las protestas frente al Ministerio de Capital Humano el pasado 10 de abril, un manifestante perdió la visión de un ojo como resultado de la represión policial
