El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) presentó al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres, una nota de reclamo por las condiciones laborales de periodistas que se realizan las coberturas por los juicios por delitos de lesa humanidad.

Actualmente, en Córdoba se desarrolla el 15° juicio oral y público que tiene como único acusado al ex juez federal Carlos Otero Álvarez. Sin embargo, en la nota que reproduce el sindicato de prensa provincial cuestionan que las audiencias se realizan en una estrecha sala del Tribunal Oral Federal N°2, donde sólo pueden ingresar los magistrados y las partes del proceso, mientras que las transmisiones online registran graves problemas técnicos.

Por su parte, los trabajadores de prensa son obligados a visualizar el debate a través de un televisor antiguo ubicado en un recinto contiguo, que no cuenta con wifi, escritorios ni comodidad alguna para el desempeño profesional. Este sitio colinda con al menos cuatro dependencias en las que ingresan y egresan personas de manera continua. “Esto afecta también al público en general, entre quienes se encuentran afectados directos por crímenes de lesa humanidad que se ventilan en este proceso”, expresan.

A su vez, respecto de los inconvenientes técnicos en las coberturas, puntualizan en la situación del medio de comunicación La Retaguardia, especializado en coberturas de este tipo, en cuyo caso la Justicia Federal impidió que pudieran acceder a la sala de zoom para generar su propia señal y retransmitir el juicio, pese a haberlo solicitado en tiempo y forma invocando legítimo interés.

Además, desde el Cispren también reclamaron por la supresión de una sala de prensa que había sido habilitada tras la reapertura de los juicios de lesa humanidad en 2008. Este hecho, así como la mudanza de las audiencias a la sede del TOF 2, “afecta la tarea periodística, así como el acceso a la información en tiempo real de lo que ocurre en cada una de las audiencias y de la propia labor de esos tribunales”, cuestionan.

Debido a estos hechos, el sindicato reclama:

“El retorno a las audiencias a la sala principal de la torre de tribunales, dada la importancia de estos juicios para el sistema democrático, su valor pedagógico y el derecho de las víctimas del terrorismo estatal y del público en general a presenciar el debate en condiciones mínimas de comodidad.

La disposición de un espacio físico específico en esa torre, contiguo o cercano a la sala de audiencias, en el que se pueda desarrollar la tarea periodística con acceso a los elementos básicos para ello, como wifi, escritorios, sillas y un dispenser de agua potable.

El acceso al zoom de transmisión por parte de los medios que lo soliciten en tiempo y forma, y demuestren legítimo interés en participar de los mismos”.

Por último, plantean que el cumplimento de estos reclamos “contribuirá incluso a una mejor difusión del propio trabajo del Poder Judicial federal” y “fortalecerá nuestra democracia, en tiempos en los que atraviesan nuestra sociedad discursos negacionistas y apologéticos del Terrorismo de Estado que aún se está juzgando”.