Por Guadalupe Scotta para Enfant Terrible

La fiscalía solicitó hasta cuatro años de prisión efectiva para la Machi Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi y Matías Santana (testigo clave de la desaparición forzada de Santiago Maldonado). Para Celeste Ardaiz Guenumil, requirió dos años de prisión condicional. Además, busca dejar sin efecto el resguardo al Rewe (espacio ceremonial sagrado) y que Parques Nacionales retome el control territorial. La sentencia está prevista para el 26 de mayo.

Este es el segundo juicio oral contra seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Se las acusa, otra vez, de “despojo por usurpación” al Estado nacional, en tierras ubicadas en Villa Mascardi, a 13 kilómetros de Furilofche-Bariloche. La fiscalía dice que les resulta “novedosa” la invocación sobre derechos ancestrales en esas tierras, que ese espacio “no estuvo ocupado antiguamente” y que la comunidad eligió la vía de la violencia.

El negacionismo avanza, invierten el recorrido de la ocupación y actualizan la construcción del "otro peligroso"; ahora los acusan de desprecio por el ambiente y la integridad física de las personas, ubicándolos también por fuera del imaginario de un buen originario. El pedido de castigo se pronuncia desde una ciudad que lleva el nombre de General Roca y no encuentran en la recuperación territorial un motivo “ ni legal, ni legítimo, ni ancestral, ni espiritual, ni nada que se le parezca”.

No se puede dimensionar este proceso judicial sin referirse a los últimos siete años; el 10 de noviembre de 2017, la Lof Lafken Winkul Mapu recuperó una porción de territorio en Villa Mascardi. Ese recorrido estuvo marcado por el levantamiento de Betiana Colhuan como la primera Machi, autoridad espiritual, en surgir luego de cien años de este lado de la cordillera. El 25 de noviembre de 2017, Rafael Nahuel fue asesinado por Prefectura Naval Argentina, las fuerzas dispararon alrededor de 151 balas de plomo en el marco de un brutal desalojo. La muerte se dio el mismo día en que se velaba a Santiago Maldonado. A cargo del operativo estaba Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad.

Bajo el gobierno de Alberto Fernández, el 4 de octubre de 2022, un Comando Unificado de alrededor de 250 personas ingresó a la comunidad. El operativo implicó detenciones, incendios y traslados clandestinos a Ezeiza. Mujeres de la Lof Winkul Mapu relataron el horror de la represión. Betiana recuerda que le tiraron la puerta abajo, dos bombas, gas lacrimógeno, y que sonó todo muy fuerte. Explotaron bolas de fuego, se empezó a prender fuego su casa, ella estaba con su bebé de cuatro meses, pensó que podían tener el mismo destino de Rafael, “nosotros para la policía, para el gobierno, no somos gente”. En ese mismo operativo, Romina Rosas, estaba embarazada de 42 semanas la arrastraron y golpearon. Nunca se tuvieron en cuenta los derechos de las niñeces.

Hoy las acusan de un delito menor, mientras son víctimas de un delito mayor, de la violencia estructural y sistemática, como señalan desde la Gremial de Abogadxs, quienes están a cargo de la defensa. Hablamos de entre siete y diez hectáreas, que no llegan ni a un dígito de un porcentaje del territorio ancestral, es decir que con las mismas herramientas de la geografía blanca, queda chiquito, ni hablar si lo comparamos con las 12.520.826 hectáreas de Argentina que son hoy propiedad de extranjeros, o de las tierras que se repartieron luego de la Conquista.

Durante el juicio, se proyecta una foto aérea con líneas rectas, se nombran números de lote y coordenadas. Estas maneras de medir y vivir en la tierra, son muy lejanas de la concepción de territorio que tiene la Nación Mapuche. La lucha por la recuperación del Rewe como espacio para sanar física y espiritualmente, también es colectiva. Volver a la tierra, es tomar otros destinos de los impuestos a lxs nietxs de lxs nietxs. Volver al Rewe, también es el lugar que sus abuelos cuidaron “gratis” como dijo Betiana, ese espacio fue habitado por su familia, sin papeles de cuidador.

En palabras de la comunidad, están “acusados de usurpar nuestro propio territorio, en el que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existía alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra (…)  llevamos más de dos años apartados de nuestro territorio, separados por la fuerza. Pero nuestro piwke (corazón) late con nuestro ngen (espíritu) Mapu, con nuestro Rewe, al que no podemos renunciar”.

“Si no se aplicara el derecho penal del enemigo, este juicio estaría ganado”

Eduardo Suárez, abogado de la Gremial, explicó que “el derecho penal del enemigo” es un concepto que vienen trabajando en los últimos 15 años entre distintos colectivos y organizaciones de abogadxs en Latinoamérica. Sostuvo que en el juicio contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, se puede ver una lógica jurídica que deja de lado las garantías constitucionales cuando el acusado es considerado enemigo: “Es como un traje a medida procesal. A ese enemigo no se le aplican las garantías del debido proceso, ni los pactos internacionales (…)  Ya de por sí el derecho capitalista es cruel, pero esto lo supera: es un derecho de muerte”. Recordó que las mujeres pasaron nueve meses detenidas preventivamente por una usurpación, cuando en otros casos similares el conflicto se resuelve con probation o libertad.

La Gremial calificó a esta como “una causa trucha”, porque se inició con una denuncia sin pruebas: “Dijeron que vieron correr a alguien con vestimenta mapuche tras quemar una garita de Gendarmería, y con eso armaron el megaoperativo”. También señalan que hubo falsificación de actas, donde hay una firma que no reconoció ni el Gendarme a cargo y que faltan pruebas materiales, es decir, si la comunidad hubiera cometido usurpación, ni siquiera tiene pruebas de ello. Están siendo juzgadas dos veces por los mismos hechos.

Hay una matriz, la de la propiedad privada, que se defiende con toda la violencia estatal y esto es lo que señala Eduardo cuando apunta al Gobierno de Fernández, con excepción del periodo en el que estuvo Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad, quien llevó adelante una política de diálogo. Con la asunción de Aníbal Fernández, se avanzó en el armado de un comando conjunto y apareció esta causa nueva. Allí además de Parque Nacionales, propietarios privados de terrenos, comparados al mismo Estado, vaya a saber de qué modo o bajo que ayudas legales, inician causas por usurpación y muchos de quienes se presentan como vecinos atemorizados residen en San Isidro, Buenos Aires. En ese sentido está profundamente racializada la evaluación de cómo manejan el territorio protegido, “los vecinos” o “los mapuches”.

En los alegatos se enumera el doble juzgamiento (non bis in ídem), que no se demostró el hecho objetivo de la usurpación, la criminalización del rol de la Machi y de la espiritualidad mapuche, las torturas, tratos inhumanos, requisas vejatorias, traslados sin contacto con familiares ni abogados, y una detención ilegalmente prolongada. La violencia obstétrica y a los niños de la comunidad.

Con el gobierno Milei crece la avanzada contra comunidades originarias, en diciembre de 2023 se derogó por DNU la Ley 26.160, que suspendía los desalojos y ordenaba el relevamiento territorial. Desde entonces la tierra como mercancía a secas es la bandera que se levanta, el juego es explotar y vender.

Mientras el Estado propone cárcel, las mujeres mapuches caminan por la vuelta al Rewe, no se van a detener; “tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.