La Cámara de Casación Penal desplegó una insólita oleada de fallos favorables a genocidas y represores condenados por delitos de lesa humanidad. La semana pasada, el máximo tribunal penal de la nación convalidó la aplicación de la ley más benigna y, en la práctica, le bajó la condena a Jorge "Tigre" Acosta, jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada que acumula dos cadenas perpetuas por más de 80 crímenes contra la humanidad.
En el mismo sentido, los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma de la Sala II del mismo tribunal resolvió otorgar prisión domiciliara a Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex jefe de investigaciones de la policía bonaerense y símbolo del terrorismo de estado en la provincia durante la última dictadura.
El fallo atiende a un cuadro de salud complicada que mantiene a Etchecolatz internado en un sanatorio de Merlo y sugiere que sus 93 años son motivo suficiente para permitir que el responsable de los centros clandestinos de detención tortura y muerte del Gran Buenos Aires regrese a su casa de Mar del Plata.
Asimismo, el fallo beneficia a los represores Mario Ocampo, ex responsable del Destacamento 201 de Campo de Mayo de 74 años, y al exjefe de Contrainteligencia del Batallón 601 durante la dictadura cívico militar, Luis Ángel Firpo de 90. Ocampo permaneció prófugo entre 2012 y 2019. Luis Ángel Firpo violó sistemáticamente la prisión domiciliaria en 2020.
Organismos de Derechos Humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención de la exESMA repudiaron el fallo y señalaron que
Este jueves, a las 15 horas en el Museo de Antropología iniciará un taller abierto para conocer cómo se registran los malos tratos en los contextos de encierro y luego un conversatorio sobre la creación de un mecanismo local para la prevención de la tortura estatal.
Durante las protestas frente al Ministerio de Capital Humano el pasado 10 de abril, un manifestante perdió la visión de un ojo como resultado de la represión policial
En un contexto de recesión, ajuste y caída histórica del ingreso de los argentinos (salarios, jubilaciones y prestaciones), el tarifazo en los servicios públicos impacta negativamente en la economía de las familias y es otro mazazo a la actividad económica, empujando aún más la recesión.
