Desde que el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro está en el poder los derechos de las comunidades originarias han sido gravemente vulnerados. Además, las políticas ambientales que fomenta y lleva adelante el gobierno, que está destruyendo el Amazonas, pone en riesgo a la humanidad entera.

En el Congreso Nacional, ubicado en la capital del país, Brasilia, presentaron una serie de proyectos que amenazan el medioambiente y la vida de numerosas comunidades originarias. "Contra la agenda anti-indígena" es el lema que une la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) que hoy se enfrenta a la intención del gobierno de avanzar contra sus derechos más elementales.

Uno de los proyectos más polémicos del oficialismo pretende avanzar sobre sus tierras. Con un criterio de "marco temporal", el proyecto pretende reconocer como tierras ancestrales únicamente a las que estaban ocupadas cuando se promulgó la Constitución de 1988. En aquel momento se daba derecho a esos pueblos a preservar alguna porción de su territorio ante la histórica amenaza de usurpación mediante la violencia de sectores vinculados a la minería, el agronegocio y la especulación inmobiliaria. el colectivo defensor de indígenas, Grupo Prerrogativas emitió un comunicado donde plantean que:

Por su parte, Francisco Cali Tzay, vocero en la ONU por la defensa de los pueblos originarios, expresó: “Si el STF acepta el 'marco temporal', podrá legitimar la violencia contra los pueblos indígenas y estimular conflictos en la selva amazónica y otras regiones”. ”

Al finalizar la dictadura que duró desde 1964 a 1985, se abrió la discusión acerca de los derechos territoriales de comunidades originarias. Durante esas dos décadas sufrieron especialmente el desplazamiento forzado de sus territorios. Por eso en la Constitución de 1988 se incluyó el derecho de los originarios a sus territorios que tradicionalmente ocuparon.

Luego, el ex-presidente Lula Da Silva, reconoció oficialmente, en 2005, el  Caso Raposa Serra do Sol. Allí convivían las comunidades makuxí, wapixana, ingarikó, taurepang y patamona, en una superficie de 1.743.089 hectáreas.

Sin embargo, las políticas genocidas que constituyen al gobierno de Jair Bolsonaro, se presentan en la actualidad como una verdadera amenaza, no sólo para este caso, sino para la existencia digna de las diversas comunidades indígenas que habitan en el país vecino. Mientras esto se discute, multitudinarias protestas se sostienen en todo Brasil, para exigirle a la justicia que no aprueben estos proyectos.