“A mi hijo lo desaparecieron dos veces”

A más de 7 años del juicio que perpetró la desaparición de Facundo Rivera Alegre en 2012, sus familiares han quedado nuevamente reconstituidos como querellantes en el proceso judicial abierto. Hoy a las 11 horas en Tribunales Provinciales II presentarán los recursos jurídicos de “amicus curiae” junto a organizaciones sociales con el objetivo de agilizar la búsqueda. Conversamos con Viviana Alegre sobre el rol del Poder Judicial en la desaparición forzada de su hijo y la lucha contra la impunidad y el olvido.

A 7 años del juicio que legitimó la desaparición de Facundo Rivera Alegre, sus familiares recibieron la resolución por parte de la Fiscalía Distrito 1 Turno 5 a cargo de la nueva Fiscal Celeste Blasco que hace lugar a la demanda efectuada por la familia y su abogada, Adriana Gentile, donde demanda la constitución nuevamente de Viviana Alegre como querellante en la causa por desaparición.

Desde que finalizó la etapa anterior del proceso judicial, con varias irregularidades, la Justicia nunca había hecho lugar a la solicitud. En palabras de Viviana “es un paso enorme gracias a la lucha colectiva, ahora podremos incidir directamente en el proceso judicial por la desaparición de Facu y agilizar los motores para su búsqueda real. Cuento con el respaldo de organismos como Amnistía Internacional y del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que me ayudarán a profundizar el camino hacia la verdad y poder encontrarlo”.

Hoy jueves 16 de noviembre, la familia y su abogada junto a diversas organizaciones sociales presentarán a las 11 horas frente a Tribunales Provinciales II el recurso jurídico de “amicus curiae”. El objetivo de esta nueva acción “Camino a la 16º Marcha de la Gorra”, es agilizar y presionar a la Fiscalía para que la búsqueda de Facundo pase a ser una prioridad y todas las organizaciones que presenten tal pedido puedan apersonarse ante la Fiscalía, con la posibilidad de indagar cómo y dónde están buscando al desaparecido.

Semanas atrás, en una reunión con la nueva Fiscal General Adjunta de la Provincia de Córdoba, Bettina Croppi, y tras el reemplazo de Blasco por el ascendido Fiscal Gustavo Dalma, Viviana y Adriana remarcaron que Dalma nunca cumplió en buscar a Facundo y nunca tomó la demanda de ser querellantes.

Falta Facu

Facundo Rivera Alegre, joven cordobés de 19 años de edad, vivía junto a su madre en “el pasaje” del Barrio Juniors (Córdoba Capital). Trabajaba de albañil y quería estudiar arquitectura en la UNC. Tenía una banda de cuarteto llamada “A pura K-ravana” donde cantaba y bailaba con los amigos de su barrio. Era novio de Micaela y padre de Rocío. Le gustaba mucho el cuarteto y el rock.

“Facu era la alegría del hogar. Me acuerdo que cuando era chiquito, yo llegaba del trabajo y preguntaba ¿Dónde está la alegría de la casa? y venía Facu sonriente y gritando ‘acá estoy mami, soy yo’”, rememora Viviana. Y agrega: “era un pibe muy divertido, bueno. Fanático de Palermo y de Boca. Un padre muy presente y responsable. Soñaba con vivir en una casa junto a su novia y su hija. Le encantaba cantar y bailar. Siempre iba a ver a La Mona”.

En el año 2012 estaba vigente en la Ciudad de Córdoba el Código de Faltas (actual Código de Convivencia). Un corpus jurídico que le permitía a la Policía de la Provincia detener ciudadanos bajo el “delito de portación de rostro”, entre otros. Facundo -al igual que una mayoría de jóvenes de barrios populares- había sido detenido bajo esta ley en reiteradas oportunidades.

Pocos días antes de su desaparición, Viviana tuvo que ir a buscarlo a la Comisaría Séptima de Alta Córdoba donde se encontraba golpeado dentro de una celda. “A este le queda poco” le dijo un oficial de Infantería antes de salir de la dependencia policial. El 19 de febrero de 2012, "El rubio del Pasaje" desapareció después de ir al baile de Damián Córdoba. El mismo día, Viviana recibió un mensaje de texto con la leyenda: “no lo vas a encontrar jamás”.

Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

Facundo Rivera Alegre desapareció cuando su hija tenía 6 meses de vida - (Foto: Gentileza Viviana Alegre)

Es un monstruo grande y pisa fuerte

En un primer momento, la investigación sobre la desaparición de Facundo había recaído en la Fiscalía 1, turno 5, a cargo del fiscal Alejandro Moyano, quien finalmente sería ascendido a Fiscal General de la Provincia. El primer pedido que la familia le hizo a Moyano fue separar a la Policía de la investigación, ya que tiempo después de la desaparición, Viviana recibió un mensaje de dos mujeres que testimoniaban haber visto a cuatro policías (dos de civil y dos uniformados) subir a un móvil a un joven con las características de Facundo, a pocas cuadras del Estadio del Centro. Dos veces le confirmaron a Viviana lo que habían visto, pero las mujeres fueron amenazadas tras declarar.

Desde un principio Viviana denunció que, por acción u omisión, la Policía de Córdoba tiene responsabilidad en el caso. “El Estado era y es el único sujeto que a través de sus agentes tiene la estructura necesaria para desaparecer a alguien sin dejar rastros” acusa Alegre, quien también habla como familiar de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura.

El fiscal Moyano nunca investigó a la fuerza de seguridad que desde el regreso de la democracia lleva más de 400 personas desaparecidas y asesinadas en Córdoba. Tampoco la apartó de la investigación. Cabe remarcar que todos los policías que oficiaron de investigadores terminaron presos o imputados por distintos delitos ajenos a la causa. El caso más emblemático fue el de Rafael Sosa, Jefe del departamento de Lucha Contra el Narcotráfico y encargado de investigar, junto al fiscal Moyano, la desaparición del Rubio, hasta que fue llevado preso por asociación ilícita, acusado de comandar una estructura narco para el comercio ilegal de drogas. Sin embargo, Sosa está en libertad desde 2019.

El anterior abogado de la familia Rivera Alegre, Claudio Orosz, exigió ante la fiscalía que se peritaran los móviles que estuvieron cerca del Estadio del Centro la noche del 19 pero el letrado tampoco hizo lugar a esta demanda. La respuesta de la fiscalía fue intervenir los celulares de los familiares y amigos de Facundo al igual que el perfil de Facebook del Rubio, bloqueado en más de una oportunidad. También ordenó intensificar los controles policiales en los bailes.

Durante meses, la familia del joven recorrió todos los hospitales y comisarías de Córdoba en búsqueda de pistas que pudieran dar con la verdad. Pero solo recibió amenazas anónimas. Fue entonces cuando Moyano envió a la misma Policía a “proteger y custodiar” la casa de Viviana para brindarle “seguridad”.

Al cumplirse un año de la desaparición, el fiscal Moyano manifestó ante la prensa que traerían máquinas dragadoras para buscar a Facundo en las lagunas de Barrio Maldonado, al igual que llegarían profesionales con perros entrenados de primer nivel. Nada de eso ocurrió. En lugar del despliegue tecnológico, la Policía Judicial hizo un perfil psicológico de Facundo con datos e información que los agentes sacaron de interrogatorios a amigos, allegados e inclusive al ex patrón del Rubio.

La fiscalía también rechazó los ofrecimientos de ayuda y colaboración por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Meses después aceptaría traer un georradar desde Buenos Aires que fue usado cerca de la zona del Cementerio de San Vicente sin éxito alguno.

“Moyano siempre atendía a los medios masivos antes que a nosotros. Tuvimos que esperar ocho meses después de iniciada la investigación para tener acceso solo a una parte del expediente. Allí pudimos notar que nunca investigó las pruebas y pistas que le habíamos aportado. Dos años y medio después de desaparecido Facu recién pudimos sacarle copias a los expedientes completos” acusa Alegre.

El Fiscal Alejandro Moyano (Foto: La Voz del Interior)

Solo en dos de los allanamientos dejaron participar a Viviana y a su abogado, Claudio Orosz y en más de uno se encontraron restos óseos que la Policía consignó como "pertenecientes a animales", negando a la familia la posibilidad de quedarse con alguna muestra.

La principal hipótesis que el fiscal manejó desde el comienzo estuvo enfocada en el narcotráfico. Para el letrado, la Policía estaba descartada como sospechosa y el móvil de la desaparición estaba vinculado a la compra y venta de cocaína.

“El Fiscal y los medios siempre nos escracharon y deslegitimaron. Nos acusaban de que buscábamos un fin económico al responsabilizar al Estado y mucha gente se lo creía” relata Vivi.

Prejuicios aptos para todo público

Desde un comienzo, el poder mediático cordobés (Cadena 3, La Voz del Interior, Canal El Doce, etc) generó opinión y sentido común al estigmatizar y criminalizar al “Rubio del pasaje” como un narcotraficante y adicto a la cocaína. Primero dijeron que “seguía de joda”. Más tarde afirmaron que Facundo se había ido de la Provincia. Después expresaron que era "un pibe de los bailes" que había fallecido producto de una “sobredosis de cocaína” .

“Los medios siempre buscaron hacerle creer a la población que Facu ‘algo había hecho’. Trabajaron esa herida abierta que nos dejó la dictadura. Y mucha gente lo creyó sin siquiera conocer a mi hijo y a mi familia” sostiene Viviana.

A fines del año 2013, pocos meses antes de cumplirse un año de la desaparición, el fiscal Moyano detuvo a tres personas y las imputó por el homicidio de Facundo. La familia Alegre se enteró por televisión. La hipótesis fue la siguiente: Facundo habría ido a comprar cocaína una conocida narco de Barrio Maldonado llamada “La Colela”, a pedido de integrantes de la Banda de Damián Córdoba. Allí, el Rubio habría tenido un problema con los hijos de Colela, los jóvenes Kevin Luci y Pablo Reartes, quienes se pelearon con él supuestamente por un billete falso. La pelea habría derivado en que Luci le quitó el arma a su hermano mayor y le disparó en la frente a Facundo. Luego, el cuerpo habría sido enterrado en algún lugar -el fiscal no indicó cuál- y tiempo más tarde, con la ayuda de Aldo Monje, empleado del Cementerio de San Vicente, cremaron el cuerpo para no dejar pruebas del asesinato.

El Fiscal admitió que muchos testigos acudían solo por la recompensa de $200.000 que el Estado Provincial había puesto a disposición para recaudar información y pruebas. En ese sentido, afirmó que una de las personas interesadas en el monto dinerario fue Gisella Oyola, a quien el fiscal denominó “testigo estrella” por ser quien supuestamente había visto todo lo sucedido la noche del 19. Su participación fue clave para apoyar y fundamentar la hipotesís de asesinato. Durante el proceso de imputación y detención, los acusados Luci y Reartes afirmaron haber sido amenazados y violentados por miembros de la Policía.

A la versión abonada por vecinos de Maldonado con la participación especial de la “testigo estrella”, se le sumó una operación de prensa realizada por el periodista Tomás Méndez en el programa “ADN Federal” donde a través de supuestas cámaras ocultas obtuvo declaraciones privadas de Luci y su padre. En ellas, ambos afirmaron haber sido junto a Rearte, los autores materiales del supuesto homicidio y posterior desaparición del cuerpo.

“Lo de Mendéz fue directamente una operación para limpiar a la Policía y a De la Sota de sus responsabilidades como representantes del Estado. Era increíble como el fiscal y los medios hegemónicos decían absolutamente lo mismo. Tenían practicado muy bien el guión” advierte Viviana. Y agrega:

“no es que la Justicia no hace nada como se suele decir. La justicia entorpece todos los caminos para llegar a la verdad. La Justicia hace, hace y genera impunidad para todos los responsables”

El Fiscal Gustavo Dalma (Foto: La Voz del Interior)

Luz, Cámaras, Juicio!

El juicio inició el 11 de agosto del año 2015 y finalizó 18 días más tarde, el 28 de agosto. En la primera audiencia los funcionarios judiciales presentes interpelaron a Viviana por su discurso. Había denunciado con nombre y apellido la connivencia de los poderes judicial-político-policial-mediático de Córdoba.

El juicio se enfocó desde un principio en el supuesto delito de Facundo y no en su desaparición. Participaron más de 50 testigos. Todas las personas que testimoniaron contra la Policía, no fueron tenidas en cuenta. El Fiscal Diego Albornoz de la Cámara 11ª del Crimen de la ciudad de Córdoba frustró más de una pregunta del abogado Orosz hacia la “testigo estrella”, quien incurrió en varias contradicciones a la hora de declarar.

“La Jueza María Susana Frascaroli declaró en los medios de forma despectiva contra mi persona: ‘¿cómo no vas a estar contenta si los asesinos de tu hijo van a quedar presos?’” recuerda Alegre.

Fiscal Diego Albornoz (Foto: Perfil)

Viviana contó con la presencia de varias madres de víctimas de gatillo fácil y desapariciones que estuvieron con ella de principio a fin apoyándola en el vaivén judicial. Miriam Medina (madre de Sebastián Bordón, asesinado y desaparecido por la Policía de Mendoza en 1997) sostuvo en aquél momento: “el Fiscal Albornoz inducía y orientaba a que los testigos dijeran lo que él quería. Siempre intentando culpar a la víctima. Se investiga si Facundo tenía una o dos bolsitas de droga, cuando lo que se debe investigar es qué sucedió con el cuerpo”.

“El Policía Rafael Sosa es quien pone a esa famosa testigo que no es más que una buchona de la misma fuerza que está justo en el lugar de los hechos para desligar a la policía” aclaró Viviana.

Policía Rafael Sosa (Foto: Comercio y Justicia)

La tercera audiencia del juicio se realizó a puerta cerrada. El fiscal confirmó que “todos los testigos ratificaron los hechos”. Para Albornoz, el testimonio de la principal testigo cerraría el caso con el título de “homicidio con dolo eventual”.

El Fiscal también opacó una medida de prueba sobre el uso de un móvil policial de la Comisaría Quinta que se habría utilizado para trasladar a Facundo. “Eso es un comentario que se realiza en barrio San Vicente. La testigo clave dijo haber visto cuando le pegan el tiro, lo subieron al auto y desapareció”, sentenció Albornoz sobre la acusación no investigada.

En la cuarta audiencia se dió por hecho que Monje no sólo no estaba capacitado para usar los nuevos hornos crematorios del Cementerio, sino que además era la Policía quien oficiaba la seguridad y control del Cementerio de San Vicente. La hipótesis de que Facu fue cremado se cayó a pedazos al corroborarse que la supuesta noche de la cremación, los hornos nunca fueron prendidos. Orosz no dudó en etiquetar a Monje como un “perejilazo”.

Finalmente, el 28 de agosto se leyó la sentencia. La Cámara 11º del Crimen de Tribunales Penales de Córdoba condenó a Pablo Rearte a 12 años de prisión y declaró la participación del menor Kevin Luci como autor material del crimen del Rubio.

La Familia de Facundo, a través de su abogado, pidió la absolución de los hermanos y de Monje por “ser el último eslabón de una cadena de complicidades y violencias por parte de las distintas instituciones del Estado de Córdoba”. Solo Monje fue absuelto por “la aplicación del principio de duda”. Reartes se encuentra cumpliendo condena y Kevin Luci salió en libertad al poco tiempo de finalizado el juicio.

De izquierda a derecha: Monje, Luci, Reartes.

Se buscan respuestas

¿Por qué no se menciona a las zonas liberadas por la Policía en barrio Maldonado, que le permite comerciar a sus anchas? Además, ¿Qué papel jugó la custodia de Damián Córdoba, integrada por personal policial en actividad? ¿Por qué no se anuló la investigación que hicieron los policías que formaban parte de la estructura narco en Córdoba? ¿Por qué no se tuvieron en cuenta los testigos que aportó la querella? ¿Por qué el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, no nos recibió pese a los múltiples pedidos de audiencia? ¿Qué pasa en Córdoba, que es tan fácil asesinar a alguien y desaparecer un cuerpo?” se sigue preguntando la madre del Rubio.

¿Será Justicia?

Después del juicio y hasta el año 2021 inclusive, lxs Familiares y Amigxs del Rubio vienen exigiendo audiencias ante el TSJ, la Fiscalía General de la Provincia y la Gobernación. Nunca tuvieron respuestas más que el pedido del Fiscal Dalma de que sea la propia familia quien acerque datos sobre el posible lugar donde se encuentra Facundo.

“Yo no sé si está muerto o vivo. Tengo la esperanza de que esté vivo y desde hace 10 años dejo mi celular con el número de aquel entonces cerca mío, porque Facundo sabía de memoria ese número. Tengo esperanza para poder seguir viviendo y eso me da fuerza para seguir luchando”

La causa quedó alojada en Casación desde el año 2016 hasta que en el año 2020 “la misma Cámara se expidió 15-20  días antes de la reelección de Schiaretti. Ahí, ellos mismos están dando la respuesta de porqué la Justicia no hace lo legalmente correcto” denuncia Viviana.

En el año 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) confirmó la condena a 11 años de prisión impuesta a Pablo David Rearte por el delito de "homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de 18 años de edad".

“¿Qué siguen haciendo para obstruir la búsqueda? Bueno, lo tenés al intendente de Córdoba, Martín Llaryora que está rellenando las lagunas de Barrio Maldonado donde se sabe que puede ser un lugar donde esté Facu y seguramente otras personas más. Por eso las tapan” advierte Rivera Alegre.

El Fiscal Dalma no puede cerrar la causa mientras no se encuentre a Facundo. El Fiscal General de la Provincia de Córdoba Juan Manuel Delgado se excusó en el año 2021 alegando que el juicio se había hecho. Mientras tanto, se le sigue imposibilitando a la familia ser nuevamente querellantes. Para Viviana eso es una gran traba.

“La Justicia te arma testigos, pruebas falsas, te pone mil trabas y ’peros’, te quita de querellante. Te pide datos y que vos hagas lo que ellos deberían hacer. ¿A esto le llaman democracia y Estado de Derecho?” expresa Vivi. Y agrega: “Si la justicia hubiera actuado como dice que debe actuar, obviamente iba a ser un caso bisagra y marcar un antes y un después”.

Por una sistema judicial con Memoria, Verdad y Justicia

Viviana Alegre lleva más de diez años luchando para obtener justicia y verdad sobre lo sucedido con su hijo Facundo. La lucha contra el gran monstruo estatal la ha llevado a organizar y participar de cientos de actividades, marchas, festivales y concentraciones a lo largo y ancho del país donde se pide justicia por los los más de 8.000 pibes y pibas asesinades bajo el sistema democrático liberal capitalista y también por les 30400 desaparecides en la última dictadura cívico-militar.

En ese camino de construcción de poder popular, antidepresivo y comunitario, la calle la ha acogido como una madre referencia en lo que respecta a la lucha por la identidad, memoria y justicia por los pibes que el Estado Nación Argentino asesina cada 17 horas. 

“Cómo dice Nora Cortiñas, queremos la democratización de la justicia y la independencia frente a los poderes políticos de turno. Sucede que si harían lo que deben, los responsables políticos deberían estar presos por un largo tiempo, al igual que los policías. Es difícil pero no imposible” sostiene Viviana.

Gabriela Sanso, Nora Cortiñas, VIviana Alegre (Foto: Rodrigo Savoretti Andrada)

Viviana sostiene que para generar poder popular la presión social debe ser permanente. Y  para que la justicia sea popular debe tener no solo Tribunales independientes sino también investigadores independientes. Sabe y conoce en cuerpo, lo que el poder político-policial-judicial es capaz de hacer. Y afirma que es bien conocido por todos que si uno de ellos quiere trabajar o investigar dignamente, termina muerto o desaparecido como el caso del policía Lucas Muñoz en Neuquén. 

“A mi hijo lo desaparecieron dos veces. El 19 de febrero de la calle y el 11 y 28 de agosto del Estado de Derecho. Y lo siguen haciendo desaparecer todos los días al no buscarlo” afirma Alegre,

En el recorrido, Viviana padece -además de persecución, infiltraciones en su celular, hostigamiento policial, judicial y mediático y la desaparición de su hijo- dos enfermedades graves: depresión y cáncer. 

“Es desgastante, hay muchas mamás que se desgastan mucho y hay que respetar ese proceso, no es fácil. La salud mental de los familiares hay que cuidarla, cuando eso no está bien, se termina todo. Entonces hay que contenerse, acompañarse. Porque a ellos no les interesa nada, si una madre no quiere vivir más o le agarró cáncer, no les interesa, todo lo contrario, quieren profundizar esa violencia porque son asesinos seriales con poder e impunidad” acusa la madre de Facu.

Viviana cautiva una muy buena relación con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Y se refleja en su lucha como una luz de esperanza.  “Yo creo que es posible que estos crímenes de estado se juzguen como se hizo y hace con los genocidas. Mientras haya un hilo de esperanza hay que seguir. Lo más lógico es que se quiera ya, pero a su tiempo será una realidad. El mejor ejemplo de esto son ellas, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”.

Alegre reconoce que tender puentes y redes entre familiares es una tarea indispensable a la hora de pedir “ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más”. A cada lugar que va no solo lleva el caso de su hijo sino también el de muchos otros pibes de Córdoba capital y del interior provincial. La opción que está trabajando con sus compañerxs y abogadxs es la de acudir a tribunales internacionales.

“A veces no te dan más ganas de vivir, el cuerpo y el de lxs compañerxs que siempre acompañan se desgastan pero hay que cuidar nuestra salud porque sino ganan ellos. Ellxs nos quieren mal, no podemos permitirles el gusto. Yo sueño con juzgar a todos los responsables, con la unidad de las madres lo vamos a lograr.  Pero también lucho para que no siga sucediendo. Para que mis nietas y demás pibes de las generaciones venideras no sean desaparecidos, no sean truncados en sus sueños y proyectos por el Estado y su represión” concluye Viviana.

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