Ley Fernando: una iniciativa sobre “los negros de mierda”

El abogado indígena Lautaro Arias Camacho impulsa la iniciativa “Ley Fernando”, para que el “odio de clase” sea considerado un agravante en los homicidios junto al odio racial. Particularmente, “negros de mierda” no es una expresión que refiera sólo al color de piel, porque el negro o marrón, para ciertos sectores también es una “brasa”, un “negro villero”, o simplemente un “pobre de mierda”.

Por Redacción Enfant Terrible |

🕒 4 minutos de lectura
Madre y padre de Fernando Báez Sosa, asesinado en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell al grito de “negro de mierda”. Foto: Gastón Taylor

“Negro de mierda”, una expresión bastante cotidiana en Argentina. Tanto, que fue una de las frases que testigos escucharon varias veces cuando Fernando Báez Sosa era brutalmente golpeado a la salida de un boliche en Villa Gesell en enero de 2020, por un grupo de varones rugbiers. Aunque el mito dice que en Argentina no hay racismo, en realidad esa mirada constituye la estructura básica de nuestra cultura y muchas veces hace de condimento para la violencia y la deshumanización. No hay persona, hay un “trofeo”. La violencia es física y también simbólica.

“Encima de negro, pobre”

Pero expresiones como ésta no tienen sólo un componente racial, sino también de clase porque el “negro de mierda” no sólo es negro o marrón, es “negro villero” o “pobre de mierda”. Los insultos son tantos que no cuesta recuperarlos, son aprendidos y repetidos, hasta que ser pobre y negro se vuelve natural y estructuralmente denigrante. A esto, el INADI lo llama "racismo socioeconómico".

Éstas son discusiones que trae el abogado indígena Lautaro Arias Camacho, en el marco del juicio por el asesinato de Fernado, donde ocho jóvenes están imputados por el crimen, e impulsa una iniciativa a través de Change.org para que el “odio de clase” (a la par del odio racial) sea considerado un agravante en los crímenes de homicidio. “Existe el odio racial y por la orientación sexual, pero el odio de clase no existe reconocido como agravante”, comentó Camacho a Radio Nacional Salta.

Aunque reconoce que no es fácil, la propuesta de Camacho consiste en incorporar el odio de clase al Inciso 4 del Artículo 80 del Código Penal, que contiene el agravanete para los delitos de homicidio.

“¿Existe el odio de clase, existe esa segregación por la pertenencia de una persona a otro sector social? Si la respuesta es 'si', vamos a la segunda pregunta, ¿Ese odio, esa consideración como ciudadano de segunda categoría termina siendo móvil de delitos? Si la respuesta es 'si', entonces tenemos que contemplarlo en la norma”.

Lautaro Arias Camacho en diálogo con Radio Nacional Salta.
Fernando Báez Sosa

Para reforzar su explicación, el abogado agrega que la vulneración por la condición de ser pobre también recae sobre otros ámbitos, como los laborales. “En el ámbito laboral hay sectores sociales que son más proclives al trabajo no registrado, al trabajo no remunerado, a la explotación laboral”, argumentó como ejemplo Arias Camacho. Aunque también, esa discriminación se observa en su mayoría en ámbitos educativos, según el Mapa Nacional de la Discriminación (MND) publicado por el INADI en 2022.

Es decir, si la condición de género y la racial constituyen elementos que favorecen la violencia, ¿Por qué no entender a la pobreza como intersección de esos elementos, sobre todo en un país tan desigual como Argentina, ubicada en el subcontinente más desigual del mundo? De hecho, en provincias como Salta, de donde proviene Arias Camacho, así como las provincias del Norte en general (Chaco, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) la discriminación por la situación de pobreza fue la respuesta más mencionada en las encuestas para confeccionar el MND.

Aunque tampoco hace falta irse al Norte grande para observar esa discriminación. En Córdoba, el Código de Faltas (hoy Código de Convivencia) tiene impregnado su componente racista y clasista en la "portación de rostro", que no por casualidad es identificable con la mayoría a la que pertenecen los sectores populares, en particular jóvenes, grupo etario que engrosa las filas de los números de víctimas por represión policial.

A su vez, los datos del INADI arrojan que la discriminación por la condición de pobreza fue en aumento entre 2013 y 2019, junto con la concreta limitación del acceso a derechos como educación, trabajo o la posibilidad de circular en la vía pública sin recibir hostigaciones. Aunque en el MDN suman otras condiciones como la gordura, el género o la discapacidad.

Pero ese aumento no implica que antes no existiese dicriminación, al contrario, sino que cada vez se reconocen más esas violencias y vulneraciones. Es decir, cada vez existen sectores más concientes de esas estructuras segregativas, más se pueden identificar y más se pueden denunciar. Es importante comprender que esas estructuras son interseccionales y nos afectan en conjunto, ya que una sociedad que discrima, violenta y margina, se inclina al anquilosamiento, y peor aún al atraso.

Firmá la petición para la “Ley Fernando” haciendo click aquí.

Fuentes:
Mapa Nacional de la Discriminación
Escuchá la entrevista completa a Lautaro Arias Camacho haciendo click aquí.

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