En el 2017 durante el período de gobierno de Mauricio Macri se impulsó una reforma tributaria de ajuste, atacando a distintos sectores de la sociedad argentina. De aquel período al presente, entre recesión y pandemia, el lunes pasado vimos cómo en Ciudad de Buenos Aires, la Policía de Horacio Rodríguez Larreta reprimió y detuvo a trabajadorxs de la industria cinematográfica, que se manifestaban en las proximidades del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). La movilización exigía la renuncia del ahora expresidente de esa institución Luis Puenzo, y contra la caducidad del Fondo de Fomento Cinematográfico (histórico y fundamental para la producción de cine nacional e independiente).

Un día después de las protestas y posterior represión, ayer se supo que el presidente Alberto Fernández decretó el relevo de Puenzo, reemplazado por Nicolás Batlle

La caducidad de los fondos de fomento están vinculados a la ley 27.432, que entraría en vigencia en diciembre de este año de manera automática y comenzaría a aplicarse con la eliminación de asignaciones impositivas, con las que los institutos del Estado financian las producciones nacionales de cine, teatro, música, radios y televisiones comunitarias y a las bibliotecas populares.

El artículo 4° de ley indica que los recursos destinados a estos fondos seguirían siendo recaudados, pero serían destinados al Tesoro Nacional para ser utilizados según criterios del Ejecutivo

De no lograrse tratar a tiempo, al entrar en vigencia, el recorte recaería directamente en fondos que sirven a instituciones como el INCAA, el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), por ende afectando a todos estos sectores.

Los fondos son un sostén fundamental para la cultura y el arte en nuestro país, ya que estos ámbitos productivos no tienen una asignación presupuestaria anual. De aprobarse la reforma, pasarían a depender de los presupuestos asignados por los gobiernos y aprobados el Congreso año a año -cosa que este 2022 no sucedió, ya que la oposición se negó dar quórum.

El vaciamiento artístico-cultural es reversible. Para ello debería tratarse en el Congreso y con la mayoría de los votos dar de baja la modificación de la normativa. Una propuesta en este sentido, es el proyecto de ley elaborado por el diputado cordobés por el Frente de Todos Pablo Carro, que propone prorrogar hasta diciembre de 2072 las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales. Para fijarse debería tratarse como cualquier ley en ambas Cámaras y hasta ahora tampoco tiene quórum.

Cine federal en crisis

Para profundizar sobre esta situación, desde Enfant Terrible hablamos con el cineasta cordobés Rodrigo Guerrero, presidente del Colectivo de Cineastas de Córdoba, quien explicó que, de aprobarse la nueva reglamentación y con la eliminación de los fondos de fomento:

“En el caso de Córdoba en particular, o de las provincias y el interior del país, que son las que más necesitan de ese dinero para producir, básicamente se fundirían la mayoría de las pymes, los productores independientes que no tienen empresa no podrían producir”

Es una situación drástica para el cine, porque es muy costoso, sale mucho dinero hacer una película y si no tenés apoyo del Estado se vuelve inviable para productores como la mayoría que hay en Córdoba. Hay una brecha enorme entre el tipo de producciones que se hace en las provincias y las que se hacen en Buenos Aires, lo cual no significa que no haya películas independientes, más pequeñas, en BA, que se hacen gracias al apoyo del INCAA y las políticas de subsidios.

Las operetas mediáticas para aminorar la toma conciencia del riesgo, tomaron las cifras de estas riquezas mal distribuidas. Mientras tanto la propuesta de los canales de comunicación afines a las grandes empresas es por continuar desfinanciando (en su favor) a la industria nacional. En este sentido se expresó Guerrero:

Por ahí uno escucha en los medios más poderosos y más políticos que no están alineados a la gestión del gobierno, los millones que sale hacer una película y eso transmitido de una forma bruta, sin ninguna información sobre la cantidad de puestos de trabajo que genera, la cantidad de servicios que se necesita para hacerla, etcétera. Para una persona que está en su casa y más en este contexto de crisis y vulnerabilidad, escucha esos montos y es muy plausible de indignación. Pero es una realidad que incluso en Estados Unidos que tiene la industria más grande, el Estado está atrás, sino no existe. Entonces también está en juego la existencia de este arte, disciplina, medio de comunicación, como quieras llamarlo.

En relación a la gestión de Puenzo y el desfinanciamiento que venía del macrismo, el cineasta cordobés contó que: “Había una expectativa muy grande en relación a lo que pudiera hacerse o modificarse sobre el Fomento que había dejado la gestión anterior, donde se habían enfatizado más las diferencias en las posibilidades de acceso a los fondos”. Guerreo explica que se se creó un sistema de puntaje con distintos promedios que debían contarse para acceder al financiamiento. Pero además, “si no eras una empresa jurídica (SRL, SAS) tampoco podías aplicar audiencia media (una de las vías de fomento). Sumado a que Puenzo asumió prometiendo un nuevo plan de fomento, algo que nunca se efectivizó al día de hoy”.

“Hay unos bocetos de planes de fomento que apuntan a generar menos películas con más dinero, lo cual también afectaría al cine de las provincias y las producciones independientes”.

Frente a cualquier intento de deslegitimar el reclamo para que la política nacional apueste también al desarrollo industrial artístico-cultural, Guerrero comenta la importancia que tiene su desarrollo para la soberanía local, tanto en términos laborales, como de producción y reproducción de los propios relatos:

Lo que está en riesgo, por un lado, son las fuentes de trabajo de un montón de personas que viven de hacer audiovisual, en el caso del cine, en todo el territorio nacional y en provincias con mayor desarrollo como es Córdoba, Entre Ríos, Mendoza. Por otro lado, es la posibilidad de contar historias con la gente de los diferentes lugares. Si se aprueba la caducidad de los fondos de fomento, lo que se va a producir es contenido de las plataformas, donde las grandes productoras de Argentina, generalmente vinculadas a los canales de televisión, son las que van a determinar qué se cuenta y cómo, muchas veces con un formato que no nos es propio y que puede tener alguien que vive en Argentina.

“Se habla de la posibilidad de defender nuestro cine, nuestra mirada, nuestras voces, de contar historias a nuestra manera y no en función de un formato efectivo comercial”.