El 23 de mayo, Agostina Madeleine Vega se toma un taxi a lo de Claudio Barrelier. Horas después la familia sale a pedir por su aparición. El domingo 24, Belgrano y River jugaron la final; un enorme despliegue policial donde se lo vio celebrar al ministro de Seguridad, Pablo Quinteros. El protocolo “Alerta Sofía” continuaba sin ser activado.

Recién el martes 26 iniciaron el rastrillaje y búsqueda de Agostina. 72h después se activó el protocolo. El ministro Quinteros; el abogado querellante, Carlos Nayi; hasta el abogado defensor del acusado Claudio Barrelier, Jorge Sánchez Del Bianco dijeron que Agostina se “encontraba con vida”.

El sábado 30, las pericias confirmaron en un 98% que los restos encontrados en un descampado en Ampliación Ferreyra eran de Agostina. En una rueda de prensa el fiscal de instrucción del Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón, en un tono de indiferencia y cinismo, dijo lo que quería escuchar el gobierno: “no hacemos crítica respecto a una demora”; “hay que darle una medalla de distinción al perro por el hallazgo”; “se trató de un homicidio”.

El poder ejecutivo y judicial comparten pasillo

El prontuario de la Justicia de Córdoba es un organigrama de la distribución minuciosa de cómo se ejerce el poder. Hace tiempo pareciera ser que Temis -diosa de la justicia- quedó ciega y con la balanza del derecho descalibrada.  Casualmente los mismos actores aparecen cuando hay que ordenar el tablero. El poder es invisible, no quienes lo ejercen.

El fiscal Garzón participó de 3 causas claves para la provincia: el acuartelamiento policial en 2013, el Golpe Comando en Cofico en 2016, la muerte de bebés en el Hospital Neonatal (extraído de El Resaltador).

En la misma línea de el entramado jurídico y ejecutivo, el amplísimo “cordobesismo” aunó lo impensado cuando colocó a Quinteros (ex candidato a intendente del Partido Vecinal, encargado del recurso de amparo para declarar como imputable la Interrupción Legal del Embarazo durante 10 años en la provincia) como ministro de Seguridad; y a Ricardo Moreno (secretario político de las 62 Organizaciones Peronistas) como candidato a concejal.

Por su parte, el fiscal Iván Javier Rodríguez fue el encargado de dejar en libertad a Barrelier por “falta de mérito acusatorio” y aceptar el pago de una fianza, luego de ser denunciado por “privación ilegítima de la libertad”. Rodríguez en este momento está pronto a ser ascendido a Procurador Penitenciario Adjunto.

En la mafia como en la familia, la basura se recoge dentro. El abogado defensor (Sánchez Del Bianco) de Barrelier por la causa previa al femicidio, en la que estuvo sólo 20 días privado de la libertad, es yerno del Concejal Moreno.

El gobernador Llaryora aseguró a la familia de la adolescente, que pondrá “todo a disposición” para que se haga justicia. Sin embargo, su fiscal de turno -Garzón- en ningún momento habló de femicidio. Carátula hoy silenciada por nación, que entiende a las políticas de género como “falsas denuncias”.

Las tareas de cuidado y la supervivencia

Hay cosas que nunca cambian, cuando ocurre un femicidio importa más el titular que el hecho. 

9 años atrás, el femicidio de Micaela García, dio como resultado la promulgación de la Ley Micaela, herramienta de formación en materia de género para funcionarios públicos, periodistas y abogados defensores. Se estima que menos del 30% realizó algún tipo de formación.

En lo que va del año, sucedieron 99 femicidios, según la Corte Suprema. En 2025, 17 mujeres fueron asesinadas en Córdoba, un promedio de 1 a 2 por mes. El 80% de las causas fueron perpetradas por algún familiar o vínculo cercano. La supervivencia de las tareas de cuidado.

El femicidio de Agostina Vega dejó al descubierto que sí las mujeres y disidencias se cuidan entre ellas, es porque el aparato ejecutivo y judicial caminan por los mismos pasillos. Justicia como sinónimo de represión, no de prevención.