De la mano de la abogada y representante del Partido Obrero (PO), Soledad Díaz, las organizaciones que fueron víctima del atentando del pasado martes durante la movilización contra el FMI en Córdoba, presentaron una denuncia en Tribunales I, para reafirmar pedir el apartamiento de la causa, del fiscal Raúl Garzón, por considerar su «planteo anticipado, prematuro y tendencioso».

La presentación fue realizada al fiscal general de la provincia Juan Manuel Delgado y se trata del segundo pedido contra Garzón, contando el realizado el pasado viernes también por Díaz en Tribunales Federales II, donde estuvo acompañada de otros dirigentes que integran el Frente de Izquierda.

Las organizaciones político-territoriales denuncian a Garzón por desestimar la versión de un "ataque fascista" contra las organizaciones y la movilización popular, ya que según la versión del funcionario fue un "enfrentamiento entre organizaciones".

En un comunicado, las organizaciones Polo Obrero, Barrios de Pie, PTS, FOL, OLP R y L, MST, NMAS, Izquierda Socialista, Libres del SUR, Cor, Marabunta y Venceremos, rechazaron las conclusiones de Garzón afirmando que:

“Es una verdadera calumnia. ¿Alguien puede realmente creer posible que columnas que estaban a distancia entre sí se hayan enfrentado de manera simultánea y coordinada? Las teorías de los ‘enfrentamientos internos’ recuerda al operativo mediático que intentó instalar en 2002 por parte del gobierno de Duhalde en ocasión del asesinato de los compañeros Kosteki y Santillán”

Según Garzón, en las grabaciones "no se logra observar ningún tipo de elemento utilizado, ni disparos efectuados. También se observa que el personal policial no interviene". De esta manera en sus conclusiones también desvincula a las fuerzas policiales y desestima la presencia de infiltrados.

Por otro lado, si bien el funcionario sostuvo que tomó declaraciones al menor de 15 años hospitalizado en terapia intensiva luego de una estampida generada tras el ataque, la familia del adolescente niega que el testimonio se haya realizado ya que, por su delicado estado de salud, el integrante de Barrios de Pie no está en condiciones de hablar.

Al respecto las organizaciones denuncian:

“Este elemento es gravísimo, ya que pone en palabras de una víctima, que no pudo haberlas pronunciado por su delicado estado de salud, sembrando nuevamente el manto de dudas sobre las denuncias realizadas por quienes sufrimos la agresión”

En esta línea, Díaz declaró que Garzón se apresuró a realizar aseveraciones sobre los hechos "en vez de convocar a los miles de testigos que presenciamos toda la situación...".

Debido a las declaraciones apresuradas del fiscal y las irregularidades en la investigación, denuncian que Garzón intenta convertir a las "víctimas en victimarios", quitándole responsabilidad política al gobernador Schiaretti. Además, se trata de un fiscal que tiene historia por causas contra la movilización callejera, por ejemplo las realizadas por el SUOEM en ocasión de los despidos de la Municipalidad de Córdoba en 2020.

“Por todo esto, exigimos al poder político y judicial el inmediato esclarecimiento de los hechos y rechazamos las declaraciones mediáticas del fiscal Garzón que intenta sembrar la versión de que fue un enfrentamiento entre las propias organizaciones que nos movilizamos. Es necesario y urgente defender activamente el derecho a la protesta y la movilización”, concluyen en el comunicado.

Breve reconstrucción del ataque en la Marcha contra el FMI

Según reconstruyeron las víctimas del hecho, el día de la movilización personas encapuchadas irrumpieron de manera simultánea y coordinada en tres columnas distintas con armas de fuego, algunas realizando disparos al aire, provocando una estampida, donde en su mayoría mujeres y menores de edad sufrieron golpes.

Según los testimonios, en ese instante no hubo presencia de la Policía de Córdoba, algo llamativo en una ciudad donde las movilizaciones suelen contar con gran despliegue policial, a veces muy desmedido. De esta manera, las organizaciones denuncian que hubo "zona liberada" para que se consume un apriete.

Las denuncias apuntan un hecho que vulnera el derecho a la protesta social y llaman a repudiarlo, invitando a firmar un petitorio.