Por Victoria Marconetto para Enfant Terrible
La comunidad de Pluma Blanca hace años enfrenta hostigamiento y violencia territorial. A fines de 2022 se frenó la orden de desalojo que pesaba sobre la misma, y el 5/12/2023 con la incorporación en la causa de la Ley 26.160 se conquistó el reconocimiento de su posesión ancestral de tierra indígena, ubicada en el cordón de Sierras Chicas sobre Cerro Azul, El Pueblito y El Manzano. La presión permanente para despojo y avance sobre sus territorios tiene intereses concretos por atrás. En el terreno colindante se ubica la familia Remonda, vinculada a la agroindustria y al desarrollismo inmobiliario.
En el presente, una nueva causa entra en momentos críticos. La violencia territorial y las formas de expulsión de las comunidades tiene distintos mecanismos de acción, que en muchos casos implican también la contratación de sicarios para aterrorizar y amedrentar a las comunidades. Desde hace décadas enfrentan la quema de sus campos, matanza de animales, colocación de explosivos en las inmediaciones de sus viviendas y la violencia sexual sobre sus mujeres. En este momento, en la Cámara 2° de la Ciudad de Córdoba se está llevando adelante una causa por delitos contra la integridad sexual de una de ellas.
Ayer había expectativas respecto a que se emita un veredicto final, sin embargo, desde la Cámara resolvieron que “no estaban en condiciones de alegar” por lo que decidieron postergar esta última instancia con fecha del 25 de julio a 9:30 horas, en Tribunales II.
Eugenia Scarpinello, abogada de la querella explicó que el proceso oral comenzó en mayo y todas las partes ofrecieron diversidad de pruebas: “En un primer momento se suspende para ofrecer nueva prueba pericial, se retoma el debate para proveer el material y ahora estamos a instancia de la ultima audiencia para alegatos y veredicto. Son cuatro hechos de delitos, la mayoría contra la integridad sexual”.
“El primero de los delitos ocurre cuando la víctima tenía apenas doce años y coinciden temporalmente con avances judiciales por parte de la comunidad en la causa civil por tierra, o con la visibilidad de su problemática. Es decir, se puede deducir una lógica en la que los avances son acompañados de una represalia a la familia, tomando el cuerpo de las mujeres como botín de conflicto”, explicó Scarpinello.
En este marco, contó que en una nueva apelación a la Cámara planteó que se tenga en cuenta el concepto de femicidio derivado: “Absolver al culpable puede llevar al suicidio de la víctima. Debemos tener en cuenta que en los procesos que abarcan estos delitos la palabra de la víctima es dirimente y fundamental, si tomamos una perspectiva muy procesalista y formalista pasamos por alto cuestiones relevantes como las diferencias culturales y las limitaciones propias de las mismas”.
Debido a las demoras de la justicia, desde el primer delito de índole sexual hasta el segundo, transcurrieron más de cinco años sin una investigación de instrucción pertinente y eficaz, ya que “la perceptiva indígena en la instrucción brillo por su ausencia”. “La falta de respuestas inmediatas, perspectiva indígena y de género, pone en riesgo de muerte a cada uno de los integrantes de la comunidad, teniendo como único responsable a un poder judicial que hace gala de su racismo clasista; por ello debe llevar a la préctica el acceso a la justicia de las comunidades indígenas, y el primer paso para ello es dejar de juzgarlo con una mirada eurocéntrica”, afirmó la abogada de la comunidad en tono de denuncia.
Para finalizar, con la última audiencia e instancia previa al veredicto por delante reafirma: “La sentencia de este proceso es tan relevante que una absolución puede implicar un femicidio indirecto, o incluso una impunidad tal que no impida que se cometan crímenes aún mas aberrantes. ¿Quiere el poder judicial de Córdoba ser cómplice de esto? ¿Quiere la sociedad cordobesa avalar a un poder judicial de esta índole? No es un proceso judicial, son siglos asentados sobre los cadáveres de los pueblos indígenas, años de genocidios avalados por las instituciones porque la campaña mal llamada del desierto no ha terminado”.
Contacto:
Eugenia Scarpinello: 3512407039 (celular)