El 16 de junio del corriente año, la Jueza de NIÑEZ, ADOLESCENCIA,VIOLENCIA FAMILIAR y de GENERO de 2a NOMINACIÓN de la Ciudad de Córdoba, dictaminó excluir a una mujer (a quien nombraremos como FF para resguardar su identidad) de su hogar. La decisión fue tomada tras una serie de denuncias que lxs familiares de FF presentaron en su contra, por "violencia familiar". El caso presenta varias irregularidades, empezando por desconocer que FF no convive con su familia y que, por lo tanto, la medida de exclusión no puede ser aplicada. No existen ni patios en común, ni puertas que comuniquen su departamento con la casa de sus padres y la de su hermano. Lo único compartido es el terreno que fue cedido para construir sus propias viviendas.

La Ley de Violencia Familiar (9283) tiene dos artículos muy importantes: el 21 y el 22. Sobre el primero, la abogada de FF, Luciana Alonso, precisó: "El artículo no contempla, de ninguna manera, la exclusión de una persona que no convive con el agredido o el supuesto agredido."

El conflicto familiar lleva alrededor de un año, e involucra múltiples denuncias cruzadas. FF comparte terreno con sus padres, más no el hogar. Sostiene que el problema inicia cuando su novia, con la que mantiene una relación de varios años, se muda a su vivienda. Es decir, desde que hace visible su orientación sexual. A raíz del hecho, la familia, implicada también una hermana que vive en otro barrio, comenzó a actuar con hostilidad y discriminación hacia ella y su pareja. En ese contexto, FF realizó la primera denuncia contra su hermana. Inmediatamente, la hermana presenta una denuncia contra FF y luego su madre. Así se inicia un período de denuncias y contradenuncias.

Finalmente, cuando la madre, acompañada de un abogado estatal, denuncia a FF por violencia familiar, el juzgado falló a su favor. El abogado realizó un pedido de exclusión sin justificación y fue concedido. En ese marco, nunca se constató que no existe convivencia entre las partes, por lo tanto no podría aplicarse la exclusión.

Luciana Alonso explicó a Enfant Terrible, que el artículo 22 de la Ley de Violencia Familiar pone un plazo para que la jueza o el juez cite a las partes y tenga contacto directo con ellas para explicar la situación que están viviendo. En el caso de FF esa instancia no fue cumplida y es muy importante: "La acción jurídica que FF y su pareja ha llevado adelante, junto con mi patrocinio, es solicitar al juez que suspenda esta medida de exclusión, primero por no estar contemplada en el artículo 21 inciso "a", ni en ninguno de los otros incisos. Además, solicitar que se tome la audiencia del artículo 22 de la ley de violencia familiar"

Hay otro dato relevante para tener en cuenta las irregularidades del caso. Cuando se toma una medida de exclusión, la primera medida que se lleva adelante es una evaluación de situación mediante técnico compuesto por psicólogos y asistentes sociales. En la situación de FF, aún no figuran en el expediente electrónico los diagnósticos de situación realizados por los profesionales técnicos de tribunales. La defensa solicitará: "Que se ponga a la vista el diagnóstico de situación que hace el equipo técnico de tribunales para poder ejercer nuestro derecho de defensa que está en el artículo 18 de la Constitución Nacional."

Desde la asamblea Alerta Torta sostienen que se trata de otro caso de discriminación y vulneración por parte de la justicia contra una identidad lésbica. En ese sentido manifestaron:

La medida judicial impide que FF pueda ingresar a su hogar, construido por ella misma. Por este motivo urgente, se espera que la jueza pueda revisar el fallo antes de la feria judicial de julio .

Por otro lado, al no constatar que viven en hogares diferentes, tampoco se entiende que el fallo por violencia familiar haya sido positivo. En todo caso, dado que no existe convivencia, se trataría de un problema de propiedad: La ley de Violencia Familiar no trata estas cuestiones. "Las medidas que se toman son medidas cautelares, urgentes, para resolver cuestiones de violencia, no de propiedad.", explicó Alonso. La medida de desalojo, en todo caso debería ser por vía civil, donde se investiguen cuestiones pertinentes al terreno donde FF construyó su casa. Por el contrario, no fue habilitada esa vía, y tras las constantes denuncias por parte de la familia durante un año pidiendo que se vaya del lugar, se concedió bajo la Ley de Violencia Familiar.

"EXIGIMOS la anulación de esta medida discriminatoria, y le decimos: PARA LA MANO, con nuestros derechos NO", expresaron desde Alerta Torta.