Antes de iniciar la declaración, con un léxico moderado y cuidadoso que sostuvo durante toda la audiencia, el hombre del oficialismo provincial calificó el asesinato de Blas como un hecho de “violencia institucional” y como una “grave violación a los derechos humanos sin precedentes”.

En principio, Mosquera fue interrogado por fiscalía, vocales y la querella. Durante la audiencia abordaron algunos tópicos, en relación a los conocimientos del ex ministro sobre lo acontecido en aquella madrugada en que dispararon contra el auto donde murió el adolescente de 17 años, sus alcances como funcionario en relación a la formación y disposición en las calles de los uniformados y también sobre el vínculo con el comisario ex Comisario González Leonardo Cumplido, responsable del área cuando ocurrió el asesinato.

En relación al primer tópico de la audiencia, Mosquera afirmó que a la 01:00 a.m. se comunicó con él Gustavo Marcelo Vélez, entonces Jefe Mayor de la Policía de Córdoba, único funcionario policial con quien dijo que mantuvo conversación esa mañana y lo mantenía al tanto de los hechos que “podían tener vinculación con un hecho previo sucedido en las inmediaciones de Pablo Pizzurno”. Habría sido luego de dos horas, cuando a las 03:00 a.m. Vélez volvió a llamar a Mosquera para informarle que el muerto era Valentino Blas Correa, habiendo otros 4 adolescentes involucrados.

Tras dimensionar que Blas era una adolescente de clase media y vinculado a figuras reconocidas en Córdoba, como su abuelo Miguel "Pato" Laciar (un histórico jugador de fútbol de Belgrano), Mosquera se comunicó con el gobernador Juan Schiaretti, quien le dio tres precisas directivas: “Tomar contacto con la familia, ponerme a disposición del fiscal, e ir a fondo en el esclarecimiento total de este hecho”, recordó.

Un punto dentro del tópico interrogado, fue en relación al arma implantada por los policías para desviar la investigación. Este sería uno de los puntos más importantes para descifrar si hubo encubrimiento, pero Mosquera negó tener conocimiento de que los policías llevasen armas como la utilizada en el hecho, acción que calificó como “aberrante”. También afirmó que primero tuvo conocimiento a través de fuentes periodísticas: “A las 4 grabo un programa de televisión con el periodista Jorge Martínez y tocamos el tema, porque él me dice 'ya se comenta que se habría implantado un arma para desviar la investigación'”, dijo el legislador.

“Nunca me dijeron nada -el comisario- acerca del arma”.

El segundo tópico es la formación de los policías y su presencia en las calles. En principio, porque el policía Alarcón -uno de los autores de los disparos- no contaba con la certificación necesaria para portar un arma, habiendo desaprobado la instancia de formación con nota 2. Interrogado por la responsabilidad jerárquica en disponer que un funcionario no apto para su cargo porte un arma de fuego, Mosquera afirmó que corría entonces por parte del Director General de Recursos Humanos de la Policía de Córdoba, precisamente la actual Jefa de Policía de la Provincia Liliana Zárate Belletti, funcionaria que él mismo propuso para su actual cargo.

“No es competencia -del Ministro de Seguridad- adentrarse en el entrenamiento de las fuerzas”.

Mosquera afirmó que era “una obsesión” saber si los efectivos poseían formación idónea para portar un arma y recordó que la respuesta de la actual Jefa de Policía siempre fue “si” cada vez que consultaba. aunque la realidad terminó demostrando lo contrario, dejando en evidencia una grave falencia al interior de la formación de la policía provincial. En este sentido, Mosquera reconoció que “todo personal policial que no es apto para portar un arma no debería hacerlo”.

Mosquera vs Cumplido

En relación al último tópico, el fiscal y la querella interrogaron acerca de un auto (Toyota Corolla negro) proporcionado por Mosquera al ex Comisario Cumplido, detalle que generó incógnitas sobre la relación entre ambos funcionarios. En este punto, Mosquera declaró que el auto pertenecía a un colaborador suyo. “Cumplido decía necesitar un auto y para hacerle un favor de carácter personal”, ya que el Comisario había participado activamente en operativos importantes de la Policía como la Copa América, el funeral por el fallecimiento de De la Sota y la llegada del rey de España a la provincia en el marco del Congreso de Lenguas. Del auto, Mosquera dijo incluso haber pagado el seguro y rentas. Sobre su actividad como funcionario, Mosquera dijo nunca haber “atendido audiencias fuera de mi despacho”, descartando vínculos más íntimos.

Cabe remarcar que el miércoles Gonzalo Cumplido también realizó su declaración el marco de la misma causa, y fue él quien destacó el detalle del auto. En su testimonio también apuntó contra Mosquera diciendo que le “arruinó la vida” y que “no quisiera verlo nunca más”.

Se trata de un revés en la relación entre Mosquera y Cumplido, ya que fue éste último quien en 2018 le pidió una audiencia al ex ministro cuando estaba en su cargo, porque iba a ser dado de baja por la cúpula policial, que consideraba tener agotada su carrera. Sin embargo, Mosquera al escuchar que era “muy trabajador”, “yo le dije -a Vélez- que defectos tenemos todos, pero cuando una persona es catalogada como 'muy trabajadora' a mi me reconforta, entonces le digo que no lo pase a retiro, pero como una sugerencia, no como una orden”, afirmó el legislador.

“Después él -Cumplido- se montó sobre el caso de Blas para iniciar una campaña política en un partido de la oposición”, dijo luego Mosquera en relación a la candidatura como diputado nacional en Unión Popular Federal del ex jefe policial, por las PASO en 2021.

Un Ministro seguro

Durante el resto de la audiencia, en sus declaraciones Mosquera se sostuvo en los límites de su incumbencia como Ministro de Seguridad cuando ocurrió el crimen contra Blas. Con su tono de letrado en Derecho y su trayectoria como funcionario, pudo limitarse con precisión a las preguntas realizadas, sin eufemismos, ni huecos, que dieran lugar a interpretaciones que le pudieran jugar en contra.

Cuando fue interrogado sobre los mensajes de Whatsapp que mantenía con Cumplido ese día, donde a las 07:00 a.m. Mosquera le dijo "son de clase media, el quilombo va a ser grande", éste último planteó que fueron “apreciaciones subjetivas y objetivas de las víctimas. Eran 5 chicos de clase media que habían sido acribillados por la policía. Tampoco tengo conocimiento de que haya precedentes en Córdoba que la fuerza policial haya acribillado contra un auto donde iban 5 adolescentes”, se explicó con soltura.

También tuvo lugar para defender su gestión y del Gobierno Provincial en general, afirmando que muchos registros del asesinato se habían podido obtener gracias a las políticas y la instalación de las cámaras de videovigilacia de los patrulleros. Al contrario de asumir cualquier tipo de responsabilidad directa como Ministro, Mosquera se lava las manos como si su reciente renuncia, en el marco del inicio del juicio que hoy lo lleva a declarar, fuera casualidad, o como si no existieran otros casos* donde la “violencia institucional” y la “grave violación a los derechos humanos” existieron, aunque nunca fueron catalogados como tales por el funcionario.

Los acusados

Tanto el ex policía Lucas Damián Gómez (36), quien habría disparado la bala que terminó con la vida de Blas, como el cabo Javier Catriel Alarcón (32), se encuentran acusados por ser coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”.

Además están imputados el subcomisario Sergio Alejandro González (43), la agente Wanda Micaela Esquivel (33), la oficial ayudante Yamila Florencia Martínez (24), el comisario inspector Walter Eduardo Soria (44), el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga (35) y el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo (45), por el delito de “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autores del delito de omisión de deberes de funcionario público respectivamente, en concurso ideal”.

También, el cabo Leonardo Alejandro Martínez (28), el agente Rodrigo Emanuel Toloza (26), el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez (25) y el cabo Leandro Alexis Quevedo (30), deberán acudir ante la acusación de “falso testimonio” y “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente, en concurso ideal”.

Por su parte, el comisario Juan Antonio Gatica (45) será juzgado por el presunto “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional”.

Por último, el comisario mayor Gonzalo Cumplido, había sido imputado “incumplimiento de los deberes de funcionario público” pero fue sobreseído en junio de este año.

En referencia a los casos de Gastón Miranda (27), Fabián Perea (28), Franco Sosa (23), Joaquín Paredes (14) y José Ávila (35), también en el marco del aislamiento sanitario, entre otros como el de Jhonatan Romo.