La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, colectivo de organizaciones que entre otras acciones organiza la Marcha del 24 de Marzo, expresó su preocupación y repudio por la avanzada criminalizante contra las movilizaciones populares que llevan adelante quienes realizan sus reclamos en las calles de la ciudad.

El pronunciamiento se da en medio de una reciente ola de imputaciones contra dirigentes las organizaciones Partido Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, Libres del Sur y ATE, a raíz de un fallo por parte del juez de Control y Faltas de 10ª Nominación, Juan Manuel Fernández López, que hace lugar a un hábeas corpus presentado por el Centro Vecinal del centro de la ciudad contra las movilizaciones.

“Nos encontramos transitando 40 años de democracia, que nos debe encontrar en un diálogo y debate que apunte a fortalecer los mecanismos institucionales en defensa del Estado de Derecho. Es por esto, que nos preguntamos: ¿Por qué hay sectores que a esta altura pretenden resolver los problemas de nuestro pueblo con recetas violentas, autoritarias y judicializando a quienes ocupan las calles en defensa de reclamos que consideran justos y necesarios?”, expresan desde la Mesa en un comunicado.

Desde la Mesa insisten en que la criminalización y judicialización va en contra de distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la propia Constitución Nacional, artículo 14.

“Criminalizar a quienes ocupamos las calles en pos defender y profundizar nuestros derechos, es olvidar de dónde venimos, es coartar la libertad de expresión, pero sobre todo es un intento absurdo de resolver de manera estigmatizante y punitivista, las demandas sociales que no resuelve el Estado de manera adecuada”, continúan manifestándose en el comunicado.

Al final, instan “todos los sectores e instituciones a pronunciarse en este mismo sentido, y la desobediencia civil de este tipo de fallos y actitudes autoritarias y antidemocráticas”.