Ayer 21 de marzo, la Confederación de Medios Cooperativos Comunitarios (CMCC) compuesta por las federaciones RDM (Red de Medios Digitales), FARCO (Foro Argentino de Radio Comunitarias) junto a Fadiccra (Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina) y representantes de CISPREN (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba), se reunieron junto a los jefes y jefas de bloque e integrantes de los distintos espacios políticos que conforman la Legislatura Unicameral de la Provincia.
El encuentro se llevó adelante en la oficina de la "Sala de Labor Parlamentaria" con el objetivo de presentar un diagnóstico y análisis de la situación actual de medios cooperativos y comunitarios de la provincia, así como presentar una propuesta de proyecto de ley de fomento de la comunicación comunitaria. El estado de emergencia, debido al contexto de crisis generalizada, puso en riesgo más de mil puestos de trabajo, entre radios comunitarias, gráficos y digitales. En tanto sector productivo, se trata de emprendimientos que ofrecen un servicio a la comunidad y garantizan el derecho a la comunicación.
Bianca de Toni, integrante de la RMD, hizo alusión a la vulneración de derechos hacia la población, ante la falta de acceso de información de interés público. Con énfasis, De Toni mencionó la necesidad en estos tiempos de llevar adelante campañas de prevención en temas de salud pública y ambiente: “Consideramos que es una responsabilidad del Estado garantizar este derecho de acceso a la información”, puntualizó.
La suspensión total de Pauta Publicitaria Oficial (PPO) representa una amenaza en la subsistencia de medios de comunicación del sector cooperativo y comunitario. Por este motivo, referentes de la CMCC alertaron sobre esta situación ante las políticas de ajuste y recorte por parte del gobierno Nacional, con repercusiones a nivel Provincial.
A su vez, resaltaron que los ingresos económicos de la pauta permiten, entre otros puntos, mejorar la calidad periodística y por ende el tratamiento de información de cada comunidad y garantiza los salarios de trabajadores autogestivos.
Al respecto, Laura Carizzoni, vice-presidenta de FARCO, recuperó el rol fundamental de integración e inclusión social y fomento a la participación ciudadana en todas las localidades de la provincia de Córdoba. Agregó que el proyecto de fomento constituye una herramienta jurídica que permitiría regular ingresos económicos a medios comunitarios y cooperativos, y así reconocer la diversidad de sectores, como el trabajo de la comunicación comunitaria.
A su vez, desde el gremio de prensa mostraron su preocupación por el abordaje que se realiza en relación a la pauta, tanto desde sectores oficialistas como opositores, donde se desconoce al sector cooperativo y comunitario como destinatarios de la misma. Por ello, remarcaron que “la PPO no es un sobre” ni tampoco debería utilizarse discrecionalmente, sino para garantizar el derecho de acceso a la información, vía el fortalecimiento de los medios.
Por su parte, legisladores de las diferentes bancas mostraron interés y aceptación a iniciar una mesa diálogo y debate en relación a la distribución de la PPO. En principio, Dante Rossi manifestó su “absoluto respaldo” de su bloque en pos de garantizar derechos democráticos y la pluralidad de voces. “El estado no se puede desentender de este proyecto, no sólo es información es servicio a la comunidad”, manifestó el legislador de la UCR.
Quien también apoyó la iniciativa fue Luciana Echevarría, y resaltó: “están en juego derechos universales como la libertad de expresión y la comunicación”. La referenta del Frente de Izquierda reivindicó el trabajo de investigación, la responsabilidad y compromiso de los medios comunitarios y cooperativos.
Por su parte el jefe del bloque oficialista, Miguel Siciliano habló de una situación coyuntural y otra de fondo que atraviesa el sistema de medios, la cual si no es atendida con urgencia hace peligrar la existencia de medios comunitarios y cooperativos. En este sentido, el legislador apuntó al rol que ocupa en la actualidad el Tribunal de Cuentas ante la falta de resolución para aprobar el expediente para liberar pauta oficial.
Desde todo el arco de sectores políticos de la Legislatura Provincial coincidieron en continuar la discusión en comisión, para atender la demanda de más de mil trabajadores y trabajadoras que realizan su labor como actores sociales activos, garantizan el acceso a la información pública de interés, crean lazos, identidad colectiva y soberanía comunicacional.
Foto de portada: Ezequiel Luque - La Tinta
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